Acuerdo con los autónomos

El acuerdo alcanzado por el Gobierno y las principales asociaciones de autónomos supone un notable avance en la conformación de un mejor sistema de cotizaciones y prestaciones sociales para un colectivo que, debido a las lagunas existentes, implicaba no solo una merma de los ingresos de la Seguridad Social, sino también una deficiente protección social de un número creciente de trabajadores. La reforma de las cotizaciones no solo estaba comprometida en el marco de las reformas vinculadas al Plan de Recuperación, sino que también contribuye a cumplir las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, tal y como se establecieron en diciembre de 2018 en sus propuestas sobre la protección social de los trabajadores no asalariados.

Las diferencias con la propuesta presentada a principios de año, que no logró el consenso con las asociaciones del sector, apuntan a una mayor progresividad y una moderación de las cotizaciones en los tramos más bajos, de manera que se encuentra en un punto medio entre las pretensiones iniciales del Gobierno y las expectativas de los autónomos que, por tener un mínimo de cotización único para cada tramo de renta, incentivaba cotizaciones muy bajas que se correspondían con prestaciones, llegado el momento, también muy bajas. De promedio, los autónomos tienen un 40% menos de pensión que los trabajadores asalariados y el 85% de los mismos mantiene la cotización mínima.

El cálculo de las cotizaciones sobre los rendimientos netos y no sobre los ingresos es también una decisión adecuada para enfocar el cálculo de la base de cotización. El resultado del esquema que se presenta es una reducción en las cotizaciones obligatorias de los autónomos con menos ingresos y un incremento, articulado en tres años de transición, para los autónomos que más ingresos obtienen de manera mensual. El sistema de flexibilidad planteado permite además adecuar, de manera periódica, las cotizaciones al nivel de ingresos obtenido en un determinado momento, para evitar de esta manera desfases no deseados.

De esta manera, el Gobierno impulsa la resolución de uno de los problemas de nuestro sistema de protección social, que era el inadecuado tratamiento dado a más de tres millones de trabajadores. El recurso a la negociación y al consenso con las asociaciones representativas forma parte de la naturaleza de la reforma, si bien lo hace a costa de reducir la ambición inicial.

Dado el crecimiento del trabajo autónomo —los denominados freelancers— en el marco de la economía digital, asegurar un nivel adecuado de protección social debe considerarse una prioridad y la reforma planteada avanza en la dirección correcta. La propuesta de revisión del sistema en 2026 será clave para seguir avanzando en un sistema de cotizaciones que adecúe su contribución a los ingresos reales. El acuerdo, que será aprobado en el Consejo de Ministros del próximo martes, forma parte también de la estrategia de reformas parciales del sistema de pensiones. Un buen pacto, en definitiva.