Alarmantes movimientos en Brasil

Cuando un jefe de Estado emprende frontalmente contra el Poder Judicial, suele ser porque algo gordo se viene contra la independencia de la justicia. Viene ocurriendo en Europa: en Hungría y, especialmente, en Polonia en los últimos cinco años. Mientras la guerra contra Ucrania concentra toda la atención, la justicia sigue bajo ataque sostenido en ambos países europeos.

Esa “marea negra” llega —¡cuándo no!— a nuestra región. Los zarpazos más cercanos en el tiempo están en Centroamérica y a ello ya me he referido en este periódico.

Me he referido a esta problemática en estas páginas. Por ejemplo, sobre El Salvador con el ataque del presidente Nayib Bukele a la independencia judicial y la destitución arbitraria del Tribunal Constitucional y del Fiscal General (Demoliendo la independencia judicial y Sometiendo a la justicia: ‘urbi et orbi).

En Guatemala, por su lado, dentro de un cuadro de sistemáticos ataques y amenazas a jueces y fiscales que investigaban casos de corrupción, varios jueces/zas y fiscales han tenido que dejar su país. La jueza Erika Aifán, actuante en varios casos anticorrupción “pesados”, se ha visto forzada a renunciar y a exiliarse en los EE UU.

En el país más grande y poblado de la región —Brasil— el Gobierno parece no querer quedarse atrás en socavar la independencia judicial. Amenaza simultáneamente la función del Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema) y, en el camino, nada menos que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), institución fundamental para garantizar la transparencia del voto en las elecciones presidenciales de octubre.

Dos hechos preocupantes, concatenados, han generado la protesta de la comunidad democrática brasilera, en general, y jurídica, en particular.

Primero, el indulto presidencial exprés, luego de la condena penal a un diputado federal oficialista, Daniel Silveira, acusado por el Fiscal General y luego condenado por el STF, el reciente 21 de abril, por graves delitos. La condena a ocho años y nueve meses de prisión fue por los sistemáticos ataques, incluidas amenazas de violencia, contra el libre ejercicio de la función judicial y algunos de sus magistrados. En ese proceso, y en lo expresado particularmente por el magistrado Alexandre de Moraes en su voto, pesaron “serias amenazas a la justicia y a sus miembros” perpetradas por Silveira.

No había terminado de dictarse esa sentencia contra Silveira el 21 de abril y a las pocas horas el presidente Jair Bolsonaro dictó un decreto presidencial indultando al diputado condenado por la justicia. Decreto que, según los análisis de la abrumadora mayoría de juristas independientes de Brasil consultados —que califica de “usurpación de funciones” ese decreto presidencial— excede las facultades presidenciales. Ello porque se basa en una disposición del antiguo Código Procesal Penal de 1941 dejada sin efecto por el Código de Ejecución Penal de 1984.

Segundo, la posterior arremetida del presidente Bolsonaro contra el STF y, en particular, contra su magistrado, de Moraes, cuyo voto había sido relevante en la condena de Silveira. Pero no solo eso: de Moraes es nada menos que el relator en la Corte Suprema en el caso que allí se ventila contra el presidente Bolsonaro por los ataques sistemáticos a través de las redes sociales contra el sistema electoral brasilero. Allí está, acaso, la “madre del cordero” de acuerdo a diversos analistas que he consultado: las elecciones presidenciales de octubre.

Bolsonaro ahora la ha emprendido con todo. No por casualidad, contra Moraes, magistrado independiente que es actualmente nada menos que vicepresidente del máximo tribunal electoral (TSF). Viene siendo ponente en investigaciones de alto perfil, como la investigación sobre noticias falsas (fake news) y las investigaciones contra el presidente Bolsonaro sobre la posible injerencia del presidente para beneficiar a familiares y aliados políticos. El vilipendiado —por Bolsonaro— Moraes también es ponente de la investigación 4.878, que investiga la filtración de una investigación secreta de la Policía Federal sobre el ataque de hackers que sufrió el Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2018. Los ministros del TSE, entre ellos Moraes, pidieron que Bolsonaro, el delegado de la Policía Federal Víctor Feitosa Neves Campos y el diputado federal Filipe Barros (PSL-PR) sean investigados por el delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 153, párrafo 1-A, del Código Penal brasileño.

También fue Alexandre de Moraes quien autorizó la apertura de la investigación sobre Bolsonaro por asociar las vacunas Covid-19 con un supuesto riesgo de desarrollar SIDA. La información falsa fue difundida por el presidente en una transmisión en directo en las redes sociales el 22 de octubre de 2021.

¿Movimientos aislados? Pues no, para el grueso de analistas y juristas independientes estamos ante piezas fundamentales de una estrategia de deslegitimación del sistema judicial y judicial-electoral y de resultados que pudieren serle adversos a Bolsonaro en octubre. En el camino, sintomáticamente, también aparece cuestionado por la jefatura de Estado el voto electrónico que ha servido con eficiencia y transparencia en Brasil por 30 años.

La protección y garantía de la independencia judicial aparece hoy como un asunto de particular atención y prioridad en Brasil y para su desarrollo democrático amenazado. Conocidas las reiteradas señales presidenciales de curarse en salud, adelantándose a cuestionar resultados electorales que le pudiesen serle desfavorables en octubre, la justicia se encuentra particularmente amenazada.

Riesgo actual que confirma la tesis de que una de las señales más lacerantes cuando la democracia está en riesgo y bajo ataque es el cuestionamiento y ataque a la independencia judicial y a la función de sus magistrados más destacados. Al contrario, ante una democracia amenazada, defender la independencia judicial es una prioridad y exigencia nacional que concierne al país, a la comunidad internacional y va mucho más allá, en consecuencia, de quienes desempeñan la judicatura.

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