Soluciones para los menores en Ceuta

Más de un mes después de la entrada de unas 10.000 personas en Ceuta, la ciudad está lejos de volver a la normalidad. Hay más de 800 menores en naves, un polideportivo y centros improvisados y por lo menos otros 200 están fuera del radar del sistema, probablemente, malviviendo en la calle. Esos son apenas los que fueron identificados por la Policía, porque hay un número indefinido de los que llegaron que viven en la ciudad como fantasmas. La situación es insostenible y la ciudad autónoma no puede hacerse cargo del futuro de tantos niños. Lo dicen sus autoridades, la Fiscalía de Menores y lo sabe el Gobierno. La solución, más allá del traslado de 200 niños a otras comunidades, no termina de llegar.

Las esperanzas de repatriarlos se han desvanecido ante las pegas de Marruecos y la negativa de sus familias. Así que Ceuta busca en solitario qué hacer con ellos, que deberían, además, estar escolarizados en septiembre. La ciudad descarta volver a apelar a la solidaridad de las comunidades autónomas, que suelen declararse al límite, y estudia cómo delegar en ONG el cuidado de sus tutelados en otros territorios.

La crisis en Ceuta ha acaparado la atención que hasta hace muy poco estaba centrada en otra emergencia: Canarias. Con la llegada de cientos de pateras y cayucos el año pasado, las islas pasaron a acoger más de 2.500 niños y adolescentes. Tampoco ahí hay capacidad ni recursos para atenderlos, alojarlos o escolarizarlos adecuadamente. Y estas limitaciones afectan también a la Fiscalía, que debe velar por que se garanticen sus derechos más básicos. Las autoridades canarias claman por soluciones desde finales del año pasado. Consiguieron 10 millones de ayuda financiera y lograron el traslado de 223 niños, pero el problema sigue ahí.

No hay ninguna señal de que la llegada de más niños vaya a terminar. Desde 2009, pasada la crisis de los cayucos, España asumió que la llegada de los más pequeños no sería un fenómeno puntual e introdujo en su ley de extranjería dos mecanismos que nunca ha usado. Uno es el plan estratégico plurianual para la integración de estos menores, que da a la Administración General del Estado el liderazgo para coordinar con las comunidades autónomas las medidas necesarias. Este plan debería formar parte de una más amplia política general de inmigración que conjugue la necesidad que tiene España de explorar soluciones para el envejecimiento de su población, la falta de mano de obra en determinados sectores y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. La ley también recoge la creación de un mecanismo de reparto de menores entre comunidades y la cesión de la tutela —y no solo la guarda— a las ONG. Doce años después, nada de esto ha salido del papel y se sigue improvisando.