Memoria democrática
La ley no inventa la memoria, solo la refrenda. Bien poca cosa es: democracia justa, en el más amplio sentido del adjetivo
Uno de los aciertos de la última reordenación del Prado fue exponer juntos Los fusilamientos del 3 de mayo, de Goya, y el Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, de Antonio Gisbert, en una sala dedicada a la pintura histórica. Aunque falta el Guernica para cerrar la tragedia del ruedo ibérico, hay que tener muy encallecida el alma para no salir de allí con el pecho lleno de orgullos y suspiros democráticos. En el gesto que Gisbert pintó en el general José María de Torrijos se concentra toda la dignidad frustrada y valiente de los españoles que, durante dos siglos, plantaron cara a cada cabeza de la Medusa de la reacción. También recuerda que la memoria democrática no se ha inventado ahora, y que quienes lucharon por una España habitable, pacífica y plural han llorado siempre a sus muertos.
Si algo se le puede reprochar al proyecto de ley de memoria democrática que el pleno del Congreso aprobará la semana que viene es que llega tarde para muchas víctimas que podrían haberse beneficiado de un reconocimiento y una reparación que ya no disfrutarán. No sé si quienes critican la norma se han molestado en leer sus 65 artículos o la exposición de motivos. Sospecho que no, porque he leído comentarios tan disparatados que solo se explican por la ignorancia. Por ejemplo, dicen que dinamita el espíritu de la Transición, pero de la lectura se deduce lo contrario: el proyecto reconoce y recapitula todos los esfuerzos de memoria y reparación que el Estado y la sociedad española han emprendido desde la Ley de Amnistía de 1977 y establece la Constitución de 1978 como el mayor hito democrático, el que hay que preservar. Tanto es así, que propone la celebración del 31 de octubre, fecha de la aprobación parlamentaria del texto constitucional, como día de recuerdo de las víctimas.
No se entiende que una ley tan elemental —que tan solo ordena el trabajo disperso de las últimas décadas y crea herramientas jurídicas para que el Estado cumpla con su función básica de atender a quienes sufrieron la represión de la dictadura— haya costado tanto y siga suscitando tantísimo ruido, cuando la peor crítica que se le puede hacer es que constata un esfuerzo que la democracia española ya ha hecho, siguiendo la estela del cuadro de Torrijos. La ley no inventa la memoria, solo la refrenda. Bien poca cosa es: democracia justa, en el más amplio sentido del adjetivo.
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