Guía para entender las ayudas de la UE

España podrá acceder a hasta 140.000 millones de euros para paliar la crisis y modernizar la economía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el Congreso el pasado junio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el Congreso el pasado junio.Ballesteros (EFE)

Los líderes de la Unión Europea salvaron por fin el último gran escollo para dar luz verde al mayor presupuesto jamás aprobado desde la fundación del proyecto comunitario. Tras superar el veto de Polonia y Hungría, los Veintisiete bendijeron un paquete de 1,82 billones de euros, que incluye un fondo de reconstrucción bautizado como Next Generation EU, también sin precedentes, dotado con 750.000 millones de euros. Europa confía en que su economía pueda remontar mediante la combinación de una vacunación masiva que devuelva la vida pública a la normalidad, la enorme red de seguridad tendida por el Banco Central Europeo y los recursos del fondo de reconstrucción.

¿Qué se ha pactado? Los líderes de la UE han acordado el Presupuesto para los próximos siete años, que asciende a 1,074 billones de euros —en los que hay los fondos de cohesión y de agricultura— y un paquete para paliar los efectos económicos de la pandemia por 750.000 millones de euros. En total, desbloquearon recursos por importe de 1,82 billones de euros.

¿Cuál es la novedad? Los socios de la zona euro nunca habían conseguido cerrar un instrumento fiscal para afrontar las crisis que no redujera la capacidad de respuesta a la política monetaria del BCE. La magnitud de esta crisis ha hecho que los Veintisiete —no solo los países de la moneda única— hayan decidido que la Comisión lance una emisión de eurobonos para financiar la recuperación de la UE. Además, el 52% de los 750.000 millones de euros son subvenciones a fondo perdido. El resto, préstamos.

¿Qué pasos quedan? El principal trámite formal que falta es la aprobación de la reforma sobre las fuentes de ingresos para ir amortizando los eurobonos que se lanzarán para sufragar el paquete de recuperación. Ese acuerdo debe ser refrendado por la mayoría de los parlamentos nacionales, lo que en algunos países como Alemania requiere de algunas semanas.

¿Cuánto dinero recibirá España? Después de Italia, España es el segundo país más beneficiado de la UE por el reparto de los fondos europeos. En total, podría optar a 140.000 millones de euros. El Gobierno está especialmente interesado en las subvenciones. Según datos de la Comisión Europea, España tiene asignados 69.889 millones de euros en ayudas a fondo perdido correspondientes a los diversos instrumentos del paquete de recuperación. La cifra podría ser superior, dependiendo de la dotación del fondo React-EU, de respuesta a la emergencia sanitaria, que solo tiene asignación para 2021. El Gobierno, además, puede pedir 70.000 millones de euros más en préstamos. Al margen de ese paquete, Bruselas estima que España recibirá 35.376 millones de euros en fondos de cohesión y otros 7.801,7 millones de euros de ayudas agrarias durante el periodo 2021-2027.

¿Cuándo llegarán los 140.000 millones? No de inmediato. Bruselas estima que, en el mejor de los escenarios, los fondos podrían llegar en junio. Fuentes de la Comisión incluso no descartan que el proceso pueda demorarse hasta otoño. Ello se debe al tiempo que requieren los tres procedimientos que deben llevarse a cabo: la ratificación del acuerdo por los países, los trámites de solicitud y aprobación de esos recursos y la emisión de deuda por parte de la Comisión.

¿Se recibirán de golpe? No. El Gobierno de España ha incluido en los Presupuestos de 2021 27.000 millones del Next Generation EU. El resto se irá recibiendo entre 2022 y 2023. Aun así, el Parlamento Europeo ha pedido que los desembolsos se produzcan en cuatro años —y no en tres, como prevé la Comisión— porque la crisis será más larga de lo previsto.

¿Qué financiará el fondo? Los recursos comunitarios podrán sufragar gastos incurridos desde el 1 de febrero de 2020 —es decir, desde el principio de la pandemia— hasta el 31 de agosto de 2026. En términos generales, la pieza clave de todo el paquete comunitario es el llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que está dotado con 672.500 millones de euros, de los que España recibirá 59.158 millones. Ese dinero debe ir a mitigar el impacto económico y social de la pandemia, pero también a modernizar la economía española. Bruselas persigue dos grandes transformaciones: desarrollar una potente economía verde en Europa y no perder el tren de la digitalización. A falta de las últimas negociaciones con el Parlamento Europeo, el 37% de las inversiones que se lancen con esos recursos deben ir a la transformación climática, y el 20%, a la digital.

¿Se trata de un rescate? No. La UE ha puesto todo su empeño en mostrar que el fondo Next Generation EU no es un rescate, sino un instrumento en el que el conjunto de la Unión se endeuda para financiar la recuperación. Lejos de exigir recortes, la UE ahora pide que se invierta para proteger empleos y empresas y fomentar la inversión, que fue la gran víctima de las políticas de austeridad. Los 27 países —y no solo los más apurados— someterán sus planes de inversiones y reformas para recibir fondos comunitarios.

¿De dónde sacará la UE los recursos? La UE recurrirá a los mercados, a los que pedirá 900.000 millones, puesto que necesita dinero para financiar el fondo SURE, que ayuda a los Estados a obtener recursos para los sistemas de protección temporal de empleo (ERTE). Hasta ahora, la Comisión se había endeudado para los rescates a Irlanda y Portugal, con una cantidad de la que sigue viva 46.800 millones de euros. Bruselas contará con una financiación en buenas condiciones, de triple A. En su primera emisión, colocó deuda a 10 años con un interés negativo (-0,238%) y a 20 años a una rentabilidad del 0,131%. Sin embargo, los analistas prevén incluso mejores condiciones a medida que haya más oferta.

¿Cómo se devolverá ese dinero? La Unión Europea ha decidido crear nuevos impuestos para empezar a devolver esos fondos en 2027, en un periodo de 30 años. El más claro es la tasa al plástico, que entra en vigor el próximo 1 de enero y permitirá recaudar entre 3.000 y 9.000 millones de euros. El resto de los gravámenes empezarán a ser diseñados el año que viene. Para junio de 2021, Bruselas debe tener planificados ya tres grandes paquetes: un mecanismo de ajuste de carbono en frontera (entre 5.000 y 14.000 millones), una tasa digital (1.300 millones) y un nuevo sistema de comercio de emisiones. En 2024, la Comisión empezará a estudiar otras propuestas más controvertidas: una tasa comunitaria a las transacciones financieras, un gravamen para las grandes corporaciones (recaudaría hasta 10.000 millones) y un impuesto común de sociedades.

¿Qué nos piden a cambio de la lluvia de dinero?

La condicionalidad ha sido el gran caballo de batalla de los países del sur de Europa, en particular de España. La recepción de las ayudas está sujeta a la ejecución de reformas estructurales que aun están pendientes y que fueron formuladas por la Comisión Europea en los años 2019 y 2020. Ese apartado debe ser negociado aún con el Parlamento Europeo, pero Bruselas quiere mantener el vínculo entre inversiones y reformas. Es más, querría que parte del dinero que desembolsará se gaste para llevar a cabo esas reformas.

A España le piden, sobre todo, tres grandes bloques de reformas: garantizar la sostenibilidad de las pensiones; reducir la temporalidad del mercado laboral, y acabar con la disparidad de regulaciones empresariales dentro de España. Esas reformas deberán estar dentro de los planes que los países sometan para recibir los recursos. Sin embargo, la Comisión insiste en que no se trata de un rescate, de modo que su papel en esta ocasión no será prescriptivo. Bruselas señala dónde se debe actuar, pero es cosa de los países decidir cómo. Eso sí, las fórmulas por las que opten podrán ser objeto de negociación.

La Eurocámara también quiere suprimir la referencia a la necesidad de cumplir con las reglas fiscales para recibir los fondos. De momento, estas están suspendidas de ‘de facto’. La UE deberá decidir cómo y cuándo retomarlas para no dañar la recuperación.

Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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