El poder de la institución

La etapa que abre la mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán tendrá que sortear numerosas dificultades, pero ha vencido ya una primera tentativa desestabilizadora. El golpe de autoridad del president Pere Aragonès al rechazar la propuesta de Junts per Catalunya de sumar a la mesa a tres miembros ajenos al Govern (Jordi Turull, Jordi Sànchez y Míriam Nogueras) ha reforzado el peso institucional de la presidencia de la Generalitat. Ese gesto formal excluyó de facto de la mesa a quienes defienden la vía unilateral tanto en el centroderecha catalán de Junts como en la izquierda de la CUP. La aspiración independentista no se ha batido en retirada, con la cola entre las piernas, cabizbaja y compungida, ni es presumible que vaya a disiparse en el aire. La nueva mesa significa sobre todo que la negociación política se desarrollará entre gobiernos que respetan las reglas del juego democrático.

La sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010 que limitó el alcance del Estatuto propició la primera exhibición pública de un recelo que empezaba a ser transversal. Por primera vez desde la restitución de la Generalitat, el entonces president José Montilla se puso al frente de una manifestación en protesta por el recorte del Estatuto aprobado en el Parlament, votado en referéndum y ratificado por las Cortes. Buena parte del combustible del que ha vivido el movimiento desde entonces tuvo que ver con la impavidez que sucesivos gobiernos del Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente, exhibieron ante los indicios de desafección, desapego o abierto rechazo hacia España en nutridos sectores de la población catalana. Pero la causa central de la frustración del proyecto independentista en su vertiente democrática, y no unilateral, está en la ausencia de una mayoría cualificada, consistente y prolongada en el tiempo en favor de la ruptura con el resto de España.

El error del president Montilla nada tiene que ver, sin embargo, con la sucesión de insumisiones jurídicas, legales y políticas que encadenarían los sucesivos mandatos de Artur Mas, Quim Torra y Carles Puigdemont como presidentes: la unilateralidad que defendieron y en que incurrieron quebró el funcionamiento de la Generalitat como institución. Eso es lo que parece haber terminado el miércoles pasado. Ha perdido el unilateralismo independentista y ha crecido en peso y autoridad la causa del independentismo democrático.

Pero quien ha recuperado peso político es la institución misma de la Generalitat como actor. Los mimbres están puestos para que la negociación sea algo más que la argucia de unos y otros, Gobierno de España y Gobierno de Cataluña, para ir viéndolas venir. Sin ese acto de valentía política, la mesa habría nacido coja; hoy nace fortalecida precisamente porque los socios del Govern aspiraron a debilitarla hasta dejarla en nonata. El primero de sus objetivos no es simple, pero es el más urgente: restituir la lealtad que permita desbloquear un conflicto que necesita calendario abierto, cifras precisas y expectativas realistas. En el empuje combinado de Pedro Sánchez y Pere Aragonès esta semana puede estar el embrión de una normalidad institucional que gran parte de la sociedad catalana y española ha reclamado sin éxito durante años.