Los sepultureros del derecho comunitario

El Gobierno conservador griego continúa violando el derecho de los peticionarios de asilo en frontera, expulsándolos ilegalmente sin previo examen a fondo de su solicitud, sin garantías. Lo hace, a menudo, con el beneplácito de la población local, o buscando su apoyo electoral. El Gobierno danés, tras haber ideado el apartheid social y urbano para aislar a los inmigrantes en barrios específicos, acaba de aprobar una legislación cruel que da una vuelta de tuerca a la retórica de la exclusión: contener a demandantes de protección internacional, incluso refugiados ya reconocidos, en campos de concentración fuera de la Unión Europea, comprando a gobiernos autoritarios y complacientes para esa sucia labor. Esta decisión favorecerá evidentemente a las compañías privadas multinacionales, disfrazadas a menudo de ONG, reforzando la tendencia a la subcontratación mercantil del control de los humanos “excedentes”. Otros Gobiernos de la UE no vacilan en devolver brutalmente, también en frontera, en flagrante violación de las reglas de Schengen, a migrantes que circulan legalmente en sus territorios, a los que denominan “migrantes secundarios” tras obtener debidamente la autorización en un primer país de entrada. Mientras tanto, la técnica de la devolución a golpes ―el push back característico de la agencia policial Frontex―, no ha dejado de crecer al tiempo que decae el deber de diligencia de las instituciones comunitarias para paralizar esta gravísima deriva del derecho comunitario de la UE. Lo saben. Pero nada se hace. En resumidas cuentas, impera la hipocresía, el doble discurso, y se fragua, poco a poco, un cínico relato de temor, desde los órganos institucionales de los Estados miembros y de la propia UE, respecto a los refugiados e inmigrantes.

El auge de la nacionalización de la política migratoria europea se ha debido a la incapacidad de la UE para elaborar una posición común sobre el asilo y, más profundamente, sobre la inmigración como variable clave en las relaciones geopolíticas con los países de origen. No cabe olvidar tampoco la confluencia de esas políticas y dinámicas con la violencia paralela de los países de origen y/o de tránsito. En el Mediterráneo, utilizan la inmigración como moneda de cambio en sus relaciones con los países europeos, con fin de conseguir recursos añadidos y posiciones de poder.

La parálisis de la negociación intereuropea sobre el “pacto migratorio” resulta precisamente de esta falta de visión global y prospectiva, más allá de la cuestión de las migraciones secundarias. Situación que demuestra, al fin y al cabo, la miseria intelectual y humana de Europa sobre la inmigración. Por otro lado, los acuerdos de Schengen nunca habían sido tan vaciados de contenido. La realidad es dramáticamente inquietante para el Estado de derecho en Europa: reinan en varios países europeos medidas represivas propuestas por la extrema derecha europea, como si ésta ya hubiera alcanzado el poder. De Dinamarca a Austria, los Gobiernos democráticos se dedican a ponerla en práctica. Así que los sepultureros del derecho comunitario no son necesariamente los que creíamos y pensábamos.