Impuesto de sociedades

Las claves de las negociaciones para gravar a las multinacionales

El acuerdo alcanzado en el G-7 supone un hito y allana el terreno para la reunión del G-20 en julio

La secretaria del Tesoro de EE UU, Janet Yellen, atiende a los medios tras la reunión de este sábado del G7.
La secretaria del Tesoro de EE UU, Janet Yellen, atiende a los medios tras la reunión de este sábado del G7.POOL / Reuters

“Un acuerdo histórico”. El ministro de Finanzas del Reino Unido, Rishi Sunak, anunciaba así el consenso alcanzado este sábado en Londres en el seno del G-7 sobre la reforma de las reglas fiscales internacionales. Las siete naciones más desarrolladas del mundo han logrado un acuerdo para impulsar un impuesto mínimo de sociedades de “al menos el 15%” y una fórmula para que las multinacionales paguen impuestos ahí donde generan sus beneficios. Este hito no es el definitivo: todavía quedan varias reuniones clave este año para que se adopte una posición común a mayor escala. Pero es un primer paso que fija una postura contundente para frenar la elusión fiscal de las grandes corporaciones, que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) resta cada año unos 200.000 millones a las arcas públicas de los Estados.

El G-7 no tiene un papel formal en el proceso sobre la reforma del sistema fiscal a nivel global, liderado por la OCDE y el G-20. Este último se reunirá a principios de julio en Venecia en la cita que se considera clave para dar el empujón definitivo un nuevo orden tributario internacional. Lo que es cierto es que las naciones que conforman el G-7 ―EE UU, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido― suponen un bloque poderoso con un peso específico relevante y capacidad para presionar a los demás Estados. Tras el acuerdo de este fin de semana entre los ministros de Finanzas del G-7, la semana que viene se reunirán los jefes de Estado y de Gobierno de los Siete.

Esta semana también se han producido avances paralelos en Bruselas. La UE ha dado luz verde a la directiva que obliga a las multinacionales a desglosar los beneficios y los impuestos que pagan país por país, paraísos fiscales incluidos. También ha inaugurado un organismo independiente sobre fiscalidad (EU Tax Observatory), para que formule propuestas concretas sobre el sistema tributario comunitario, una de las políticas del bloque que hasta el momento ha esquivado la armonización que se ha impuesto en otras áreas.

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El Consejo Europeo, que representa a los 27, se reunirá a finales de junio, pero el orden del día no prevé debates sobre la imposición fiscal de las multinacionales. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha aplaudido sin embargo el acuerdo alcanzado en el G-7 y ha remarcado que Bruselas desempeñará un papel activo de cara a la reunión del G-20. “La Comisión contribuirá activamente a estos debates multilaterales en curso para garantizar que logremos un acuerdo ambicioso en julio”, ha señalado. Aunque Bruselas no tenga marcada ninguna fecha oficial para tratar el tema, en las reuniones de ministros como el Ecofin se suele dar cuenta de lo que se debate en los foros internacionales, y la idea es que la UE vaya acatando las conclusiones del G-20 y la OCDE.

La acción de la UE siempre se ha visto limitada por tener entre sus socios a países de tributación laxa, como Irlanda o los Países Bajos, que se han convertido en la puerta trasera de las multinacionales para desviar beneficios a paraísos fiscales. Ahora, una crisis económica sin precedentes y el giro radical de Estados Unidos ―Joe Biden ha propuesto un impuesto mínimo del 15% y un sistema para que las 100 mayores multinacionales paguen impuestos donde tienen beneficios― ha vuelto a poner bajo los focos unas negociaciones que con Donald Trump habían llegado a un punto muerto.

Apoyándose en una ingeniería fiscal cada vez más sofisticada, los grandes grupos han ido rebajando su factura fiscal aprovechándose de los huecos de la legislación vigente, diseñada en los años veinte del siglo pasado. Esta establece que las empresas abonen sus tributos ahí donde tengan presencia física. Un concepto que se ha vuelto obsoleto en un mundo global y digital. Estas triquiñuelas ―en su mayoría legales, de ahí el gran problema para los Gobiernos― han impulsado una carrera a la baja en el impuesto de sociedades en las últimas tres décadas. Tan solo en la UE, el tipo legal ha caído del 50% en los años ochenta a cerca del 22% actual, fruto de una competición fiscal cada vez más feroz entre países.

Ya en 2013, la OCDE y el G20 acordaron trabajar en un plan para limitar la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (un proceso conocido como BEPS) de las multinacionales. La OCDE, que lidera las negociaciones entre más de 130 países, preveía alcanzar un consenso en 2020 sobre sus dos pilares ―una fórmula para que las corporaciones paguen ahí donde tienen beneficios y un impuesto mínimo de sociedades―, pero la pandemia y sobre todo la salida de los EE UU de Donald Trump de las conversaciones congelaron el proceso.

En la reunión del G-20 en Venecia, a principios de julio, se espera un consenso, al menos político, sobre ambos pilares. España, Alemania, Francia e Italia ya han dado su respaldo a un impuesto mínimo de sociedades, en una carta de sus ministros de Economía y Finanzas publicada el viernes por EL PAÍS y otros medios internacionales. En octubre, habrá una cumbre del G-20 en Roma.

Un asunto que queda en el aire es la tasa Google: EE UU pidó en el G-7 que los países que la tengan aprobada, como Italia, Francia y el Reino Unido, la retiren. Tampoco se sabe qué impuesto mínimo de sociedades se acordará, aunque tras el acuerdo de los Siete y el planteamiento oficial de EE UU, el 15% gana cada vez más peso. Esta propuesta es menos ambiciosa de la que inicialmente avanzó Biden (21%) y defienden países como Francia. El economista Gabriel Zucman, director del EU Tax Observatory y uno de los mayores expertos sobre el tema, también considera que es muy bajo. En una reciente entrevista con este diario, aseguraba sin embargo que lo más urgente es establecer un marco común, independientemente del tipo que se acuerde. “Nada impide elevarlo a los países que quieran ser más ambiciosos”, aseguró.

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