El PP deja en el aire la renovación del Poder Judicial antes de que caduque el mandato del Constitucional

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es una prioridad en la actual coyuntura, a pesar de que el órgano de gobierno de los jueces arrastra un mandato caducado desde diciembre de 2018, lo que supone una de las principales anomalías institucionales de la política española. Por ese motivo, aunque el PP ha retomado las conversaciones con el Ejecutivo para renovar el Poder Judicial, su líder deja en el aire que el acuerdo se cierre antes del 12 de junio, como le pidió el Gobierno. Ese día vencen los nueve años de mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (dos que corresponde nombrar al Gobierno y dos al Consejo del Poder Judicial), por lo que, si se rebasa el plazo, el Constitucional volverá a quedar con 4 de sus 12 miembros en funciones. El PP no tiene prisa por cerrar el acuerdo —la no renovación supondría, además, mantener la actual mayoría conservadora del tribunal de garantías—. Fuentes de Génova inciden en que “la prioridad es que el pacto sea bueno”, por lo que “el PP no se compromete a hacerlo antes del 12 de junio”. “Se hará con el tiempo que nos lleve”, avisan en el partido.

De los cuatro magistrados que terminan su mandato, tres pertenecen al sector conservador (Antonio Narváez, Santiago Martínez-Vares y Pedro García-Trevijano) y uno al progresista (Juan Antonio Xiol). La próxima renovación dará la vuelta previsiblemente a este escenario: los progresistas podrían sumar los dos miembros que designe al Gobierno y uno de los nombrados por el CGPJ, mientras que el otro sería propuesto, en principio, por el PP. Pero para hacer esta renovación tiene que desbloquearse previamente la del Poder Judicial, ya que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en marzo de 2021 impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos discrecionales cuando, como ocurre ahora, tenga el mandato caducado.

El Gobierno ha estudiado varias opciones, como introducir en la LOPJ un cambio que permita al Ejecutivo proponer a sus dos candidatos al Constitucional y dejar pendientes los correspondientes del CGPJ, pero de momento apuesta por renovar cuanto antes el órgano de gobierno de los jueces para propiciar también el del Constitucional. Este tribunal tiene a su vez sobre la mesa un recurso contra la ley que vetó los nombramientos al Poder Judicial mientras tenga el mandato caducado y que, en caso de que diera la razón a los recurrentes (PP y Vox), permitirá al CGPJ nombrar a sus dos magistrados del Constitucional.

Feijóo se ha comprometido con Pedro Sánchez a renovar el Poder Judicial, algo que no quiso hacer en más de tres años su predecesor, Pablo Casado, pero otra cosa son los tiempos. El líder del PP considera que la renovación no es prioritaria en este contexto de crisis “económica, social e institucional”. “Hemos retomado conversaciones, pero ¿las prioridades de nuestro país son llegar a junio con un acuerdo? La prioridad debería ser que el Gobierno se ponga de acuerdo consigo mismo”, inciden fuentes próximas al presidente popular.

Antes de sentarse con el Gobierno, el PP ha decidido escuchar a las asociaciones judiciales. El 18 de mayo está programada la última reunión, con la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), así que como mínimo el pacto no llegará antes de esa fecha. El problema es que entonces quedará un mes para las elecciones andaluzas del 19 de junio. El PP, oficialmente, asegura que los comicios no van a condicionar el acuerdo del Poder Judicial, pero fuentes de la dirección reconocen que al partido no le interesa un acuerdo con el PSOE antes de ir a las urnas. Los socialistas, por su parte, están convencidos de que la renovación se pospondrá como mínimo a después de las andaluzas, según fuentes de su cúpula. La realidad es que el PP tampoco tiene prisa en acelerar la renovación del CGPJ. Además de perder la mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces, previsiblemente dejaría de tenerla también en el Constitucional, donde hay pendiente decidir temas de gran trascendencia como el recurso a la ley del aborto.

Además de todos los condicionantes, la crisis por el caso Pegasus dificulta un acuerdo. Feijóo compareció el miércoles en Santiago en términos muy duros contra el Ejecutivo, al que acusó de “erosionar la democracia” por el escándalo del espionaje y de provocar “una crisis de Estado”. Poco antes, en la sesión de control en el Congreso, el presidente había calificado al partido de “mangante”. A pesar de la tensión, el líder del PP no rompió los puentes y sostuvo, con relación al CGPJ, que las conversaciones deben continuar “con la tranquilidad, el rigor y la seriedad que necesitan estos casos”, aunque en su dirección reconocen que en esta coyuntura pactar con el PSOE se ha complicado. “El PP no puede retratarse ahora con el Gobierno”, admiten fuentes de la cúpula popular, que avisan: “Esto dificulta la relación. El PP necesita que el PSOE se comporte como un partido de Estado para llegar a acuerdos de Estado”.