La OCDE fracasa en su intento de tener lista una ‘tasa Google’ universal para este año

La organización estima que el impuesto digital podría redistribuir alrededor de 85.000 millones de euros a nivel global. Aplaza a mediados de 2021 el embrión del nuevo tributo

 El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría.
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría.EFE

Los 137 países que negocian las bases de un nuevo modelo fiscal global en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) decidieron aparcar hasta mediados de 2021 el fin de las negociaciones que podrían desembocar en la llamada tasa Google. A falta del pacto político, que se esperaba para finales de este año, el organismo con sede en París ha redactado un informe con los grandes principios del impuesto en los que sí hay un acuerdo técnico. Según la OCDE, ese mecanismo permitiría redistribuir una recaudación tributaria de alrededor de 100.000 millones de dólares (85.000 millones de euros) a nivel global.

No habrá acuerdo este año sobre la tasa digital que ansían varios países europeos, en especial España y Francia. La OCDE, que coordina esas conversaciones, aparcó hasta mediados de 2021 el fin de unas negociaciones que se han visto ralentizadas por la pandemia de la covid-19. Y a la vez, el hundimiento económico hace que los ingresos tributarios que se derivan de la actividad de los grandes gigantes tecnológicos sean vitales para las haciendas públicas, que han incurrido en enormes déficits y deudas para atajar la emergencia sanitaria. “Llegará el momento en el que los gobiernos deberán concentrarse en poner las finanzas de nuevo sobre una base justa y sostenible”, señala el organismo con sede en París en un comunicado.

Bruselas, que cree que las tecnológicas son las grandes beneficiadas de esta crisis, se había puesto como fecha tope final de 2020. Si entonces no había acuerdo en el marco de la OCDE, tiraría adelante con su impuesto digital comunitario para sufragar los planes de reconstrucción. La nueva tasa busca que las grandes plataformas tecnológicas paguen impuestos allí donde tienen su actividad, y no donde ubican sus cuarteles generales o filiales. Eso supone una revolución en los impuestos de sociedades, vinculados a la sede social de la compañía. En el caso de la UE, muchas de esas sociedades solo pagaban el impuesto de sociedades en Irlanda, donde habían radicado su sede europea a causa de su baja tributación.

Avances técnicos

La OCDE, no obstante, ha celebrado que se haya avanzado a nivel técnico en los dos pilares que conlleva ese impuesto. El primero consiste en un paquete que implicaría que las empresas tributaran por su negocio en los países en los que operan, aun cuando efectúen las ventas de forma remota. El segundo, busca una base impositiva mínima que todas las multinacionales tendrían que pagar. A pesar de que no hay un acuerdo político para el impuesto impositivo, los documentos que ha publicado la OCDE trabajan con la hipótesis de una tasa mínima del 12% sobre los ingresos. No obstante, quedan aspectos clave que acordar, como el alcance del impuesto.

Ante la reunión del G-20 del miércoles, Bruselas descartó comentar si piensa seguir adelante con su impuesto, que es uno de los pilares del plan de recuperación. La OCDE pide evitarlo a toda costa. Según sus estimaciones, las propuestas que ha formulado permitirían redistribuir 100.000 millones de dólares de recaudación tributaria. Pero si los países se lanzan a la carrera de imponer sus tasas, la tasa de crecimiento mundial se reduciría en más de un 1% anual. “Es imperativo que llevemos este trabajo hasta la línea de meta. Si fracasa, corremos el riesgo de que las guerras fiscales se conviertan en guerras comerciales en un momento en el que la economía global ya está sufriendo enormemente”, sostuvo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.

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La UE aguarda también al resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, después de que la Administración de Donald Trump amenazara a España, Francia, Italia y el Reino Unido con represalias si seguía adelante con sus planes de crear ese tributo de forma unilateral. En España, el Senado dio luz verde la semana pasada al impuesto, por lo que podría entrar en vigor a principios de 2021, una vez hayan pasado tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, también recordó que el asunto será abordado el próximo miércoles en la reunión del G-20. “El trabajo realizado a nivel técnico constituye una base sólida para finalmente tener una decisión política. Todos los países deben seguir trabajando para tomar una decisión rápidamente”, afirmó.




Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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