España renuncia a pedir ahora 70.000 millones en créditos europeos

“Es un gran acuerdo: logramos 140.000 millones para España, 72.700 en transferencias”, anunció el presidente Pedro Sánchez tras la cumbre de julio en Bruselas, en la que se pactó un bazuca de 750.000 millones para sacar a la economía europea del coma inducido por la covid. El Gobierno español confía en el maná europeo para aprobar un Presupuesto ultraexpansivo que aclare el lúgubre panorama y alargue el horizonte de la legislatura. Pero finalmente es muy probable que España nunca alcance la cifra de 140.000 millones. El Ejecutivo renuncia a casi la mitad de esa cifra por ahora, confirman fuentes de La Moncloa y de Economía: reclama las ayudas directas a fondo perdido, pero no pedirá —al menos a la corta— los casi 70.000 millones en préstamos.

Traducción bíblica: España quiere ya, para 2021-2023, las transferencias que no haya que devolver, pero declina pedir ahora los créditos —que a la postre suponen más deuda— asociados a los fondos europeos. “La Comisión Europea permite pedir los préstamos hasta julio de 2023. ¿Qué ganamos pidiéndolos ahora? Lo haremos, si lo necesitamos, para el periodo 2024-2026”, admiten fuentes gubernamentales. España no es el único país que se tienta los ropajes: Portugal e Italia están en la misma tesitura, e incluso Francia puede llegar a plantearse renunciar a una porción de los fondos que le corresponden vía créditos.

Hay razones de peso para ello. Una: las compras multimillonarias del Banco Central Europeo (BCE) han reducido al mínimo los tipos de interés que pagan todos los países por su deuda; el Tesoro español y el italiano han emitido esta semana bonos a intereses negativos —en plata: cobran por endeudarse—, por lo que los incentivos para pedir los créditos a la UE, por muy baratos que sean, se reducen. Dos: la brumosa condicionalidad asociada a los fondos sigue siendo un elemento de disuasión, así como la sospecha de que tarde o temprano Bruselas volverá a pedir ajustes a los países que tengan su deuda por las nubes (y en toda la franja Sur el endeudamiento público está por encima del 100% del PIB). Y tres: ni siquiera está claro que las capitales tengan capacidad administrativa para gastarse todo ese dinero. Así que España y otros países se agarran al pájaro en mano de las ayudas a fondo perdido, y dejan los créditos en el aire. Eso sí, las leyes de Newton (“a toda acción se opone siempre una reacción igual”) también valen para la economía: el riesgo es que el estímulo fiscal europeo acabe teniendo un calibre inferior al que se preveía, y si eso sucede la recuperación será menos vigorosa.

El primer ministro portugués, António Costa, ha dicho públicamente que renuncia a los préstamos que le corresponden: reclama las ayudas directas pero solo pedirá los créditos si es estrictamente necesario. Sánchez y su Gobierno han sido menos explícitos, pero en la versión preliminar del Plan de Recuperación enviada la semana pasada a Bruselas queda claro que España también va a pedir todas las transferencias directas y, de momento, ni un solo céntimo en préstamos. El Ministerio de Economía aclara que de momento solo hay planes para 2021-2023, y para eso basta con las transferencias; el resto está por determinar. La Moncloa subraya que España arranca con las ayudas a fondo perdido para los tres próximos años y añade que ya habrá tiempo para reclamar los préstamos (hasta 67.300 millones) si hacen falta. Los 140.000 millones permitían un arreón fiscal equivalente al 11,2% del PIB. Si esa renuncia se confirma, el estímulo procedente de la UE se limitaría al 5,8% en seis años.

Jugando con fuego

Las fuentes consultadas evitan dar explicaciones sobre las razones de esa decisión. Pero parece evidente que el programa europeo —bautizado con un pomposo Next Generation EU— puede ser víctima de su propio éxito: “Los tipos de interés en toda la periferia han caído por la acción combinada del programa de compras del BCE y las perspectivas de recuperación que proporcionaba el fuerte estímulo fiscal que acordaron los Veintisiete; hay menos incentivos a pedir la parte de préstamos si los países emiten deuda a intereses bajísimos”, apunta Lorenzo Codogno, exsecretario del Tesoro italiano. “El riesgo real es que el macroestímulo europeo sea muy inferior al que se pactó en julio y eso ensombrezca las perspectivas económicas”.

Ese riesgo aflora en el peor momento: los rebrotes de la covid que han aparecido en toda Europa —con España, de nuevo, como sombrío líder en esas estadísticas— profundizarán las cicatrices económicas en forma de paro, caída del PIB y aumento de la deuda pública. Pero eso no es todo: el propio plan europeo se retrasa. No hay acuerdo sobre los detalles de ese paquete entre la Comisión, la presidencia alemana de la UE y el Parlamento Europeo, lo que puede aplazar los primeros desembolsos hasta la segunda mitad de 2021.

Europa, en fin, siempre es capaz de moverse con el agua al cuello, pero sigue jugando con fuego cuando la situación es menos acuciante. Al borde del abismo, en la fase más aguda de la pandemia, el BCE empezó a disparar toda la munición, la Comisión suspendió las reglas fiscales y los Veintisiete se sacaron de la chistera esos 750.000 millones. Pero el BCE no va a estar siempre ahí. El debate sobre la reintroducción de las reglas fiscales tardará en llegar lo que la recuperación tarde en aparecer en Alemania, y eso siempre será mucho antes de que los brotes verdes lleguen al Sur. A todo eso se unen ahora las reticencias a usar la parte del bazuca correspondiente a préstamos: el fuerte incremento de la deuda pública (250.000 millones entre 2020 y 2021 solo en España) provoca mal de altura en algunas cancillerías. “Los errores de política económica de Europa se estudiarán en los libros de historia”, decía el economista francés Jean Pisani-Ferry sobre la desastrosa gestión europea de la Gran Recesión. Eso era 10 años atrás: la narrativa en boga dice que los Gobiernos y Bruselas han aprendido la lección. Pero Europa siempre está a tiempo de dispararse un tiro en el pie.