La fiebre del litio despierta los nacionalismos en América Latina

Las perspectivas económicas para América Latina no son estelares. Antes de que la covid-19 azotara, la región ya perdía inercia y organismos multilaterales y analistas advertían que los países tendrían que cambiar sus políticas para impulsar el desarrollo. El litio representa esta oportunidad. Mineral con alta conductividad eléctrica, el litio es elemental para producir las baterías que permitirán al mundo cortar la dependencia a los combustibles fósiles y migrar a energías renovables más limpias. Bolivia tiene las reservas más grandes del mundo. Junto con Argentina y Chile, el “triángulo” conforma el 63% de las reservas en el planeta. Perú y México agregan casi tres millones de toneladas más. El litio es, para los grandes capitales, la estrella más brillante en el mapa latinoamericano.

La transición energética pescó a estos países en un momento de expansión del nacionalismo. En los últimos meses, han brotado esfuerzos porque la producción esté bajo el control del Estado, una dirección que muchos ciudadanos apoyan. Muchos más se oponen en protección del medio ambiente. Al litio lo llaman “oro blanco” por su valor en el mercado y su color plateado claro. En inglés, lo llaman “white oil”, el petróleo blanco, una diferencia sutil pero muy reveladora. Para los latinoamericanos, el litio es un mineral precioso, como lo son el oro y la plata que han sido explotados en su territorio desde la época de la Colonia. Para los extranjeros, en la cultura anglosajona, el mineral es un potenciador, un recurso natural que se transformará en otra cosa, un paso en la cadena de valor.

El precio del mineral en el mercado internacional subió aproximadamente 80% en 2021, según un índice de Bloomberg. Hace solo cuatro años, un análisis, también de Bloomberg, aseguró que más de la mitad de todas las ventas de automóviles en países desarrollados en 2040 serían eléctricos. Pero un estudio más reciente de la consultora KPMG, publicado en noviembre del año pasado, recorta el pronóstico en 10 años. Es decir, ahora se espera que el 52% de las ventas de autos serán eléctricos para 2030. Más de 1.100 ejecutivos de la industria automotriz en 31 países estiman que una “transformación radical” del sector se llevará a cabo en los próximos cinco a 10 años.

El mundo se está moviendo rápidamente en esta dirección y la necesidad de producción de litio se siente muy urgente, como si la ventana de oportunidad tuviera una fecha de expiración. En Chile, han sido las inversiones privadas las que por años han extraído y producido el mineral para su exportación. El Gobierno de Sebastián Piñera, quien sale del poder el 11 de marzo, anunció el mes pasado la adjudicación de dos cuotas de producción de 80.000 toneladas de litio a dos empresas, una de capital chino y otra de capital chileno. El anuncio fue controvertido, ya que el presidente electo, Gabriel Boric, ganó la elección con un plan para crear una empresa nacional del litio e implementar una “nueva gobernanza” de los salares que contienen las reservas del mineral. Boric también prometió que todas las comunidades en Chile, sin importar su ubicación, tendrían acceso a agua, un recurso necesario para la minería. Las adjudicaciones se encuentran ahora en un limbo legal, después de que una corte de apelaciones suspendió los contratos.

Además, el modelo actual pudiera ver un revés. El 1 de febrero, Chile tomó un paso inicial hacia la nacionalización de algunas de las minas de cobre y litio más grandes del mundo, cuando el Congreso aprobó en primera instancia una propuesta para darle el control al Estado. El voto formó parte del proceso de redacción de una nueva Constitución. Actualmente, la Constitución prohíbe la nacionalización de estos recursos.

En México, en donde las reservas tienen el potencial de ser mayores a los 1,7 millones de toneladas que el Servicio Geológico de Estados Unidos contabiliza, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto algo similar. Como parte de una iniciativa de ley para reformar el sector energético, López Obrador planea nacionalizar el litio y crear una institución del Estado a cargo de su procesamiento. A diferencia de Chile, en México la producción de litio se ha limitado a un solo contrato con una empresa china, la cual, hasta la fecha, no ha extraído ni un gramo de carbonato de litio. Expertos apuntan a que el Gobierno no tiene los recursos para abrir semejante empresa del Estado. México se encuentra, por lo tanto, en otro tipo de limbo.

El Gobierno de Pedro Castillo, en Perú, busca modificar un contrato con la canadiense American Lithium Corp de manera que el mineral se exporte con un valor agregado, según informó un congresista aliado del presidente a medios de ese país. Es decir, El Estado quiere que las empresas en Perú no solo extraigan y refinen el litio para ser materia prima de exportación, sino que inviertan en fábricas para transformarlo en un producto con mayor valor de mercado, generando más empleos, mejor pagados.

Argentina es, hasta cierto punto, la excepción. Ahí, los derechos de exploración los tienen las provincias y la Administración del presidente Alberto Fernández ha buscado promover las reservas del país a nivel mundial. Fernández se propuso en 2020 aumentar la producción anual de carbonato de litio en 700% hasta alcanzar 230.000 toneladas para finales de este año. Esto requerirá una inversión de más de 1.000 millones de dólares por parte de empresas privadas. Durante una visita de Fernández a China la semana pasada, funcionarios de su Gobierno dijeron a medios en el país que Argentina negocia con el país asiático una nueva inversión, incluyendo planes para montar una fábrica de baterías.

La joya de la corona

Mientras Argentina se apresura, Bolivia se toma su tiempo. Por el tamaño incomparable de sus reservas, este es el país que más entusiasma a los inversores, pero, en su historia reciente, el mineral ha generado ya conflictos. En 2019, el presidente Evo Morales anunció que la empresa alemana ACI Systems invertiría cerca de 1.300 millones de dólares para explotar gran parte de las reservas de litio. Semanas después, una fuerte crisis política en el país paralizó las negociaciones, y Morales se vio forzado a huir del país.

En julio de 2020, un usuario en Twitter reprochó a Elon Musk, director de Tesla Motors, cuya empresa lidera la fabricación de vehículos eléctricos a nivel mundial, que los “EE UU organizaron un golpe de Estado en Bolivia” para que Musk tuviera acceso al litio del país. Musk respondió: “¡Nosotros haremos golpe de Estado a quien queramos! ¡Acéptenlo!”. Ya no existe registro del tuit de Musk, más que las capturas de pantallas en notas periodísticas. El empresario le dio a Morales el gancho perfecto para relacionar el control del litio con su derrocamiento. El año pasado, durante una visita a México, el expresidente defendió que el mineral “debe estar en manos los Estados, no del sector privado”. “Decidimos, como Estado industrializar el litio. Contratamos expertos... y empezamos la gran industria y ahí viene el golpe del Estado. Congresistas americanos reconocen que el golpe de Estado fue por el litio”, dijo en unas declaraciones en las que también acusó a Tesla.

En noviembre de 2020, Luis Arce, aliado de Morales, llegó a la presidencia de Bolivia, y arrancó un proceso diferente al de su predecesor. Primero, organizó un evento público, una especie de feria, para atraer empresas nacionales y extranjeras interesadas en invertir. Después, se eligieron ocho empresas originarias de EE UU, China, Rusia y Argentina a las que se les permitió realizar pruebas piloto de la tecnología de extracción. En abril, se espera que un grupo técnico de la empresa del estado Yacimientos de Litio Bolivianos emita una opinión sobre qué compañías deben recibir contratos. Entre los factores a considerar están su porcentaje de recuperación del mineral, su impacto ambiental y el plan de protección de las comunidades, explica Diego Von Vacano, profesor de la universidad Texas A&M en Estados Unidos y asesor informal del Gobierno de Luis Arce.

El grupo técnico es independiente, dice Von Vacano, y se conforma de profesionales en la materia, dos mujeres de origen indígena y dos hombres. El litio que se obtiene en salmuera, como el de Bolivia, tiene un impacto menor en el medio ambiente, que aquel que se debe minar de sedimentos sólidos, como el de México. Sin embargo, sigue siendo minería, lo cual afecta al ecosistema. “Los errores que se han cometido, por ejemplo, los daños al medio ambiente que se han visto en Chile, esos Bolivia no los quiere repetir”, asegura Von Vacano.

Vida en el desierto

“A lo largo de la historia del colonialismo y, específicamente cuando se habla de minería, la literatura suele describir a las minas como paisajes muertos o deshabitados, como que no hay vida allí, este concepto que en latín se llama terra nullius, es decir, tierra de nadie”, dice Thea Riofrancos, profesora asociada de Ciencias Políticas en Providence College, Rhode Island, en EE UU. “Pero no es así”, apunta. Riofrancos recuerda la primera vez que visitó las reservas de Chile, en 2019. “Me asombró el desierto, en muchas maneras”, dice la académica, becaria de la Corporación Carnegie, “el salar es como una extensión blanca grisácea que ves hacia el horizonte y parece nunca terminar. También están los flamencos, y, si tienes suerte, puedes ver hermosas aves de rapiña”.

El desierto de Atacama en Chile es hiperárido y tiene altos niveles de radiación ultravioleta. Es, en palabras de un grupo de académicos, “uno de los entornos más duros de la Tierra” que podría contener la clave para que el mundo aprenda a sobrevivir con el calentamiento global. En un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America en noviembre, un grupo de 27 científicos abogan por preservar el desierto para llevar a cabo investigación científica. “Atacama como un laboratorio natural es inigualable para estudiar la adaptación de las plantas a condiciones ambientales extremas”, apuntan.

Históricamente, el sur ha proporcionado materias primas a la economía global, sin que sus poblaciones se beneficien de ello, opina Riofrancos. “El caso de Bolivia es sumamente dramático por los orígenes del imperialismo español en las minas de Potosí”, dice la investigadora. “El país ha proporcionado al mundo minerales desde plata hasta estaño, también gas natural y agroexportaciones y el potencial ahora es el litio”.

Quizás es por eso que la Administración de Arce maneja con discreción los avances del programa piloto. El Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia no respondió a preguntas de EL PAÍS sobre el potencial estimado de esta industria en términos de producto interno bruto. Los réditos estarán sujetos a las fluctuaciones del precio en los mercados internacionales, por lo que en Argentina y en Bolivia ya se habla de crear un cártel del litio similar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la cual impone cuotas de producción para prevenir que el precio del petróleo se desplome.

“Estamos en contra del reloj,“ dice Von Vacano. El especialista asegura que “es urgente que se impulse el litio más rápidamente” porque los inversores mirarán a otros países para invertir. Los réditos se pueden invertir como se hace en Noruega o en Qatar, sugiere Von Vacano, en los ciudadanos. “Esto puede ser muy positivo. Puede ser un modelo de regalías que beneficie a las regiones de Potosí, de Uyuni, entre otras, pero también al resto del país. Este es el dinero que se puede usar en sistemas educativos, o de salud. Pudiera transformar al país de manera completa”.

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