El PP y la Constitución

El 12 de junio expira el plazo para relevar a cuatro miembros del Tribunal Constitucional. El nombramiento de dos de los magistrados corresponde al Ejecutivo, y otros dos, al Consejo General del Poder Judicial. Con el actual mandato caducado desde diciembre de 2018 (ya va para tres años y medio), el Consejo no podrá nombrarlos por tener sus funciones limitadas. Y si no se renueva el CGPJ antes del 12 de junio, el Tribunal Constitucional incrementará un poco más todavía la grave irregularidad en la que vive la cúpula judicial del país. En octubre del año pasado era el propio Tribunal Supremo el que juzgaba “insostenible” la situación, con vacantes en varias de sus salas y nuevas jubilaciones a lo largo de este año 2022. El cálculo que ofrecía hace seis meses pronosticaba unas 1.000 sentencias menos, sumadas las cinco salas del Supremo, y el creciente acercamiento de varias de ellas al colapso, además de sustanciales retrasos en las respuestas a cuestiones de fondo o las decisiones de inadmisión. Es doctrina del Constitucional que una justicia tardía no es justicia.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció el miércoles la intención del Gobierno de nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden, como medida de presión sobre el PP para que acometa la renovación inaplazable del CGPJ y, por tanto, también la del Constitucional, pese a la resistencia de su sector conservador a aceptarlo. Mantener el bloqueo por parte del PP roza la afrenta ante la sociedad civil que cree, o quiere creer, en el respeto de los políticos hacia sus más altas instituciones. Por muchos años que pasen, y pronto serán cuatro, no hay manera de acostumbrarse a esta aberración política y jurídica. La decisión política del PP de impedir la renovación del Poder Judicial degrada sin paliativos su papel de partido de Estado: no puede serlo para unas cosas y no para otras, y menos aún cuando el recurso a los tribunales ha sido parte de la estrategia política más habitual del PP cuando una ley —como el Estatuto de Cataluña o la ley del aborto, por ejemplo— no encajaba en su visión de las cosas. La apelación a los poderes del Estado sin cumplir con los deberes que la Constitución le pone somete a una contradicción crónica al gran partido de la derecha española.

El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no acaba de dar un paso real hacia la renovación de la cúpula judicial. La excusa esta vez es la campaña de las elecciones andaluzas. Pero la renovación de las instituciones no tiene carácter partidista ni debe obedecer a los intereses particulares de ninguna fuerza política, salvo que, con un cálculo cortoplacista, se tema que cumplir con los deberes constitucionales reste posibilidades electorales propias o sume en el campo contrario. Solo esa interpretación puede explicar que el nuevo presidente popular no asuma como urgente un deber constitucional que su antecesor dejó pendiente y que regala a su partido una mayoría conservadora en el CGPJ que no le corresponde, algo más propio de regímenes iliberales que de democracias como la nuestra. Asumir ese deber tendría el efecto secundario de dejar en su sitio a una ultraderecha que dispara en público y en privado contra principios constitucionales básicos.