Paz en Colombia

Colombia firmó hace cinco años el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que puso fin a un conflicto armado de más de medio siglo y llevó a la desmovilización del grupo insurgente más antiguo y organizado de América. El 24 de noviembre de 2016 el país dejó atrás una guerra y desde entonces los avances han sido enormes: los excombatientes formaron un partido político, hoy llamado Comunes; tienen representación en el Congreso y la inmensa mayoría de los guerrilleros enterraron las armas. El Gobierno de Estados Unidos, por fin, pretende sacar a las extintas FARC de la lista de grupos terroristas. No obstante, el tránsito hacia la vida civil ha contado con más trabas de las esperadas. El acuerdo de paz carece del apoyo institucional necesario para implementarlo con garantías. Ha sido ese, y no otro, el principal obstáculo.

El primer acuerdo por la paz fue rechazado en plebiscito por la ciudadanía, pero la negociación posterior entre Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y Juan Manuel Santos condujo a un nuevo pacto cuya materialización ambos sabían que sería ardua. Lo que se encontró el país fue que el Gobierno que siguió al que firmó la paz, presidido por Iván Duque y con el expresidente Álvaro Uribe como ariete, ha hecho todo lo posible para torpedear los acuerdos alcanzados, y si no hizo trizas el texto pactado fue por su blindaje constitucional. En estos años, los esfuerzos por garantizar la seguridad de los excombatientes y líderes sociales, la restitución de tierras y el desarrollo mismo de los seis puntos del acuerdo de La Habana han sido a todas luces ínfimos por parte del Gobierno.

Las constantes arremetidas del uribismo desde la derecha más radical no han ayudado a sanar heridas, como tampoco lo han hecho imperdonables bandazos que han dado facciones disidentes de la guerrilla, como la encabezada por Iván Márquez, antaño jefe negociador de las FARC en Cuba. Estos sectores, minoritarios, retomaron el conflicto con el Estado en medio de un clima de creciente inseguridad en el campo colombiano, que sufre un goteo incesante de asesinatos de líderes comunitarios, indígenas y excombatientes. El trabajo que realiza la Comisión de la Verdad y que verá la luz en un futuro cercano resultará crucial para iniciar un profundo proceso de reconciliación de la sociedad colombiana, para lo que necesita del apoyo y la unidad de todos los actores políticos, sin fisuras.

Con todo, Colombia está haciendo un importante esfuerzo por mirarse al espejo y resolver la relación con su pasado, sobre todo a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra imponiendo penas alternativas a la cárcel. Las elecciones presidenciales del próximo año pueden marcar un punto de inflexión. Duque está en la recta final de su mandato y los comicios se anuncian incluso más polarizados que los anteriores, entre el progresista Gustavo Petro, hoy favorito según todas las encuestas, la derecha uribista y un centro partidario de la paz pero fragmentado. Del resultado depende en buena medida el éxito de la aplicación del texto, un hito del que, pese a las dificultades, se benefician todos los colombianos desde hace cinco años.