La inmersión lingüística, la izquierda y la ley del más fuerte

La defensa de una parte de la izquierda del sistema de exclusión del castellano en la enseñanza en Cataluña forma parte del más bello espectáculo del mundo: la disonancia cognitiva. Que los alumnos puedan estudiar unas horas en castellano sería una causa inequívocamente de izquierdas si no se hubieran introducido elementos de confusión basados en falacias y posicionamiento sectario.

En los primeros años de la democracia se reivindicaba la presencia de lenguas cooficiales en la enseñanza porque eran la lengua materna de muchos alumnos. Un informe de la ONU señala que la enseñanza en la lengua de la minoría, combinada con el idioma oficial, “es más rentable a largo plazo, reduce las tasas de abandono escolar y repetición de curso, conlleva unos resultados académicos notablemente mejores, en particular entre las niñas; mejora los niveles de alfabetización y la fluidez tanto en el idioma materno como en el oficial o mayoritario; genera un aumento de la participación y el apoyo de la familia y la comunidad”. No ocurre con el castellano, parece. Olivas, Rama y Santana han mostrado que la mayoría de la población catalana se inclina por un modelo mixto con más de una lengua vehicular. No importa.

La exclusión tiene un componente de clase y lo refuerza. Aunque algunos hayan defendido el modelo pensando que potenciaría la integración, no ha cumplido ese objetivo. Se intuía hace tiempo: un estudio de la fundación Jaume Bofill de 2009 revelaba la disparidad de resultados entre los alumnos según la lengua hablada en casa. Calero y Choi han mostrado que el sistema perjudica sobre todo a los varones hispanoparlantes. También han señalado, a partir del Informe PISA 2015, que los hablantes de castellano obtenían peores resultados que los catalanoparlantes. Es la comunidad donde más alumnos hispanoamericanos no se sienten integrados en la escuela; la tasa triplica las de Madrid, Aragón o Navarra. Otro elemento de clase es que muchas familias castellanoparlantes no pueden permitirse una enseñanza privada para evitar el sistema, a diferencia de muchos defensores de este modelo.

La disonancia cognitiva obliga a buscar fórmulas imaginativas: así, es un problema que no existe (algo que exige borrar a las familias que protestan) o que no deben resolver los tribunales (aunque la cuestión central es que no se respeta la legalidad). Quien pide que no se apliquen las normas democráticas acepta que impere la ley del más fuerte. @gascondaniel