El oro no es “del Rin”, sino del crimen

La voracidad por el oro de los conquistadores del siglo XVI los movió a emigrar a tierras americanas buscando rápido y concreto enriquecimiento. Y permitió, por cierto, que la corona hispana tuviera base material para dos siglos de guerras y para financiar espacios fastuosos en la península. De ese encuentro entre dos mundos emergió un continente latinoamericano diezmado en muchos aspectos, pero, a la vez, con la riqueza e identidad propia que hoy tiene.

Las guerras durante el reinado de Felipe II contra Francia, los Países Bajos, el Imperio Otomano e Inglaterra tenían en el oro indiano buena parte de su sustento monetario. Obras físicas como la catedral de Sevilla, con su cantidad exuberante de oro indiano, incluido el fastuoso retablo mayor de Pieter Dancart, no hubieran sido posibles sin el oro de Perú que ingresaba a raudales por el Guadalquivir.

El oro, fuente de dichas y desdichas a lo largo de la historia americana, plantea ahora nuevos retos. La explotación ilegal e informal que se hace en algunos países viene teniendo dramático impacto en un brutal deterioro del medio ambiente, explotación sexual y la generación de impunes estructuras criminales. La zona más golpeada sería la de la región de Madre de Dios, Perú, en la frontera con Bolivia y Brasil, aunque la Red Amazónica de Información Socioambiental ha detectado varias áreas en los países amazónicos afectados.

Esto es particularmente grave en Perú dado el inmenso peso relativo que tiene la minería y, particularmente, la explotación y exportación de oro. Perú es el mayor productor de oro de Latinoamérica y octavo en el mundo; el oro representaba hace poco cerca del 20% de las exportaciones peruanas. Un solvente informe del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Americanos (OEA), publicado recientemente -que lamentablemente no ha tenido el impacto que merecería- describe algunos de los temas más relevantes del drama vinculado al aurum peruvianus.

Esta y otras fuentes de información hace que el comercio internacional está marcado por su falta de transparencia y oscuridad. Destacan cuatro asuntos.

Primero, la enorme brecha entre la producción de oro formalmente registrada y la realmente exportada. Extrañamente, se produce menos de lo que se exporta, raro, ¿no? El 2019, de acuerdo al mencionado informe de la OEA, la brecha alcanzó más de dos millones de onzas de oro exportadas por encima de la producción oficialmente existente. Si entre 2015-2019 se “produjeron” 720 toneladas de oro, cosa curiosa es que se hayan exportado más de 2,200 TM.

Segundo, la demolición del medio ambiente y, particularmente, del bosque amazónico, que viene siendo producida, entre otras fuentes, por una voraz minería informal. Con al menos 250.000 mineros informales que, provistos de mercurio y cianuro, extraen el oro de ríos, riachuelos y quebradas dejando atrás un páramo de desolación y aridez que solo se podrá recuperar luego de varias generaciones.

Tercero, estructuras criminales, sustentadas en su articulación con la urgencia de personas usualmente muy pobres que migran hacia estas zonas por la “fiebre del oro”. Y que carece de capital de trabajo y de redes para la comercialización del oro extraído, Por ello suele acabar siendo el eslabón más débil de organizaciones delincuenciales proveedoras de capital e insumos (mercurio) y que se llevan la parte del león exportando el dorado metal ilegalmente, usualmente a países fronterizos.

Estructuras delincuenciales que, por cierto, imponen en las zonas de explotación ilegal e informal sus propias reglas, articulando su accionar con redes de trata de personas, en particular de explotación de niñas y jóvenes reclutadas, por lo general, en las zonas más pobres de las alturas andinas.

Cuarto, un oscuro y poco transparente comercio internacional y la también oscura interacción entre la explotación ilegal y depredadora del oro con empresas mineras formales. El informe de la OEA da cuenta de la complicidad de empresas “bien establecidas” que, haciéndose de la vista gorda en cuanto al origen del producto, son el medio para la exportación de ese oro de proveniencia ilegal, “ocultando su origen mediante transacciones y documentación falsificada”. Luego lo incluirían dentro de sus exportaciones, como si fuera producción propia.

En este grave escenario de destrucción, crimen e impunidad, la autoridad parce yacer abrumada y superada por la realidad. El principal gremio empresarial minero parecería ser un mero mudo testigo de esta realidad.

Tres retos se plantean a partir de esta realidad desoladora.

De un lado, pasar de la nada a una estrategia de coordinación efectiva entre países vecinos que permita al menos atenuar el tráfico de insumos nefastos como el mercurio, así como la exportación y comercialización ilegal de oro fruto de operaciones también ilegales. Suena particularmente indispensable una articulación entre Perú y Bolivia para una coordinación integral y operacional en intercambio sistemático de información y operaciones conjuntas. Habría que empezar, por ejemplo, en algo tan elemental como la prohibición en Bolivia de la importación del nefasto mercurio, prohibida en Perú pero que ingresa de contrabando desde el país altiplánico.

En segundo lugar, la ineludible responsabilidad de los principales países importadores de oro desde el Perú. Que no deberían continuar poniéndose de perfil ante una situación en la que es evidente que parte del oro que se importa a los cuatro países a los que se exporta más del 90% del oro peruano -Suiza, Canadá, EE UU y la India- podría provenir de fuentes ilegales. Uno de cada tres dólares que ingresan a Suiza por importaciones sin que exista un sistema efectivo de verificación de origen. En el comercio internacional del oro, conocido por su falta de transparencia, son indispensables políticas de seguimiento efectivo del producto desde su origen, sobre la base de cooperación en materia de inteligencia, es absolutamente ineludible.

Por último, una política sostenida y seria de promoción de la formalización de quienes están hoy en la frontera borrosa de informalidad y la ilegalidad. Han fracasado estrepitosamente las fórmulas que se han venido aplicando en el Perú desde hace diez años con un registro de comercializadores y procesadores de oro y otras medidas con normas legales y administrativas abstrusas que han sido completamente inoperantes. Luego de ese lapso, menos del 2% ha completado el proceso de formalización por lo que una revisión a fondo de estrategias y normas sobre la materia no puede esperar.

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