Pegasus contra todos

Desde el lunes se sabe que los teléfonos institucionales del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron atacados con el programa Pegasus, que infecta el móvil para sustraer información de cualquier tipo contenida en él, además de escuchar conversaciones o activar la cámara del aparato. En el caso del presidente se sabe, porque lo ha contado el Gobierno, que se sustrajeron 2,7 gigas de información. Los ataques se produjeron en mayo y junio de 2021, cuando España sufría el acoso de Marruecos en la frontera de Ceuta tras filtrarse la acogida al líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali, aquejado de covid. También por entonces, Pere Aragonès acababa de convertirse en el primer president de ERC desde Tarradellas, y La Moncloa empezaba a estudiar los indultos a los presos del procés. Ese era el contexto español, aunque ello nada presuponga, sin saber las intenciones últimas de quienes se infiltran en el teléfono del presidente del Gobierno de un país miembro de la UE y de la OTAN. La confirmación del espionaje que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, consideró absolutamente segura, pone en guardia a todas las entidades supranacionales a las que España pertenece porque no deja de ser un acto de agresión a la seguridad nacional, venga de donde venga el ataque y buscara lo que buscara. Como otros líderes europeos han podido comprobar, Pegasus escapa a las reglas y controles del derecho internacional y los esquiva en la misma medida en que lo hacen los paraísos fiscales o los gigantes tecnológicos. Este es el debate de fondo que urge abrir para tomar medidas ante la repetición de estas injerencias que socavan los pilares de la democracia.

En España, el Gobierno ha ido variando en dos semanas su respuesta al escándalo del espionaje con Pegasus a los líderes independentistas. Del “aquí no se espía y lo vamos a investigar” de los primeros días, al “solo se hace bajo autorización judicial” pasando por el “qué se hace frente al desafío independentista” hasta llegar al giro absoluto de guion del lunes con la confirmación de que el propio presidente y su ministra de Defensa fueron espiados hace un año. Que la existencia del ataque se haya confirmado ahora, según Bolaños, demuestra o bien la inoperancia de los sistemas de rastreo del CNI o la infalibilidad de Pegasus. En cualquiera de los dos casos, es preciso investigar a fondo y obrar a continuación hasta las últimas consecuencias porque el resultado es una vulneración de los derechos de las víctimas —sean quienes sean las víctimas—, y ahora ya también un peligro para la seguridad nacional.

Al margen de las intrusiones ilegales, la ocasión debería servir para determinar qué procedimientos son democráticamente aceptables para seguimientos o espionajes legales autorizados por un juez y qué procedimientos o instrumentos —tan invasivos como Pegasus— no son admisibles porque, en un Estado de derecho, el fin no justifica los medios. No permite albergar mucha esperanza sobre un debate serio la respuesta pública que el lunes dio el presidente del PP, Núñez Feijóo, en lo que ya es un patrón de comportamiento: primero, apoyo al Gobierno ante el espionaje, y después sembrar sospechas sobre la casualidad del momento en que se ha revelado el ataque. Tampoco la rivalidad independentista por quién es más exigente con La Moncloa ayuda a un debate profundo. En cualquier caso, es al Gobierno al que corresponde restablecer la confianza de los ciudadanos en la seguridad de las comunicaciones y despejar dudas sobre la idoneidad o no de los instrumentos que el Estado utiliza para protegerse.