El ajuste más duro de la democracia
Rajoy sube el IVA del 18% al 21% y suprime una paga a los funcionarios El presidente anuncia un recorte de 3.500 millones de euros en la Administración local El Gobierno reducirá su gasto en 600 millones de euros El Ejecutivo anuncia la reducción del 30% de los concejales por tramos de población Rajoy asegura que se ahorrarán 65.000 millones en dos años y medio El nuevo IVA y las medidas que afectan a los funcionarios entrarán en vigor el lunes
Las circunstancias condicionan los hechos. Y estos transforman la realidad. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha desgranado esta mañana en el Congreso un amplio paquete de medidas con severos recortes para funcionarios, parados y dependientes y subidas de impuestos para lograr un ajuste de 65.000 millones de euros en los próximos dos años, según ha explicado el presidente. Este abanico de medidas representa el mayor ajuste de la democracia y cambiarán radicalmente el escenario económico y administrativo del país en los próximos años. A ellas se suman los 27.000 millones que incluían los presupuestos y las medidas adoptadas por el Gobierno a finales de diciembre. También hay que considerar los más de 18.000 millones en disminución de gastos y subidas de ingresos puestos en marcha por las comunidades autónomas. El anterior Ejecutivo, liderado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, recortó 15.000 millones en dos años.
Fuentes del Gobierno aseguran que estas medidas serán aprobadas en el próximo Consejo de Ministros, el viernes, y que entrarán en vigor inmediatamente. La subida del IVA empezará a aplicarse "en los próximos días", indican desde fuentes del Ejecutivo. Para las compras ya realizadas, pero que aún no se han pagado, será la fecha de emisión de la factura la que fije si se ve afectada por el aumento del impuesto. Las medidas que afectan a los funcionarios entrarán en vigor el lunes.
Los Presupuestos de 2012 han quedado en papel mojado en menos de dos semanas tras la batería de medidas avanzadas por Rajoy esta mañana. El Gobierno llevaba semanas estudiando todas las posibilidades para recortar el gasto y subir impuestos para equilibrar las cuentas públicas desbocadas —hasta mayo el déficit del Estado ascendía al 3,41%, casi todo lo previsto para todo el año—. Entre las medidas aprobadas hay un paquete de medidas que afecta a la función pública. Rajoy ha anunciado que suprimirá la paga extraordinaria de Navidad para los funcionarios este año. “La medida se aplicará a los altos cargos de la Administración central, local y autonómica”. El presidente ha pedido que también sea aplicada a los senadores y diputados. La medida supondrá un ahorro de cerca de 5.000 millones de euros.
Los funcionarios podrán recuperar parte de esta paga a partir de 2015 pero no en metálico, sino a través de una aportación al fondo de pensiones. Está por determinar si esta medida de suspender la paga extra será aplicable también en los próximos dos años.
El Gobierno reducirá también los moscosos, los días de libre disposición, a pesar de que el ministro de Hacienda aseguró el pasado lunes que no se tocarían. Además, el Ejecutivo lanza un órdago a los sindicatos al reducir el número de liberados sindicales.
Otra de las medidas más polémicas consiste en la equiparación de la situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores. Esta medida sirve tanto para reducir el gasto de personal como para combatir el absentismo de los trabajadores públicos. Durante los primeros días de baja el Estado complementa el sueldo de los trabajadores hasta el 100% del sueldo a diferencia del sector privado que depende de los convenios de cada empresa.
El presidente también ha precisado que habrá un nuevo recorte en las partidas de gasto de los ministerios de 600 millones de euros en lo que queda de 2012 para reducir subvenciones, gastos corrientes y transferencias. Además, ha avanzado que los Presupuestos de 2013 tendrán una rebaja del 20% en la subvención para partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que se añade a lo recortado en este capítulo en este ejercicio.
El Gobierno también da un fuerte hachazo a las prestaciones sociales. “Se racionalizará el gasto en el sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones”. Además, suprimirá un gran número de bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato para emprendedores o la inserción laboral de los discapacitados.
Respecto a las prestaciones por desempleo, el Gobierno rebaja la cuantía de la percepción por desempleo en 10 puntos a partir del sexto mes como desempleado: Los nuevos receptores verán reducida del 60% al 50% de la base reguladora. El presidente también ha avanzado que planea acelerar la aplicación de factor de sostenibilidad. Es decir, se acelerará el retraso de la edad de jubilación y se endurecerá el tratamiento de la jubilación anticipada.
En el lado de los ingresos. Rajoy ha anunciado una subida del IVA a pesar de que se había opuesto férreamente a adoptar esta decisión. Considera que subir este tributo cuando cae el consumo detrae la economía. Finalmente, sube el impuesto. El tipo general pasa del 18% al 21% y el tipo reducido del 8% al 10%. Esta medida supondrá un ingreso extra de más de 6.000 millones de euros. La última subida del tributo, aprobada por el anterior gobierno socialista en 2010 supuso un ingreso extra de 5.500 millones. El tipo reducido del IVA (10%) se aplica a la mayoría de productos alimenticios, productos sanitarios, transporte terrestre de viajeros y equipajes y aéreo y marítimo y al turismo en general que había reclamado que no se subiera el tributo. También están sujetos a este tipo reducido las entradas a espectáculos culturales (cines, teatros, circos, conciertos, bibliotecas, museos, exposiciones). Está por ver cuando entra en vigor la medida y si finalmente habrá una reforma en la estructura del impuesto: es decir pasar artículos gravados con el tipo reducido (10%) al tipo general (21%).
La subida de los impuestos indirectos irá acompañado, según ha explicado el presidente, con una rebaja de las cotizaciones sociales de dos puntos hasta 2014: un punto en 2013 y otro en 2014. Esta medida supone un alivio para los costes laborales de los empresarios que verán minorados sus gastos.
También se subirán los impuestos vinculados con el medioambiente –“quien contamina paga”, dijo Rajoy-- y otros impuestos indirectos como el del tabaco. El presidente avanzó una nueva medida sobre el impuesto de Sociedades para modificar el pago fraccionado, pese a que en los presupuestos generales presentados a finales de marzo ya se introdujeron varias reformas sobre el tributo. Además, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea el Gobierno eliminará la deducción por compra de vivienda habitual a partir de 2013. Esta deducción en el impuesto sobre la renta supone una carga para las arcas públicas del Estado de cerca de 2.500 millones. Pero como la medida no tiene carácter retroactivo, no afecta a los que se beneficien ya de ella solo a los nuevos compradores, no tendrá un gran impacto en las cuentas públicas.
Respecto a la reforma de la Administración pública, el presidente del Gobierno ha anunciado que reducirá un 30% el número de concejales de los Ayuntamientos en función de los tramos de población. Rajoy ha avanzado que en los próximos días presentará la reforma de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. “Se delimitarán competencias para solucionar el problema de las competencias impropias para que los Ayuntamientos no puedan prestar servicios para los que no se cuentan con la financiación necesaria y se refuerza el papel de las Diputaciones con el fin de centralizar la prestación de servicios”, ha indicado Rajoy, que cifra la medida en 3.500 millones. En el plan de estabilidad financiera 2012-2015 remitido por el Gobierno a Bruselas estima que la “racionalización del número de entidades locales y competencias impropias” supondría un ahorro de cerca de otros 10.500 millones de euros. Además, el presidente ha manifestado que se reforzará el papel del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional. El Ejecutivo también procederá a acelerar la eliminación de empresas públicas locales.
El presidente también ha aludido al esfuerzo que deben realizar las comunidades autónomas. Y ha explicado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra mañana las comunidades deberán aprobar el objetivo de déficit para los dos próximos años, se examinará el cumplimiento de los planes de equilibrio –que contienen ajustes por 18.000 millones para este año- y se pondrá en marcha los hispanobonos, como popularmente se conoce al mecanismo de asistencia financiera para las comunidades puedan afrontar los vencimientos de su deuda bancaria y comercial. Las comunidades que se acojan a esta medida tendrán que asumir nuevas condiciones de consolidación fiscal (más recortes y más impuestos) para las comunidades.
Rajoy ha precisado también que “se llevará a cabo un proceso de liberalización y, en su caso, privatización de los servicios asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario”. Fuentes del Gobierno han explicado que esta medida de llevarse a cabo en las condiciones previstas podría generar un ingreso extra de 30.000 millones de euros.
Por último, el presidente ha aludido a un paquete regulatorio para avanzar en la liberalización de los servicios profesionales y en la clarificación de la normativa para el sector energético que irá acompañado por un nuevo esquema de fiscalidad energética.
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