La justicia europea pide explicaciones al Gobierno sobre la falta de renovación del Poder Judicial

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha requerido al Gobierno español para que formule alegaciones ante la denuncia que han presentado seis magistrados por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 2018. Todos ellos formularon en octubre último una demanda ante la justicia europea exponiendo que se están vulnerando derechos de los propios jueces y que la inactividad de las Cortes Generales sobre este asunto obedece a “razones e intereses meramente políticos”.

En concreto, la denuncia planteada ante el Tribunal de Estrasburgo se basa en que en 2018 se remitió al Parlamento el listado de los 50 jueces en activo que se presentaban como candidatos para ejercer como vocales en un Consejo del Poder Judicial renovado. Ante la falta de avance en el proceso para acordar este relevo, acudieron posteriormente al Tribunal Constitucional, por la vía de un recurso de amparo. El órgano de garantías rechazó de plano este recurso, por considerar que se había presentado fuera de plazo.

Lo que la justicia europea estudia, por tanto, es si a lo largo del proceso emprendido por dichos magistrados para defender la efectividad de sus candidaturas, y con ellas la renovación del órgano de gobierno de los jueces, se han vulnerado sus derechos fundamentales, a tenor de los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se trata de dos preceptos relativos a la garantía de acceso a procedimientos judiciales en plazos razonables.

Ante la iniciativa de los recurrentes —todos ellos pertenecientes a la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV)—, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha requerido al Gobierno para que presente una exposición de hechos junto con sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la denuncia presentada. Los magistrados que han acudido ante el Tribunal de Estrasburgo consideran que, entre otros, se han vulnerado sus derechos de acceso a cargo público, establecido en el artículo 23 de la Constitución.

La Asociación Francisco de Vitoria estima, a su vez, que “el hecho de que el máximo tribunal de garantías no entrara siquiera a examinar el asunto por una razón formal obligó a los magistrados a acudir ante el TEDH, que examinará también la actuación del Tribunal Constitucional en este caso”. El portavoz de la asociación judicial, Jorge Fernández Vaquero, ha manifestado al respecto que “los vicios del sistema actual son los que han causado el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por parte de los partidos”.

Fernández Vaquero estima que si bien España “es un Estado de derecho pleno”, existen “determinadas grietas en el sistema institucional que se están agrandando en los últimos tiempos”, entre las que destaca “el proceso de elección” del órgano de gobierno de los jueces. De ahí la presentación de la denuncia, con el propósito de que “con esta demanda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda corregir alguno de estos defectos”, como el que permite que una renovación que debió producirse en 2018 siga pendiente en 2022.