Blindajes de apuro

Parecían dos escenas en un mismo acto. En coincidencia de tiempos casi perfecta, dos decisiones presidenciales diferentes, prácticamente simultáneas —una en Nicaragua, la otra en Guatemala— chocaban contra el mundo para intentar blindarse de controles y pedidos de explicación internacionales sobre los derechos democráticos de la gente o la corrupción. Como se sabe, el viernes pasado en la mañana el régimen en Nicaragua pateaba el tablero de la ONU expulsando la misión de derechos humanos de su Alto Comisionado de Derechos Humanos, dándole dos horas para ello. Reacción descontrolada frente al crítico informe publicado dos días antes: más de 300 muertos y otros atropellos.

A las pocas horas, rodeado de un colectivo uniformado puesto allí por el presidente, en Guatemala éste anunciaba que no se renovaría el mandato de la misión de la ONU en el país —la CICIG— para cooperar en la lucha contra la corrupción y los grupos armados ilegales. A los cuatro días otra decisión presidencial anunció el impedimento de reingreso de Iván Velásquez, cabeza de CICIG.

Tras la sigla funciona una institucionalidad clave para reforzar a la Fiscalía guatemalteca en investigar casos graves de corrupción. Tanto empeño contra la impunidad crónica ha llevado a que del ojo acucioso no se haya librado ni el presidente en funciones contra el cual ya pesan en el Congreso tres procesos de levantamiento de inmunidad. Bueno que el secretario general de la ONU haya anunciado que Velásquez continuará operando desde fuera. Lo que ambas medidas tienen de arbitrarias y de actos desesperados no requiere casi ningún comentario. Porque, si bien en los dos casos las misiones internacionales se asentaron sobre acuerdos adoptados con los Gobiernos de ambos países, la naturaleza de ellas era sobre asuntos que son parte de obligaciones internacionales que todo Estado debe respetar. En el caso de Guatemala, la obligación de actuar contra la corrupción y el crimen organizado; en el de Nicaragua, garantizar la vigencia de los derechos humanos.

Ocurre que cuando valores fundamentales como esos son atropellados o ignorados, la verificación de los hechos suele conducir, casi indefectiblemente, a responsables que son autoridad pública y, en ocasiones, a cabezas de los Gobiernos. Cuando el cuestionamiento se vuelve muy molesto, la decisión —como en estos casos— no lleva a una revisión autocrítica de conductas o políticas, sino a la fuga hacia adelante desprendiéndose de acompañamientos internacionales en nombre de la “soberanía nacional”. Hay que decirlo y repetirlo una y mil veces: la soberanía nacional no puede ser usada como escudo para atropellar la democracia y los derechos de la gente o para convalidar la corrupción. No solo porque los valores globales formalmente prevalecientes le dan prevalencia a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, sino porque hay obligaciones internacionales que los Estados deben cumplir y hacer cumplir.

En continentes como América Latina o Europa nada de esto debería estar en discusión pues en ambas regiones los Estados adhieren, al menos formalmente, a estos compromisos. Pero hay quienes quieren sacar los pies del plato, y de hecho lo hacen. Así como se busca blindajes desesperados en estos dos países centroamericanos, en Europa hay donde la xenofobia ha sido llevada al nivel de política de Estado (Hungría) o está en demolición la independencia judicial (Polonia). Aquí y allá se ve reacciones de instancias multilaterales, los medios y la sociedad. Salir de estos embrollos no es, sin embargo, sencillo ni fácil ni bastan invocaciones internacionales para enderezar las cosas. Pero la persistencia es crucial. Ella tiene sustento en estándares internacionalmente adoptados por decisión soberana de los Estados. Y en nombre de ellos que hay que recordarles a quienes los atropellan, que no son víctimas de conspiraciones externas sino quebrantadores de obligaciones existentes.