Sánchez y Aragonès se enfrentan a dos años de turbulencias pese a su voluntad de blindar el diálogo

Lo que mal empieza no siempre acaba mal; a veces resiste con una mala salud de hierro. Es lo que ha sucedido con la relación entre Esquerra Republicana (ERC), Junts y su antecedente, la desaparecida Convergència. Gobiernan en coalición en Cataluña desde hace cinco años, un lustro en el que prácticamente no ha pasado un mes sin que los dos socios se tiraran los platos a la cabeza. Su tumultuosa relación puede contagiar la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central para poner solución al conflicto abierto por las demandas del independentismo.

ERC y su apoyo en la oposición, los anticapitalistas de la CUP, fijaron un periodo de dos años para que la mesa de diálogo dé resultados. Los dos años tienen una lógica: es cuando finaliza la actual legislatura en las Cortes. También es el plazo que se impuso el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para someterse a una cuestión de confianza y satisfacer las demandas de la CUP. Aragonès cambió el miércoles el guion al coincidir en la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que no era oportuno establecer límites de tiempo. Fuentes de las ejecutivas de ERC y del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) apuntan a EL PAÍS que primero son necesarios meses para ganar confianza mutua.

Dos gobiernos y cuatro grupos políticos son los protagonistas de la mesa de diálogo. Uno de los protagonistas, Junts, ha asumido el papel de saboteador de la negociación. El compromiso tácito era que solo tomarían parte en este órgano miembros de los dos ejecutivos; el partido presidido por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont propuso a cuatro representantes y solo uno era consejero del Govern. Aragonès se plantó y dejó a Junts fuera del escenario. Un representante de la ejecutiva de ERC lo interpreta así: “Cada partido asume una posición estratégica respecto a la mesa de diálogo”. Junts ha intensificado su oposición a las conversaciones con el Gobierno y los republicanos dan por hecho que los encontronazos seguirán.

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Aragonès no pone plazos a la mesa de diálogo

Assumpció Laïlla, diputada de Demòcrates, en el grupo parlamentario de Junts, vaticina que el diálogo fracasará: “Parece que estén negociando competencias a cambio de apoyos parlamentarios. Si fuera así, sería un fraude al independentismo y a los que queremos que se cumpla el mandato del 1-O [el referéndum de independencia ilegal de 2017]”. Invocar el 1-O es apostar por la separación unilateral de España, algo que tanto ERC como Junts admiten que es inviable en estos momentos porque para ello asumen que necesitan un apoyo social e institucional muy mayoritario.

ERC y Junts seguirán compartiendo poder porque no tienen alternativa, opina Ferran Pedret, diputado del PSC: “En cualquier país normal, esta competencia llevaría a la ruptura de la coalición. Pero no tienen otro remedio que continuar porque es muy elevado el coste de explicar a sus votantes que la independencia no es posible”. También desde la oposición, el diputado de los Comunes Joan Carles Gallego opina que “ningún actor político en Cataluña quiere ahora nuevas elecciones”: “Otra cuestión es que el Govern está tocado. Podría gobernar ERC en solitario, pero sería muy difícil”.

Los dirigentes de ERC y del PSC han rechazado que puedan gobernar juntos: las heridas del procés continúan abiertas. Los socialistas sí se han ofrecido a negociar los presupuestos de la Generalitat, y probablemente ERC continuará siendo un apoyo clave en el Congreso para el Ejecutivo de Sánchez. Pedret y Gallego coinciden en que los grandes acuerdos podrían llegar en la próxima legislatura, aunque en esta se irán produciendo avances concretos y gestos de cada parte a favor de la confianza. Pero los acuerdos también pueden ser regalos envenenados, como ha sido el caso con las diferencias sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat.

Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), no cree que la mesa de diálogo llegue hasta el final de la legislatura. “En un año el Estado entrará en modo de precampaña electoral. Sánchez utilizará el no acuerdo como muestra de firmeza”. Paluzie espera que el independentismo recupere fuerza de nuevo en ese momento, pero admite su temor a que acabe siendo “solo retórica” de los partidos de cara a las elecciones municipales de 2023. “Sea como sea”, dice la presidenta de la ANC “confío en que la presión popular y los acontecimientos externos, como las sentencias judiciales, hagan que ERC y Junts retomen la agenda de la autodeterminación”.