UE: acertada ambición verde

La Comisión Europea lanzó este miércoles su gran apuesta legislativa contra el cambio climático. Bruselas aspira a transformar la economía comunitaria durante esta década para lograr un modelo libre de combustibles fósiles y de las emisiones que sobrecalientan el planeta. Las normas presentadas deben servir para que la Unión Europea cumpla con sus compromisos: reducir los gases de efecto invernadero en 2030 un 55% respecto a los niveles de 1990. En 2050, se tendrá que llegar a las emisiones netas cero, lo que supone el fin de los combustibles fósiles que han alimentado la economía desde la Revolución Industrial. Para ello, la Comisión fija que en 2030, el 40% de la energía que se consuma en la UE deberá ser de origen renovable (el doble que ahora). En su conjunto, se trata de una propuesta ambiciosa y bienvenida, que consolida el liderazgo global del bloque europeo en esta materia. Es un buen punto de partida para unas difíciles negociaciones entre instituciones y países que no deberían diluir la ambición.

Cuando se terminen de aprobar, las nuevas normas serán de obligado cumplimiento en la UE. Pero sus efectos irán mucho más allá de las fronteras de los Veintisiete. Uno de los ejemplos más evidentes es el del veto a las ventas de coches nuevos con motores de combustión a partir de 2035 que propone la Comisión. Esto forzará a los fabricantes de automóviles europeos a transformar su modelo hacia los vehículos eléctricos. Pero con esa prohibición en 2035 también se lanza un mensaje a los fabricantes de fuera: si quieren acceder al poderoso mercado comunitario, deben alejarse de los combustibles fósiles. Lo mismo ocurrirá con determinadas importaciones, que serán gravadas con un arancel climático europeo en función de su huella de dióxido de carbono según el plan de Bruselas. Hace más de tres lustros que Europa puso en marcha un sistema de comercio de emisiones que obliga a cerca de 10.000 fábricas e industrias del continente a pagar por el CO₂ que emiten. Bruselas plantea ahora ampliar esa obligación a otros sectores, como la edificación y el transporte. Pero, cansada de esperar a que el resto de países le pongan también un precio al carbono, la Comisión ha decidido implementar ese arancel climático. Todo este apartado es un pilar central del amplio plan.

Las medidas que pone sobre la mesa Bruselas llevarán a un encarecimiento de las formas más sucias de generar energía o de moverse para forzar la transición hacia las alternativas más limpias, como las energías renovables o la movilidad eléctrica.

Es, en su conjunto, un cambio justo. Pero que sea justo no significa que no pueda generar problemas como los que viven ya España y otros países europeos por el alza de los precios de una electricidad que todavía no es suficientemente limpia. Está por ver si el fondo social de 72.000 millones de euros que propone ahora la Comisión sirve para compensar el posible encarecimiento de la energía y evitar los impactos sociales. Unos costes elevados sin medidas de compensación para los sectores más vulnerables de la sociedad pueden suponer munición para populistas y frenar la imprescindible y urgente lucha contra la crisis climática. La negociación para la definitiva aprobación del plan será dura; las resistencias, fuertes. Pero está en el interés de la UE avanzar a buen ritmo, por motivos medioambientales, y también porque el liderazgo en este sector ofrecerá dividendos estratégicos.