El Gobierno concede el indulto parcial a María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre

El Gobierno ha concedido el indulto parcial a María Sevilla, la expresidenta de la asociación Infancia Libre, que fue condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores y a la retirada de cuatro años de la patria potestad de su hijo, que ahora tiene 14. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles un Real Decreto mediante el cual el Ejecutivo reduce la pena a dos años de prisión (lo que la exime de ser encarcelada) y cambia la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, condicionado todo ello a que Sevilla no vuelva a cometer un delito doloso en el plazo de cuatro años a contar desde hoy.

Sevilla fue detenida en marzo de 2019 en una finca de Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, por haber retenido durante más de un año a su hijo, al que mantuvo oculto para no entregárselo al padre. La mujer argumentó que lo hizo para protegerlo de los abusos sexuales que atribuía a su padre. Las causas judiciales por estos hechos se han cerrado y el padre acusa a Sevilla de mentir.

En febrero, después de que su condena fuera ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sevilla ingresó en un centro de inserción social (establecimientos penitenciarios para reclusos que cumplen la pena en régimen abierto o que están en procesos de reinserción). Su petición de la medida de gracia al Gobierno había recibido el apoyo de 181 colectivos sociales y feministas. El indulto parcial reduce ahora la pena de prisión a dos años, que es el límite hasta el cual los tribunales habitualmente evitan que un condenado ingrese en la cárcel. Por tanto, el indulto abre la puerta a esta vía. El juzgado madrileño que la sentenció se había mostrado favorable a que se rebajara su pena de cárcel, y también la Fiscalía, que pidió, sin embargo, no rebajar la parte de la condena que reducía la patria potestad, advirtiendo del riesgo de “fomentar actuaciones similares”.

El caso se remonta a 2012, cuando el ministerio público abrió una investigación después de que la mujer dijera, en el seno del proceso de familia que debía dirimir la custodia del niño, que este le había contado que había sufrido abusos por parte del padre. Los procedimientos por abusos fueron sobreseídos, si bien Sevilla contaba el pasado enero que está pendiente de un recurso al Tribunal Constitucional, ante el que alegó que la declaración del niño no se hizo con las debidas garantías.

La custodia le fue adjudicada a la mujer en 2016, con un régimen de visitas para el padre en fines de semana alternos. Sevilla no cumplió, sin embargo, dicho régimen de visitas. En diciembre de 2017, la justicia le concedió la custodia al progenitor después de que la madre se hubiera llevado al niño de Madrid a Granada. Y en diciembre de 2020 fue condenada por no entregar al niño y permanecer en paradero desconocido “mudando su residencia y la del menor por diferentes puntos de España”.

Denuncias de otros padres

Después de su detención, trascendieron los casos de otras tres madres vinculadas a Infancia Libre —asociación de defensa de los derechos de los menores—, que fueron detenidas o llamadas a declarar en el marco de una investigación tras las denuncias de los padres, que afirmaban que habían retenido a sus hijos y que los habían acusado falsamente de abusos sexuales apoyándose en informes elaborados por los mismos profesionales. La Policía Nacional llegó a acusar a esta entidad de “organización criminal”, pero la Fiscalía Provincial de Madrid archivó la causa, al no apreciar datos objetivos que asegurasen que funcionaba como organización ilícita.

Sevilla ha mantenido siempre que intentó proteger a su hijo. Días antes de ingresar en el centro penitenciario, la mujer afirmó en una rueda de prensa junto a organizaciones feministas que reclamaban su indulto: “Lo cierto es que cada vez que hemos pedido que se proteja a mi hijo y que hemos pedido ayuda o auxilio judicial se nos ha denegado y se nos ha castigado y machacado por pedirla”.

Las entidades que pidieron el indulto de Sevilla, entre las que figuran la asociación de Mujeres Juristas Themis, cargan contra la falta de credibilidad que se da a quienes denuncian abusos a menores y contra la “criminalización de las madres protectoras”. Apoyan sus argumentos con el duro reproche lanzado a España recientemente por un grupo de expertos independientes de la ONU, que considera que el sistema judicial no protege lo suficiente a los menores de “padres abusivos”. La respuesta oficial de España a este procedimiento fue que “no puede admitirse” que “errores aislados” puedan derivar en una “conclusión general”.