Traumas duraderos

Las informaciones sobre el espionaje a los líderes independentistas han sobrevolado toda la semana política hasta llegar a condicionar la aprobación de un importante decreto del Gobierno contra los efectos de la guerra en Ucrania. Salió adelante finalmente con el voto en contra de PP, Vox… y ERC, porque los compromisos del Gobierno para aclarar el alcance de ese espionaje fueron insuficientes para convencer a los independentistas. La intervención en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, se convirtió en el pretexto último para decantar la posición de Esquerra, pedir la dimisión de la ministra (también por parte de Pere Aragonès desde el Parlamento catalán) y apostar por el no en la votación del pacto anticrisis. Las palabras de la ministra de Defensa que rebelaron a los independentistas no contenían un agravio u ofensa, sino una descripción ajustada a la lógica de un Estado que había vivido la amenaza efectiva de un sabotaje democrático: sus líderes habían dicho una y otra vez desde 2016 que impulsarían un proceso unilateral de secesión de Cataluña y eso es lo que sucedió, en efecto, tras una votación el 1 de octubre de 2017 sin amparo legal, sin requisitos de validez, sin control jurídico y sin acuerdo con el resto de las fuerzas políticas en Cataluña ni en España.

La inoportunidad del tono del discurso de Robles en las vísperas de una relevante votación ocurría poco después de que el diputado republicano Gabriel Rufián le recomendara al presidente del Gobierno que buscara el teléfono de Alberto Casero, el diputado del PP que se equivocó en la votación de la reforma laboral. No tienen responsabilidades equivalentes, pero la refriega parlamentaria no puede ser asimétrica. Y al fondo hay una reflexión mayor. La exigencia de explicaciones y claridad en el espionaje del caso Pegasus no puede disfrazar lo sucedido hace cinco años: la transparencia que demanda hoy ERC sobre el espionaje —con justicia y razón— es la misma que debe prevalecer sobre los hechos de septiembre y octubre de 2017. Mencionar aquellos hechos no puede ser un tabú en la política española si efectivamente se trata de inaugurar un tiempo nuevo. El efecto emocional y simbólico que la frustrada proclamación de independencia tiene en sus seguidores encuentra su otra cara en el sentimiento de desprotección y vulneración de derechos que vivió la parte mayoritaria de la sociedad catalana no independentista y el resto de la española. El independentismo es hipersensible a su lado de la historia, hasta el extremo de convertir en impronunciable la conmoción masiva que vivió esta sociedad durante el intento de secesión unilateral de 2017.

Pero el regreso a la política y la negociación democrática que encarnan tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Aragonès no puede sustentarse en la ocultación del pasado. Las decisiones que adoptó la exigua mayoría independentista en el Parlamento catalán entre los días 6 y 7 de septiembre y hasta el 27 de octubre de 2017 condujeron a una ruptura del Estado de derecho que fue juzgada y sentenciada por el Tribunal Supremo y posteriormente indultada por el Gobierno. Nadie ha olvidado la violencia policial del 1 de octubre para intentar reprimir la votación ilegal y tampoco nadie ha olvidado la revuelta callejera, dirigida por un misterioso tsunami organizativo, que contestó a las sentencias del Supremo en octubre de 2019. No parece ilógico que los servicios secretos activasen —bajo el control jurídico correspondiente— sus mecanismos de espionaje. Ahora se trata de determinar hasta dónde llegó ese espionaje y si en todos los casos se cumplió la ley y el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas por un sistema tan invasivo como Pegasus. Pero el precio de las alianzas y negociaciones políticas entre los dos Gobiernos no puede ser un pacto de silencio sobre unos hechos que provocaron mucho sufrimiento personal a sus protagonistas y heridas emocionales profundas a toda la sociedad.