Las instituciones correctas para la transición climática

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), celebrada en Glasgow, participé en un panel con líderes políticos nacionales, que incluía a la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, y a la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para hablar acerca de cómo tomarnos en serio la economía verde. En momentos en que los líderes mundiales, abrumadoramente hombres, tenían sus tira y afloja sobre compromisos, posturas y promesas —lo que la activista sueca Greta Thunberg memorablemente calificó como más “bla, bla, bla”—, nuestro panel de cuatro mujeres se centró en qué nuevas herramientas e instituciones necesitará el planeta en su proceso de descarbonización.

Tras la COP26 es más evidente que nunca que las promesas desde arriba no bastan y que, más bien, se necesita una transformación estructural e institucional desde las bases mismas. Nuestra única esperanza de mantener el calentamiento global dentro de límites “seguros” (de hecho, el objetivo acordado es mucho más seguro para unos que para otros) es acelerar una transición verde con una masiva inversión pública coordinada que apunte a saltos de innovación y a un cambio de paradigma económico.

Tal como el cambio climático es un fenómeno dinámico y no lineal causado por una serie de puntos de inflexión —cada uno con repercusiones que hacen extremadamente difícil de predecir el ritmo y la escala de cambio—, el proceso de restringirlo o incluso revertirlo depende de puntos de inflexión en cascada en la dirección contraria. Si se pudieran dar saltos sinérgicos en innovación tecnológica y transformación institucional, se podrían precipitar bucles de retroalimentación positiva y efectos multiplicadores acumulativos.

Esa es precisamente la dirección de lo que llamo una política de innovación orientada a una misión. Tenemos que reunir y organizar recursos y alinear políticas en torno a objetivos medibles, como el surgimiento de nuevas innovaciones tecnológicas y la preparación de nuevos mercados. Cada misión debe inspirar y catalizar, y hacer que nuevos actores y sectores innoven de maneras nuevas y colaborativas, sea para hacer que una ciudad alcance la carboneutralidad o lograr un océano sin plásticos. Cada misión debe reunir inversiones de distintos actores, con fuertes condiciones para cualquier tipo de apoyo público, de modo que impulse “cascadas de inflexión hacia arriba”. Sin embargo, para reorientar la economía en torno a saltos de innovación, necesitaremos nuevas instituciones en todos los niveles, desde lo local a lo global, que amplíen el actual horizonte tecnológico y abran el camino hacia un futuro de emisiones cero.

A nivel internacional, por ejemplo, un centro “de tecnologías climáticas”, al estilo del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN, en sus siglas en francés) —que tenga por modelo el cuerpo de investigación científica supranacional europeo—, podría coordinar las inversiones de los gobiernos participantes, mediante una hucha colectiva para financiar el desarrollo de tecnologías innovadoras que el sector privado no desee desarrollar por ser muy riesgosas o de escasos retornos financieros. Esta idea fue destacada en el informe final del Panel del G-7 sobre Resiliencia Económica, en el que representé a Italia.

A nivel nacional, los bancos públicos de inversión verde pueden proporcionar el capital paciente necesario para expandir mercados de cero emisiones de carbono. Un modelo prometedor es el del Banco Nacional Escocés de Inversiones (en cuya creación tuve el honor de colaborar), una institución financiera pública cuya principal misión es ayudar a descarbonizar la economía escocesa. El nuevo banco canalizará la inversión entre sectores y empresas que se estén especializando en tecnologías de cero emisiones de carbono.

Por último, pero no menos importante, está el nivel municipal, que es donde la acción climática se materializa en proyectos tangibles como la vivienda de cero emisiones de carbono, vecindarios sin vehículos y cadenas de suministro circulares. Aquí, el nuevo Consejo de Iniciativas Urbanas, del que el University College de Londres, la Escuela de Economía de Londres y ONU Hábitat son coanfitriones, tiene un papel crucial para compartir información sobre proyectos exitosos y alinearla con acuerdos internacionales, no en menor medida los que provengan de la COP26.

Para despegar, estas instituciones deberán ganarse la confianza y la participación de los ciudadanos, específicamente los trabajadores vulnerables. Los gilets jaunes (chalecos amarillos) y otros movimientos de protesta ciudadana han demostrado por qué el impulso para la transición verde debe venir desde abajo. Las consideraciones que sustentan las propuestas del Nuevo Pacto Verde giran alrededor de cómo hacer que las energías populares pongan a la gente en el centro de la transición económica.

Participación popular significa involucrar a los ciudadanos en procesos como la Comisión para la Renovación de Camden, que ha hecho uso de debates clave entre asociaciones de vecinos para impulsar promociones de viviendas sociales a través de la estrategia de crecimiento limpio del municipio de Londres. Además, implica invitar a asociaciones comunitarias, cooperativas y sindicatos a formar “asociaciones por los bienes públicos” con los gobiernos. Otra opción es crear asambleas ciudadanas sobre el cambio climático, como se ha hecho en España. Tales innovaciones institucionales servirán de base para un nuevo contrato social, la única forma de generar confianza pública y alcanzar una transición socialmente justa.

El mayor error del activismo climático ha sido no comunicar de manera realista y atractiva una transición verde que promueva los intereses de los trabajadores. Un Nuevo Pacto Verde que genere buenos empleos, eleve los estándares de vida, y reduzca la precariedad y la desigualdad debería ser su máxima prioridad. El éxito de la transición verde dependerá de medidas que aseguren a los trabajadores cuyos empleos estén amenazados por la descarbonización, el desarrollo de habilidades y empleos en la nueva economía. En su defecto, se les debería otorgar un ingreso mínimo garantizado como un derecho básico.

Eso no ocurrirá a menos que los trabajadores tengan un lugar en la mesa de negociación. Sean cuales sean los nuevos compromisos a los que llegue la COP26, debemos redoblar el trabajo entre bambalinas de desarrollo de instituciones, con especial énfasis en ampliar la participación para incluir a los ciudadanos de a pie. Para evitar un desastre climático se necesitará una experimentación generalizada con nuevas tecnologías y, no menos importante, con nuevas instituciones en todos los niveles.