La infancia invisible

La situación de los menores tutelados solo parece llegar a los titulares cuando se producen sucesos terribles. El desamparo en que algunos de estos adolescentes se han encontrado encoge el corazón y exige una respuesta plural ante un drama humano. Tres de las 10 víctimas menores de edad rescatadas por la Policía de una red de prostitución en Madrid estaban tuteladas por servicios públicos que no han funcionado como deberían. El caso reciente de Madrid se suma a denuncias parecidas en los últimos dos años en las Baleares y en la Comunidad Valenciana, y en todos ellos se trasluce la existencia de un problema sistémico y no meramente episódico.

Los centros de acogida para menores tutelados dependen de las comunidades autónomas y la gran mayoría son de gestión privada. Según datos del Observatorio de la Infancia, en 2020 había 16.991 menores en estos centros y otros 18.892 se encontraban en familias de acogida. Son chicos y chicas sin apoyos familiares ni sociales para quienes un auxilio profesional competente puede salvar o condenar, sin mucho lugar para los matices. La fragilidad de algunas de ellas las expone a un ecosistema delictivo que acaba involucrándolas en redes de prostitución a través de la adicción a las drogas. Los detalles hechos públicos estos días sobre las menores rescatadas por la Policía en Madrid traducen crudamente el desarraigo y la soledad en que viven cuando pueden llegar a creer que su mejor aliado es su proxeneta o su camello.

Los profesionales llevan años denunciando situaciones parecidas y coinciden en que una de las claves consiste en establecer un vínculo emocional con los menores que genere el sentimiento de protección y seguridad que no han vivido en sus entornos sociales. Pero eso demanda más personal cualificado, formación, más familias de acogida y pisos tutelados. La atención personalizada a cada caso es el instrumento de auxilio crucial y, contra lo que a veces se repite, el porcentaje de menores realmente conflictivos o que requieran vigilancia resulta mínimo.

Las cifras del problema no deben confundir sobre su gravedad. La tentación de minimizarlo se agota en cuanto el problema aparece cerca del político de turno. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pasado de caricaturizar el caso de Baleares a pedir que el debate “salga de la política”. Ni Madrid ni Baleares ni Valencia tienen la culpa de estos delitos, pero sí tienen la responsabilidad de evitarlos: la conmoción que las noticias producen habría de servir para activar las alarmas, los protocolos y los medios que impidan a la población más desvalida volver a vivir infiernos como los que hemos conocido estos días.