Los menores tutelados se convierten en arma política

Es un bulo, una mentira, una cacería, una instrumentación partidista de los datos para desgastar al Gobierno y a ella misma sin importar la situación de los menores tutelados por sufrir abusos sexuales o por ser posibles víctimas. Esta es la síntesis del argumentario que ha esgrimido este martes la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en las Cortes valencianas, para responder a las críticas a un informe sobre los menores más vulnerables, una cuestión muy sensible que, sin embargo, ha entrado de lleno en el debate político nacional sin apenas miramientos.

En 2020 el número de niñas, niños y adolescentes atendidos por el sistema público de protección a la infancia en toda España fue de 49.171, según el último Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En la Comunidad Valenciana, hay en torno a unos 4.000 menores.

En la sesión parlamentaria de este martes han salido a colación casos no solo de la Comunidad Valenciana, sino también de Baleares y Madrid. Además, Pablo Casado, el presidente de los populares, ha situado en la diana de sus ataques a la también consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, de Compromís, aliada de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz en su proyecto político y socia del socialista Ximo Puig en el Consell.

Oltra ha incidido en que no ha habido 175 menores que hayan sufrido abusos sexuales entre julio de 2020 y 2021 estando bajo la tutela de la Generalitat valenciana, como lleva denunciando desde hace semanas la oposición, especialmente el PP. Ha habido 175 personas “atendidas” en ese supuesto por la Administración. De esos casos, 73 corresponden a “abusos previos a la tutela y revelación posterior”; 58 a “abusos previos a la tutela”; 12 a “conductas sexual inadecuada a la edad”; 10 a abusos “entre iguales”; seis, a visitas a familiares, y 16, a otros supuestos, explicó la vicepresidenta en su comparecencia originada por el expediente de la Sindicatura de Greuges (el defensor del pueblo valenciano). Se abrió a raíz de una queja del PP y finalmente se ha cerrado sin más consecuencias, tras asumir la consejería unas recomendaciones. Oltra ha insistido en que se penaliza la transparencia y se tergiversan los datos, porque al PP “les da igual” su protección, solo les importa la “cacería” política.

La portavoz del PP, María José Català, la ha acusado de mentir: “¿Ahora se ve acosada por la prensa nacional y hace un informe ad hoc?”. “No peca de ingenua, peca de cínica”, ha aseverado Catalá, que ha atribuido a Compromís “cambiar de versión hasta en tres ocasiones”. La popular ha pedido la dimisión de Oltra, al igual que las portavoces de Ciudadanos, Ruth Merino, y de Vox, Ana Vega. Desde el principio, la consejería ha señalado ante los medios de comunicación que la mayoría de los 175 menores no estaban tutelados cuando tuvieron lugar los supuestos casos de abusos y que así lo recoge el síndico de Greuges, si bien en la información proporcionada no se detallaban los mismos.

Durante la sesión, Oltra también ha sido atacada por su gestión del caso que afectó a su exmarido, condenado a cinco años de cárcel por abusar de una menor en un centro concertado con la Generalitat, siendo ella consejera, entre finales de 2016 y principios de 2017. En la sentencia, los magistrados criticaron que los profesionales relacionados con la consejería de Oltra concedieron escasa credibilidad al testimonio de la niña, que tenía 14 años en el momento de los hechos. Se ha abierto una investigación para aclarar la actuación de los funcionarios. Hoy, ya mayor de edad, la joven concede entrevistas acusando a Oltra de intentar tapar su abuso, asesorada por el abogado José Luis Roberto, líder del partido ultraderechista España 2000. Oltra ha amenazado en las Cortes a la portavoz de Vox de denunciarla por calumnias si reiteraba que había tapado un abuso en su consejería.

En esta línea, se inscriben los ataques de Casado a Oltra. Hace tres días, el presidente del PP diferenciaba entre los casos de abusos de menores en la Comunidad Valenciana y Baleares (presididas por los socialistas Ximo Puig y Francina Armengol, respectivamente) y los del Madrid. El líder nacional de la oposición acusó a los dirigentes competentes de ambos gobiernos de que “no denunciaron y entorpecieron la investigación” mientras que Madrid “se ha presentado como acusación”. El PP valenciano llevaron a la comisión europea de peticiones, presidida por la popular Dolors Montserrat, la investigación de la situación de los menores tutelados de la Comunidad Valenciana. Los investigará, así como los de Baleares. No ha trascendido que de momento se le haya instado a hacerlo mismo con los de Madrid.

Cuando estalló hace unas semanas el caso en el que al menos tres menores fueron supuestamente captadas por una trama de prostitución desmantelada en Madrid por la Policía Nacional estaban tuteladas por el Gobierno autonómico, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, del PP, pidió al poco sacar a las menores del “debate político”. En verano, la fiscalía ya informó de que una menor era tutelada al Gobierno madrileño, que, en un primer momento, desmintió que tuviera bajo su protección a ninguna víctima.

En 2020, durante una réplica a la exdiputada madrileña Isabel Serra, Ayuso acusó a Podemos de bloquear una comisión de investigación de la que calificó como “una trama de prostitución” en Baleares. Más Madrid, por su parte, ha pedido la dimisión de la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, y el grupo parlamentario socialista madrileño, la creación de una comisión de investigación. Estas no se han creado ni en Valencia ni en Baleares, a raíz del escándalo del arresto en 2019 de los supuestos implicados en la violación grupal de una menor tutelada de 13 años de Mallorca. La fiscalía y la policía descartaron que se tratara de una trama de prostitución con menores tutelados. El Consell balear puso en marcha una comisión de expertos para analizar el funcionamiento del sistema, que apuntó una serie de recomendaciones y puso de relieve algunas deficiencias.

Problema generalizado

La profesora de la Universitat de Barcelona y directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GreVIA), Noemí Pereda, coordinó aquel grupo de expertos balear. Este martes se ha mostrado crítica con la politización del problema en declaraciones a este periódico: “El ruido político no aporta nada. Es mucho más complejo que la derecha o la izquierda. Es un problema social generalizado aquí y en Europa. Se requiere una reflexión profunda como abordamos el problema. Los niños que llegan a los centros son los vulnerables entre los vulnerables, Los menores no pueden crecer en un centro residencial, no responde a las necesidades emocionales de los niños y niñas. Tienen que crecer en familias”.

Los colegios profesionales de Psicología y de Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana han defendido este martes su profesionalidad y han mostrado su rechazo a la polémica en torno a los centros de menores en la que se cuestiona el trabajo del sistema de protección En un comunicado conjunto, critican que se crea una “alarma social que en ningún caso beneficia al interés superior de los niños, las niñas y adolescentes; más bien contribuye a que su situación de vulnerabilidad sea aún mayor”.

El lunes, el Colegio Oficial de Trabajo Social exigió una acción de gobierno y una oposición política que esté “a la altura de esta realidad social”, que defienda las leyes de protección de niños y adolescentes y respete a los profesionales implicadas en su correcta implementación: “Todas trabajamos mucho de acuerdo con nuestro código ético y deontológico, de forma que el interés superior de las personas menores de edad va siempre por delante”.