Procesados en Cuba

Las protestas de julio pasado en varias ciudades de Cuba transmitieron un mensaje inédito en la isla en los últimos 62 años. Por primera vez se hacía pública, o intentaba hacerse pública, la protesta de un significativo porcentaje de su población, sin miedo a ser tachada de traidora a la patria por expresar su disconformidad. Lo que persistía era el miedo a la represión del régimen, y ha llegado ya. El Gobierno ha empezado los juicios que afectarán a hasta 790 personas, en su mayoría jóvenes, por participar en las protestas. Las marchas comenzaron en el pequeño pueblo de San Antonio de los Baños y se extendieron por más de 60 ciudades para exhibir el hartazgo de una población sometida desde hace décadas a todo tipo de penurias. Fueron en su mayoría manifestaciones pacíficas, pero el Gobierno contestó con extrema dureza. Cerca de un millar de personas fueron detenidas, y todo atisbo de apoyo a los encarcelados fue perseguido con saña en los últimos meses.

Las explicaciones del Gobierno sobre los procesamientos representan el último acto de una escalada represiva desproporcionada y seguramente ineficaz. La Fiscalía General sostiene que los manifestantes “atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado socialista”. En gran parte de los casos, las penas que pide son muy elevadas: cientos de personas pueden ser condenadas a entre 6 y 15 años de cárcel, y varias decenas, acusadas de sedición, se enfrentan a entre 20 y 30 años. Esas penas son un despropósito. El Gobierno cubano quiere evidenciar que no serán toleradas nuevas protestas, y su aspiración de fondo es el escarmiento en cabeza ajena para potenciales protestas, pese a la continuidad previsible del deterioro de las condiciones de vida.

La dureza de un embargo que acaba de cumplir 60 años, recrudecido durante la Administración de Donald Trump y sostenido en los mismos términos por Joe Biden, sigue teniendo efectos devastadores, pero detrás del estallido social anida un profundo malestar popular. Enviar a la cárcel a cientos de jóvenes para contener las manifestaciones de descontento solo niega el problema, aplaza la posibilidad de soluciones y revela, una vez más, la obstinación controladora y opresiva del Ejecutivo. La disconformidad crece en la isla y el derecho a manifestarla, recogido en la propia Constitución cubana, es inalienable. Son muchos quienes dentro y fuera del país piden al Gobierno que abandone la persecución penal como arma política y se abra a un diálogo con los sectores críticos. Los juicios ya iniciados tienen todos los componentes de abuso de poder y falta de proporcionalidad manifiesta. Su desarrollo solo traerá más frustración y más dolor estéril.