Interinos y nuevos profesores

Los recortes y la crisis se han cebado durante mucho tiempo en la enseñanza pública, que arrastra una tasa de temporalidad desproporcionada. Para mitigar esa situación, Educación ha aprobado una normativa extraordinaria para este año y hasta 2024 que inicialmente iba a aplicarse a las convocatorias de 125.000 plazas de profesorado en enseñanza infantil, primaria y secundaria, correspondientes a otros tantos interinos. El objetivo prioritario es reducir la abusiva temporalidad en la docencia desde el actual 25% al 8%, según estima el ministerio. Se trata de una vieja y justa reivindicación del cuerpo docente y es también una exigencia histórica de la UE a España. La normativa, sin embargo, ha vivido diversos vaivenes que delatan la dificultad de conciliar ese objetivo con la incorporación de jóvenes profesores, sin vulnerar los derechos de interinos que no obtuvieron su plaza por oposición en los planes aprobados en 2017 y 2018 por el anterior Gobierno del PP.

El primer modelo del ministerio excluía en la práctica la posibilidad de que jóvenes graduados ganasen alguno de los concursos. Las dos vías de acceso que trazaba la ley, un concurso oposición y un concurso de méritos, establecían condiciones favorables a los interinos al elevar la experiencia laboral hasta un 28% de la puntuación final (frente al 12% común) y al excluir la prueba del examen del concurso de méritos para los puestos ocupados de forma temporal desde antes de 2016. Esa normativa preveía una estabilización por encima del 90% de los casos, según cálculos sindicales. Las expectativas de los nuevos graduados equivalían a cero.

Las cosas han vuelto a cambiar tras el dictamen no vinculante emitido por el Consejo de Estado en el que recomienda no aplicar este sistema extraordinario a las plazas destinadas a cubrir la tasa de reposición de jubilaciones u otras causas de abandono. De acuerdo con eso, el ministerio ha accedido a reservar esa parte de las plazas a candidatos recién graduados, sin experiencia docente y con buena preparación para favorecer el objetivo indispensable de renovación generacional de métodos y formaciones. Para ello, un 30% de las 125.000 plazas se ofertarán en las condiciones normales de un concurso oposición. El rechazo del sindicato mayoritario en la enseñanza, CC OO, ha sido frontal. Aduce la ilegalidad de esa tercera vía y anuncia que interpondrá recursos contra las convocatorias de las comunidades para impedir “por todos los medios” que prospere la nueva normativa.

El deseable objetivo de reducir al 8% la temporalidad no puede llevarse por delante las expectativas de los jóvenes graduados sin experiencia porque resta al conjunto. No parece un despropósito que 37.000 de las 125.000 plazas ofertadas puedan permitir a nuevos profesores aportar desde las aulas su empuje y competencia al conjunto del sistema de educación pública.