Madres protectoras o la privatización de la justicia

Las peores formas de privatización son las que no se ven ni se declaran. Ponen lo que es de todos al servicio de un interés particular. Lo que debe proteger de los abusos del poder se convierte en una herramienta para realizar esos abusos. Algunas formas de esta privatización ilícita —es decir, corrupción— se hacen a escondidas: por ejemplo, los intentos de obstaculizar las investigaciones sobre la Gürtel. De otras hasta se presume. Escandalizarse porque las cuentas institucionales en las redes sociales hagan propaganda política parece anacrónico. Pero incluso a quien desprecia el decoro debería preocuparle que, al ver lo que se hace a pleno sol, se extienda la sospecha sobre lo que no se ve. En Cataluña admitimos que el imperio de la ley no rija, y quienes más creen en el Estado —en sus leyes, en sus procesos democráticos— son quienes más pueden quejarse de que les ha abandonado.

Pero como mejor funciona la privatización es cuando se identifica con una causa noble. Esa causa, cuando se convierte en un dogma, justifica que los periodistas no contrasten, que los procedimientos se desprecien y que las cautelas deontológicas o democráticas se suspendan. Permite también la interferencia en la justicia. Es lo que ha ocurrido en el caso del indulto a María Sevilla, exasesora de Podemos y expresidenta de la asociación oximorónicamente denominada Infancia Libre, condenada por sustracción de menores a dos años y cuatro meses de cárcel y cuatro años sin patria potestad. Al conmutar la pérdida de patria potestad por 180 días de trabajo comunitario, el Ejecutivo hizo algo legalmente muy discutible: el indulto afectaba a una tercera persona. Según la ministra de Igualdad, el indulto a una secuestradora era una victoria del feminismo. Era una madre protectora criminalizada a base de sospechas, decía, cuando había una sentencia firme y unos hechos probados. La ministra extendía sospechas sobre el padre; una periodista lo acusó en la televisión pública, sin pruebas, de abusos. El Gobierno en su conjunto es responsable de la medida; una ministra celebra la decisión negando el delito. La medida tiene algo de autoindulto y, como ha escrito Rafael Latorre, es “furiosamente antidemocrática”. Nadie a quien le importe el feminismo debería permitir que se use de ese modo. Y nadie a quien le importen el Estado de derecho y la protección del menor debería celebrarlo. @gascondaniel