Los antígenos de la especulación

Al miedo y la ansiedad en la población y la fuerte presión asistencial provocada por la explosiva propagación de la variante ómicron se ha sumado un factor de confusión que en algunos momentos ha alcanzado tintes folletinescos: las maniobras especulativas en torno a los test de antígenos. Aunque no es del todo fiable como instrumento diagnóstico por la posibilidad de falsos negativos, esta prueba de autodiagnóstico se había convertido en una herramienta útil para mantener los encuentros familiares durante la Navidad reduciendo el riesgo de contagio y la incertidumbre. Pero los ciudadanos se han encontrado con un problema de desabastecimiento que ha afectado a toda España.

En un momento de dificultades logísticas para la distribución de todo tipo de productos, era poco probable que los test de antígenos pudieran escapar a los efectos de una situación de escasez, en la que en una semana la demanda ha pasado de 20.000 a 250.000 unidades diarias. Tres cuartas partes de los test que se comercializan en España proceden de China, y aunque todos los países azotados por ómicron han multiplicado los pedidos y han sufrido tensiones de suministro, España ha rozado el desabastecimiento y es uno de los países donde más caras son estas pruebas. Experimentos como el de la Comunidad de Madrid han agravado la situación por su cuenta al incurrir en una promesa efectista pero mal planificada: de los seis millones de test de antígenos prometidos para farmacias, han llegado en torno a 1,5 millones, con la consiguiente frustración de quienes aspiraban a ellos.

Resulta particularmente lamentable que ciertos operadores comerciales hayan aprovechado esta circunstancia para doblar y hasta triplicar sus precios. Los test que hace tres semanas se podían comprar por menos de cuatro euros han alcanzado estos días los 10 y hasta 12 euros en farmacia. Es una maniobra especulativa condenable porque obtiene unos beneficios oportunistas a costa de dificultar el acceso a la prueba a personas con menor poder adquisitivo. Una familia de cuatro miembros podría llegar a gastar hasta 80 euros, dado que el autodiagnóstico seguro requiere al menos dos test en 24-48 horas, y no todos pueden afrontar ese gasto sobrevenido.

La reacción de los Gobiernos central y autonómicos ha estado por debajo de lo exigible ante una población desconcertada por el avance y la rapidez de los contagios. Las últimas semanas han enseñado que bajar la guardia ante este virus es casi la condición necesaria de un nuevo agravamiento. Tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas han pecado de imprevisión y de falta de reflejos a la hora de actuar contra los efectos de la variante ómicron con las Navidades a la vuelta de la esquina. La exigencia de una certificación muy rigorista ha impedido que fabricantes nacionales pudieran aportar su capacidad productiva. Otros Gobiernos europeos han habilitado mecanismos para limitar los precios, como ha hecho Francia, e hizo en su momento el Gobierno español en relación con las mascarillas. Pero solo Italia tiene en Europa precios por encima de los españoles.