El G-7, a un paso del acuerdo histórico sobre un impuesto mínimo de sociedades

El descomunal gasto público con el que los países han tenido que responder al embate de la pandemia ha acelerado debates que se arrastraban durante años. En concreto, el de la necesidad de un sistema fiscal justo y eficaz en la era de la economía digital. Los ministros de Economía del G-7, reunidos este viernes en Londres, están a un paso de alcanzar un preacuerdo histórico en torno a un impuesto mínimo de sociedades ―de un 15%― que frene las prácticas de dumping fiscal que llevan a cabo, sobre todo, las grandes empresas tecnológicas.

Es el primer encuentro cara a cara de los responsables de Finanzas de las siete economías más avanzadas del mundo desde que la crisis del coronavirus acabó con las grandes reuniones presenciales. Con las medidas necesarias de distanciamiento, los ministros han comenzado a preparar la decisión definitiva que deberán adoptar los jefes de Estado y de Gobierno del G-7 en la cumbre que se celebrará el próximo 11 de junio en la región costera británica de Cornualles. Antes de comenzar una intensa discusión que se prolongará hasta este sábado, sus participantes han podido leer la carta abierta firmada por los ministros de las cuatro mayores economías de la eurozona, publicada en EL PAÍS y los principales periódicos europeos.

“El dumping fiscal no puede ser una opción en Europa ni en ningún país del mundo. Esta práctica solo llevaría a una caída aún mayor de la recaudación del impuesto sobre sociedades, más desigualdad y la imposibilidad de financiar los servicios públicos básicos”, afirmaban en el texto la española Nadia Calviño, el francés Bruno Le Maire, el alemán Olaf Scholz y el italiano Daniele Franco. Denunciaban los cuatro la práctica llevada a cabo por las grandes tecnológicas de desplazar sus beneficios globales a aquellos territorios ―Irlanda, por ejemplo― que les ofrecen mayores ventajas fiscales. Eso a pesar de que su presencia es ya global, y sus ventas y beneficios son particulares en cada país concreto.

La convicción de que hoy más que nunca resulta necesaria una coordinación impositiva que evite la existencia de ganadores y perdedores en la nueva economía digital ha concitado en pocos meses el consenso que se persiguió sin éxito durante años. La nueva Administración estadounidense de Joe Biden ha sido la que ha puesto sobre la mesa la cifra del 15% ―aunque inicialmente propuso un 21%―, recibida con agrado por los socios de la Unión Europea, o por el nuevo actor solitario que es el Reino Unido después del Brexit. “El resto del mundo nos está observando”, ha dicho el ministro británico de Economía, Rishi Sunak, a sus invitados. “No podemos seguir dependiendo de un sistema impositivo que fue diseñado en su mayor parte en los años veinte del siglo pasado”.

El ímpetu alcanzado en Londres todavía deberá hacer frente a numerosos obstáculos. El acuerdo en torno a la necesidad de un impuesto mínimo de sociedades no implica que la cifra del 15% sea la definitiva. Y, en cualquier caso, la voluntad expresada por el G-7 será muy relevante, pero apenas será un primer paso en un debate mucho más global cuya siguiente escala será la cumbre del G-20 en Venecia el próximo mes de julio. Debe establecerse además qué criterios se aplican, por ejemplo, a compañías como Amazon, con cifras de ventas descomunales pero márgenes de beneficio más reducidos que el de Facebook o Google.

En el trasfondo de la discusión también existe un asunto que enfrenta a Estados Unidos y varios de sus aliados europeos. El Reino Unido, Francia e Italia han impuesto por su cuenta un gravamen digital que Washington considera injusto con sus empresas. Sobre todo, argumenta la Administración estadounidense, porque reciben ellas principalmente el “castigo” derivado de prácticas fiscales que realizan también muchas compañías europeas. De no alcanzarse un acuerdo, los sectores de moda, cosméticos y bienes de lujo del Reino Unido, Italia o España se enfrentan a subidas arancelarias de hasta el 25% en sus exportaciones al mercado estadounidense.

La Administración de Biden, representada en Londres por la secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, ha propuesto además una solución para que las 100 mayores multinacionales del mundo tributen ahí donde generan sus beneficios, independientemente de que tengan presencia física en el territorio. Este es el otro pilar, además de un impuesto mínimo global, en el que está trabajando la OCDE, encargada de coordinar las negociaciones entre más de 130 países para alcanzar un consenso sobre la reforma del sistema tributario internacional.

La Casa Blanca propuso en un principio elevar al 28% el impuesto de sociedades dentro de Estados Unidos ―tras la reforma fiscal de Donald Trump que lo redujo del 35% al 21%―, aunque el pasado jueves se mostró dispuesta a mantenerlo en el 21% actual a condición de establecer un suelo mínimo del 15% después de deducciones. Era un intento, sobre todo, de obtener mayor respaldo de la oposición republicana a sus planes de gasto.

En una muestra de que, incluso en el más entusiasta de los escenarios, las palabras siempre van más deprisa que los hechos, el ministro francés de Economía, Le Maire, aseguraba este viernes a la BBC que “estaban a un milímetro de alcanzar un acuerdo histórico”. Su homólogo japonés, Taro Aso, sin embargo, ya había advertido desde el lunes que no esperaba alcanzar el acuerdo sobre el impuesto mínimo de sociedades esta misma semana.