Los países del Mediterráneo redoblan la presión contra el pacto migratorio de Bruselas

Los cinco Estados mediterráneos de la UE redoblan la presión ante sus socios en materia migratoria. España, Italia, Grecia, Chipre y Malta han rechazado este sábado parte de las propuestas planteadas en el Pacto de Migración y Asilo que sentará las bases de la gestión de los flujos de migrantes y refugiados en el continente. En una declaración conjunta firmada este sábado en Atenas, los ministros del Interior y Migraciones han señalado que los textos del acuerdo, que llevan seis meses negociándose, aún mantienen “considerables desequilibrios” y están lejos de la solidaridad obligatoria que demandan. “Nuestras principales preocupaciones persisten”, afirman.

La negociación del pacto enfrenta a los países del Sur, los que más tensión migratoria mantienen en sus fronteras marítimas, con los del Norte y el Este europeo, que apuestan por posiciones más restrictivas y poco solidarias con sus vecinos mediterráneos. Las conversaciones son cada vez más intensas y en los últimos ocho días ya se han celebrado dos consejos con los representantes de Interior y Exteriores de los 27. La reunión de este sábado en Atenas era ya en sí misma un mensaje de unión en un contexto de cada vez más presión de socios como Francia y Alemania para ir avanzando en una negociación que no beneficia a los del Sur. Los términos de la declaración conjunta, además, sorprenden por una contundencia poco habitual en estas cumbres en las que se impone el lenguaje diplomático. Por primera vez públicamente, los cinco señalan las debilidades concretas de algunos de los pilares del pacto.

El bloque rechaza la propuesta de cribado rápido de migrantes en frontera, que obligaría a los países de entrada a separar a los inmigrantes económicos de los potenciales refugiados y a resolver sus procedimientos de retorno y asilo antes de que puedan transitar por el resto del continente. Esta fórmula “agravará aún más la situación ya de por sí desfavorable” de los países mediterráneos, advierten. Los cinco mantienen que el planteamiento “ignora las realidades sobre el terreno” de los procedimientos y los plazos y “supone una carga desproporcionada en las fronteras de la UE que no pueden transformarse en zonas de tránsito cerradas”, como ya ocurre, sobre todo, en las islas griegas.

La declaración insiste también en exigir una solidaridad obligatoria a sus socios que sigue sin aparecer en los textos. Durante la redacción del acuerdo, la Comisión Europea acabó ideando una fórmula de solidaridad a la carta para contentar al bloque de Visegrado, con Hungría y Polonia a la cabeza, que rechaza de plano acoger en su territorio a potenciales refugiados. En los términos del nuevo pacto, los socios podrían elegir entre aceptar reubicaciones de migrantes, colaborar económicamente con los estados con más presión migratoria o patrocinar retornos, pero los países del Sur mantienen que ese mecanismo “sigue siendo incierto” y que el acuerdo no les ofrece “suficientes garantías”.

El patrocinio para las devoluciones de migrantes, mantienen, es “insuficiente para lograr retornos rápidos y eficaces” y no resuelve la carga que seguirán asumiendo los países de entrada. El texto de la declaración apuesta por un mecanismo europeo de devoluciones y expulsiones coordinado por la Comisión y con el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex).

España ha conseguido incluir en la declaración una de sus principales demandas: la reubicación “automática y obligatoria” de inmigrantes y solicitantes de asilo, independientemente de cómo lleguen a sus costas. Esta era una cuestión que preocupaba especialmente a España por ser la única que asume las operaciones de búsqueda y rescate con sus medios nacionales. Madrid mostraba sus reticencias a que el único mecanismo de reparto que se contempla –ahora y en el acuerdo– beneficia solo a Italia y Malta y a los náufragos rescatados por ONG.

También en la línea que defiende España en todas las cumbres, el bloque aboga por aumentar la cooperación con los países de origen y de tránsito. “La prevención es la fórmula más efectiva para luchar contra la inmigración irregular”, ha declarado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.