Revolución fiscal

La reunión de los ministros de finanzas del G-7 (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Italia y Japón) ha concluido con un principio de acuerdo histórico sobre la tributación de las grandes empresas multinacionales. El más relevante es la imposición de una tarifa mínima del 15% sobre los beneficios. Además, aquellas grandes multinacionales con márgenes de al menos el 10% deberán pagar no menos del 20% de sus beneficios globales en los países donde realizan sus ventas, y no solo donde tengan la sede social. Se trata de una decisión no por tardía menos relevante para reducir la elusión fiscal de las grandes multinacionales, en particular de las digitales.

Desde hace años se viene denunciando el inquietante contraste entre las exigencias de cumplimiento de las obligaciones de tributación de la mayoría de los sujetos pasivos y la disciplina en las finanzas públicas, por un lado, y las prácticas de ingeniería evasiva de los grandes grupos multinacionales, por otro. La actuación desleal de algunos territorios por albergar las sedes de esas grandes empresas agudizaba una injusticia manifiesta que ha contribuido a minar de manera alarmante la confianza en la dinámica de globalización y en las capacidades distributivas del propio sistema económico.

La extensión y desigual distribución de los monumentales daños infligidos por la pandemia, así como la llegada a la presidencia estadounidense de Joe Biden, han contribuido a precipitar un acuerdo largamente reclamado sobre el cumplimiento justo de las obligaciones fiscales. A ello ha contribuido el reciente comunicado de los cuatro ministros europeos, entre ellos la española Nadia Calviño, contra el dumping fiscal que se ha visto favorecido por la existencia de paraísos fiscales, incluso en la propia UE, en un momento de grave deterioro de las finanzas públicas.

El acuerdo del G-7, que tendrá que ser ratificado el próximo viernes por los líderes, genera una nueva dinámica para las negociaciones en este ámbito que se desarrollan en el seno del G-20, por un lado, y bajo la égida de la OCDE con unos 140 países involucrados, por el otro. Cabe confiar en que a partir de ahora la justicia fiscal presida el necesario desarrollo de la economía digital y de los intercambios multilaterales. Para que esa consideración de “acuerdo histórico” sea en verdad efectiva será también necesario que la coordinación internacional entre los grandes países que lideran la economía mundial se extienda también a otros ámbitos, algunos de ellos reflejados en el comunicado de la reunión, como el desafío de que la vacunación llegue a todo el mundo o la lucha contra el cambio climático, cada vez más imprescindibles para que el conjunto del sistema económico sea más compatible con el bienestar de la mayoría.