Estados Unidos da alas a la revolución fiscal

Tras menos de seis meses al frente del país más poderoso del mundo, Joe Biden ha puesto las bases para que se libre una revolución global. El nuevo presidente de EE UU ha pedido un impuesto mínimo de sociedades del 21% en todo el mundo, y ha propuesto que las mayores multinacionales tributen ahí donde generan beneficios. Este giro radical con respecto a su antecesor, Donald Trump, no solo desbloquea las negociaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), encargada de rediseñar las reglas fiscales internacionales. De alcanzarse un consenso, transformará las dinámicas tributarias y pondrá coto a un mal que cada año resta miles de millones a las arcas públicas: la elusión de impuestos por parte de las grandes corporaciones.

Los países dejan de ingresar 206.000 millones de euros cada año por el desvío de beneficios de las multinacionales a territorios de baja o nula tributación, según Tax Justice Network (TJN). Este organismo calcula que si en la OCDE se acordara un tipo mínimo del 20%, tan solo España ingresaría 4.300 millones más al año, casi un cuarto de lo que recauda por el impuesto de sociedades. “Las multinacionales serían gravadas a la tasa mínima aunque trasladen sus ganancias a una jurisdicción de tipo cero”, explica el director ejecutivo de TJN, Alex Cobham.

El problema de la elusión viene de lejos. Es 1933. The New York Times revela que el banquero J. P. Morgan no pagó nada en impuestos sobre la renta en 1931 y 1932. La noticia le vale las críticas del mismo presidente, Franklin Delano Roosevelt —con el que ahora tanto se compara a Biden—. El magnate, indignado, alega que no es lo mismo evadir impuestos que eludirlos. Solo lo primero es ilegal; lo segundo es el resultado de aprovechar las lagunas normativas con una argucia. La culpa, en definitiva, es de los políticos, incapaces de subsanar los vacíos de sus sistemas fiscales.

Esta anécdota aparece en el libro de los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, El triunfo de la injusticia (Taurus, 2021), y ofrece una imagen que se ha quedado casi inalterada a lo largo del último siglo. La gran diferencia es que hoy la elusión de impuestos se ha disparado gracias a la cada vez más sofisticada industria de la ingeniería fiscal, que ha crecido al calor de la globalización y de la digitalización. Multinacionales, paraísos fiscales y territorios de baja tributación —algunos de ellos, dentro de la misma UE— son los ganadores de este modelo, que ha erosionado las bases imponibles y generado una carrera a la baja en el tipo del impuesto de sociedades.

Carrera a la baja

Ante la competencia de jurisdicciones de baja tributación, los demás países redujeron impuestos para atraer negocios: el tipo medio de sociedades en la OCDE cayó del 32,2% al 23,2% entre 2000 y 2020 —el 25% en España—. En realidad, mucho de lo que se desvía son ingresos vacíos: un 40% de la inversión extranjera directa mundial es fantasma, según el FMI. Es decir, no tiene ninguna actividad productiva detrás.

La propuesta de Washington, adelantada por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, forma parte de un ambicioso plan —que también prevé elevar el impuesto de sociedades nacional y fijar un tipo mínimo efectivo del 15% sobre beneficios después de impuestos— para que la economía de EE UU recobre el vuelo tras la pandemia. El furor ha sido generalizado ante un problema compartido. De la UE al Gobierno español o alemán, hasta el FMI, han aplaudido la iniciativa. El director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo, Vitor Gaspar, explica que una imposición fiscal justa para las multinacionales no solo es importante para las arcas públicas: “También por la percepción más amplia de la equidad de los impuestos en las sociedades”.

Zucman da un paso más. Si la propuesta de EE UU se implementa, supondrá “un colapso” del modelo sobre el que los paraísos fiscales se sustentan. “No tendría sentido que ofrecieran tasas impositivas bajas”, explica: “Un impuesto mínimo global alto puede cambiar el rostro de la globalización, haciendo que sus principales ganadores, las multinacionales, paguen más en impuestos, en lugar de pagar cada vez menos como ha ocurrido durante las últimas cuatro décadas”.

Acuerdo en verano

Pascal Saint-Amans está al frente del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE, que lleva años intentando poner de acuerdo a casi 140 países sobre un impuesto mínimo de sociedades y un sistema para que las multinacionales, sobre todo digitales, paguen donde generan beneficios. La salida de Trump de las negociaciones congeló el año pasado el proceso, pero Saint-Amans espera que el giro de EE UU propicie ahora la “paz fiscal” gracias a un “acuerdo integral”. Confía en una solución política en julio y en tener los detalles técnicos para octubre. “Es el plazo límite. Es ahora o nunca”, afirma.

Los próximos meses serán intensos. La OCDE barajó un tipo mínimo del 12,5%, el mismo de países como Irlanda, refugio de multinacionales y una de las puertas traseras para desviar beneficios a paraísos fiscales, que ya se ha mostrado escéptico con el plan de Biden. Saint-Amans matiza que aún no hay consenso sobre el tipo mínimo adecuado, y que la negociación tiene ahora otra dinámica: “Dónde deberíamos aterrizar no lo sé, y es parte de la discusión”.

La propuesta de EE UU también supone un avance para que las multinacionales tributen donde producen beneficios, aunque no tengan ahí presencia física. La UE pretendía enfocar este esquema a las tecnológicas —con la famosa tasa Google—; Trump, antes de dejar las negociaciones, pidió aplicarlo a todas las multinacionales orientadas al consumidor. Biden ha estrechado el cerco: unos 100 grupos, responsables de cerca de la mitad de los beneficios corporativos mundiales. Países como Francia o España, que ya aprobaron unilateralmente una tasa digital, deberían retirarla si hay consenso sobre este nuevo paradigma, dice Saint-Amans, quien añade que la misma UE quiere un pacto global: “Creo que reconoce y respeta el proceso de la OCDE”.

La economista Jayati Ghosh, miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) —que pide un tipo mínimo del 25%—, coincide en que la propuesta de EE UU supone un cambio drástico que frenaría la carrera fiscal a la baja. “El proceso de la OCDE ha estado en marcha durante años con pocos progresos reales. No porque no se conocieran las soluciones, sino porque en última instancia la voluntad política no fue lo suficientemente fuerte entre los países desarrollados”, señala. Pero EE UU no es un actor cualquiera. Si la presión de Biden es fuerte, Ghosh cree que las reglas del juego cambiarán: “Gobiernos y ciudadanos de todo el mundo tienen mucho que ganar, y no se debe permitir que el poder de algunas grandes corporaciones lo impida”.