El Prat como paradigma

No parece que haya nada que celebrar en todo el episodio que protagoniza El Prat. El aplazamiento de la inversión prevista para la ampliación del aeropuerto, la frustración de un gesto tangible de colaboración entre gobiernos e incluso la rapidez fulminante con que se descarta una inversión millonaria no contienen ninguna buena noticia. La celebración entusiasta por parte de los alcaldes de la zona, con el destacado protagonismo de Ada Colau, tampoco es exactamente una buena noticia, a menos que Barcelona y Cataluña puedan prescindir de la discusión pormenorizada sobre los efectos que la ampliación pueda deparar tanto en el desarrollo económico y social del futuro como en la necesaria preservación de un ecosistema protegido.

Nada garantizaba que la ampliación de El Prat hubiese de convertir ese aeropuerto en un nodo intercontinental, pero ahora será más difícil. Su materialización exige la complicidad activa de las compañías aeroportuarias, pero a la vez esa iniciativa se complica sin la ampliación de la tercera pista. ¿Había margen de negociación para conciliar intereses dispares y ambos legítimos? Ya no lo sabremos, al menos en los próximos cinco años, de la misma manera que no sabremos si los estudios sobre avances tecnológicos en el control del ruido de los aviones permiten rebajar la alarma de los vecinos afectados.

La dimensión política de este conflicto, según han declarado ambos gobiernos, no afecta a la agenda de contactos ni a la mesa de negociación política para abordar el futuro de Cataluña, que mantiene su convocatoria para la próxima semana. Incluso algunas declaraciones altisonantes sobre el crédito que merece o deja de merecer el Estado, a las puertas de la manifestación del 11 de septiembre, parecen dictadas por la inmediatez conmemorativa de la Diada. Los desencuentros de los últimos días no deberían dañar el relevante compromiso político común de activar una mesa de negociación que relaje tensiones, cuadre un calendario creíble y programe resultados concretos.

La actual suspensión de la ampliación de El Prat, tras dos años de trabajos, se presta a una consideración que todos los actores involucrados tienen sin duda ya interiorizada: cualquier reforma potente en relación con la movilidad, el transporte y las nuevas ciudades deberá asumir en adelante su misma naturaleza conflictiva. No hay una vara de medir previa que sirva para todos los casos, y tampoco para El Prat: el coste podrá caer unas veces por el lado económico y otras por el lado medioambiental, pero cualquier forma de inflexibilidad o de intransigencia condenará la operación al fracaso y la parálisis. La negociación técnica, argumentada y en la medida de lo posible ajena a la instrumentalización política, será seguramente la herramienta para conciliar los intereses del crecimiento económico y las irrenunciables políticas medioambientales contra el deterioro climático. En todo caso, el aplazamiento del actual proyecto a cinco años es una señal para todos los que tienen la obligación de contar con los intereses económicos, ambientales y sociales de las inversiones de futuro. El debate es lo suficientemente serio como para que lo atraviese el cortoplacismo político, perdiéndonos la reflexión profunda sobre cómo caminar hacia la sostenibilidad.