Villarejo, sobre Rajoy: “Hay que controlar a Correa, tiene información del Barbas”
El comisario hizo de agente doble en el caso Gürtel para proteger a la vez al PP y al cabecilla de la red corrupta
El comisario José Manuel Villarejo maniobró para obstaculizar la investigación del caso Gürtel, una extensa trama de corrupción que afectó a numerosas instituciones gobernadas por el PP entre 1999 y 2009. La sentencia que condenó a la formación conservadora como partícipe a título lucrativo provocó una moción de censura que sacó del Gobierno a Mariano Rajoy e hizo presidente al socialista Pedro Sánchez.
La intervención de Villarejo para influir en el proceso judicial abierto por el caso Gürtel se produjo, al menos, desde junio de 2009, según la conversación que él mismo grabó con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, en su despacho de la sede de Génova, 13. El policía presumió en esa cita de haber alertado a dirigentes del PP sobre la investigación secreta y de haber intentado que el pendrive que ocultaba el contable de la trama con los sobornos a políticos no saliera a la luz.
Otras grabaciones de Villarejo cinco años después con distintos protagonistas de aquel escándalo, incautadas por la policía y a las que ahora han tenido acceso EL PAÍS y el diario digital Fuentes Informadas, destapan el papel de agente doble que desempeñó el comisario. Por un lado, Villarejo asesoraba al Gobierno del PP sobre la necesidad de hacer determinados movimientos para obstaculizar la investigación judicial, intentar anular todo el sumario o simplemente minimizar daños. De otro lado, acordaba con uno de los principales abogados de los imputados, Ignacio Peláez (fallecido en 2017), poner en marcha iniciativas para reducir las penas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, a cambio de que este facilitase información incriminatoria contra Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar; Francisco Álvarez Cascos, exministro de Fomento; o Luis Bárcenas, tesorero del PP.
El caso Gürtel comenzó a investigarse en agosto de 2008 en el juzgado que dirigía Baltasar Garzón. Las primeras detenciones se produjeron en febrero de 2009 y, tras cinco años de instrucción, el magistrado que sustituyó a Garzón, Pablo Ruz, dio por concluida la investigación con el procesamiento de casi 40 personas, entre ellas los tres últimos extesoreros del PP, y numerosos cargos autonómicos y municipales.
El 22 de agosto de 2014. Tres semanas después de que finalizase la instrucción del caso, el comisario José Manuel Villarejo se reunió con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para ponerle al día de distintos asuntos, entre ellos, el caso Gürtel, que afectaba al partido del Gobierno. Martínez declaró en sede judicial que se reunía con Villarejo por orden del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
La Fiscalía Anticorrupción investigó el “proyecto SMP”, por el que supuestamente Villarejo había contratado con un abogado de varios imputados del caso Gürtel un “proyecto de estrategia jurídica con el objetivo prioritario de evaluar la posibilidad de la anulación total de las actuaciones del Sumario Gürtel”.
La documentación incautada a Villarejo fijaba como coste medio de ese trabajo 15 millones de euros, cantidad similar a la que comenta el comisario en su conversación con el secretario de Estado de Seguridad.
Pero la Fiscalía concluyó su investigación señalando que nunca se pudo acreditar que los honorarios fueran aceptados por el cliente, supuestamente el abogado Ignacio Peláez, ni tampoco constan ingresos en la empresa Cenyt de Villarejo que pudieran ser atribuidos a ese proyecto SMP.
En las agendas de Villarejo se recogen sus gestiones en aquellos días para buscar un abogado a Correa, porque quien lo defendió durante años lo abandonó por impago. A Correa le asignaron un abogado de oficio sin aparente relación con Villarejo.
Año y medio después de la cita del comisario con el número dos de Interior, el abogado Ignacio Peláez quedó a comer con Villarejo para tratar, entre otros asuntos, sobre el futuro judicial de Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta que se enfrenta a una altísima petición de penas por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
El juicio estaba fijado para seis meses después, y Peláez estudió con Villarejo cómo convencer al fiscal jefe anticorrupción para que aceptase un acuerdo con Correa para intentar reducir su condena a cambio de facilitar información sobre dirigentes nacionales del PP.
(...) Lo que yo quiero es, tú, macho, tú lo puedes hacer, tío, y ya no te digo José Luis [Olivera], que habléis con el hijo de puta de Salinas y que dé el ok, tío. Porque sé que conforman todos. Todos los putos imputados, que son 30 o 40 de Gürtel, se conforman, macho, o sea, no hay juicio.
(...) Entonces, lo que yo pretendo es que consigáis que el Salinas dé el okay.
Correa intentó, en los días previos a la celebración del juicio, un acuerdo con la Fiscalía a cambio de confesar los delitos, implicando a numerosos dirigentes políticos. Pero Anticorrupción no aceptó el trato y el tribunal condenó al cabecilla de la red Gürtel a 51 años de prisión.
Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, y Francisco Álvarez-Cascos, exministro de Fomento, no fueron imputados en la causa. En el caso de Álvarez-Cascos, la investigación descubrió amaño de contratos en AENA, departamento dependiente del Ministerio de Hacienda, y fueron imputados y condenados varios directivos.
El extesorero Luis Bárcenas fue condenado a 33 años de cárcel. En unas grabaciones que se incorporaron al sumario, Correa aseguraba que había llevado 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) a la casa de Bárcenas, y que sabía cómo el extesorero había sacado el dinero de España para ocultarlo en paraísos fiscales.
El expresidente Mariano Rajoy compareció en el juicio principal del caso Gürtel como testigo y en su declaración negó la existencia de una caja b en el PP. La sentencia consideró de escasa credibilidad el testimonio de Rajoy y otros dirigentes populares: “Su testimonio no aparece como suficientemente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja b del partido. En palabras del ministerio fiscal: “No son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente prueba”.