La Argentina de los derechos humanos

Este 10 de diciembre de 2021, Día Internacional de los Derechos Humanos, la república Argentina conmemora también sus 38 años ininterrumpidos de democracia. Son 38 años de respeto a las garantías individuales. De libertad de expresión sin límites ni siquiera penales. De alternancia en el poder. De vigencia de una Carta Magna en la que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional.

Por eso el presidente Alberto Fernández considera como un reconocimiento colectivo a las argentinas y a los argentinos la reciente designación de nuestro país para presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el período anual de 2022. Los países de América Latina en primer lugar, y luego el resto de las 47 naciones, decidieron que la Argentina dirija los principales debates sobre derechos humanos a nivel universal. El diplomático argentino Federico Villegas Beltrán ejercerá una tarea constructiva y equilibrada. Los seres humanos que sufren violaciones a sus derechos tendrán su lugar en la agenda del Consejo sin polarizaciones ni estigmatizaciones. El método de trabajo será el acercamiento de posturas para resolver problemas y encaminar soluciones. La propia experiencia argentina demuestra que es posible ser firme en el sostenimiento de los principios y creativo en las formas.

Para un país que venía de la dictadura más sangrienta de la historia, la que usurpó el Estado entre 1976 y 1983, es un orgullo el resultado exitoso de las políticas de memoria, verdad y justicia adoptadas tras el impulso de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos. En septiembre de 2021, 1.044 personas habían sido condenadas en el marco de 264 sentencias judiciales por delitos de lesa humanidad. La extraordinaria iniciativa de las Abuelas dio lugar a que 130 niños y niñas, hoy personas adultas, hayan recuperado su identidad.

Un símbolo de esas políticas es la antigua Escuela de Mecánica de la Armada. Ubicada en plena capital de Argentina, la ciudad de Buenos Aires, fue uno de los principales campos de concentración de la dictadura para torturar y exterminar a miles de secuestrados. Hoy es un sitio de recuerdo, historia, museo y reflexión visitado por escolares y por personalidades de todos los países. La Argentina desea convertir a la ESMA en Patrimonio Mundial de la Unesco.

El pasado y el presente entrañan un mandato de ampliación de derechos.

Los movimientos feministas despertaron conciencias, en el país y en la región, sobre la discriminación estructural y la violencia que aqueja históricamente a las mujeres. Un ejemplo fue el Ni Una Menos nacido en 2015. La conquista de la autonomía de los cuerpos de las mujeres y de sus derechos sexuales y reproductivos a través de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, está animando a dar debates necesarios en distintos países de Latinoamérica, lo mismo que sucedió en su momento con la Ley de Matrimonio Igualitario.

Entendemos a la lucha contra la discriminación en todas sus formas, así como en la efectividad de políticas públicas activas de promoción y garantía de derechos, como parte de una construcción colectiva – también fruto de las luchas de nuestra sociedad civil – que nos hacen ser mejores como país. La pobreza y la indigencia siguen siendo dolores para la Argentina y para el mundo. Son dolores que nadie -empezando por los gobiernos, que deben hacerse cargo- tiene que tolerar.

En ese contexto es que encaramos la renegociación de la deuda externa. La responsabilidad puede y debe combinarse con el derecho al crecimiento, el desarrollo y la justicia social.

Con el mismo compromiso Argentina vacuna a su población contra la covid mientras entrega dosis a otros países de América Latina y de África y brega por la mundialización del derecho a la salud.

El desafío es enorme. Nuestro compromiso es honrarlo con la firmeza que da la construcción de consensos.