Cambio en el mar Mediterráneo

“Desprecio letal”. Con esta contundente expresión encabeza el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas un duro informe en el que denuncia la terrible situación del flujo migratorio en el mar Mediterráneo y, en concreto, las políticas de retornos irregulares de migrantes a Libia que la Unión Europea apadrina para evitar su llegada a territorio europeo. La organización que dirige Michelle Bachelet, expresidenta socialista de Chile, ha puesto el dedo en una llaga que cada vez sangra más. Desde 2019 se han producido casi 27.000 devoluciones, en un ritmo de crecimiento constante, en un sistema en el que los guardacostas libios funcionan como ejecutores de una política europea de rebotes, con Italia y Malta como principales impulsores. El año pasado hubo 10.300 y en lo que llevamos de año ya son 8.000.

El Alto Comisionado lo considera con razón un “sistema fallido de gobernanza migratoria” y hace responsable a la UE de miles de muertes evitables. El último recuento eleva a 2.739 las muertes en naufragio en la ruta central del Mediterráneo desde 2019 y el problema, lejos de solucionarse, se enquista. Otro informe del Alto Comisionado y de la Organización Internacional para las Migraciones emitido en septiembre pasado advertía de que la actual política migratoria y de asilo era “inviable e insostenible” y de “consecuencias humanas devastadoras”.

Los retrasos en los rescates y la estrategia de devolución ponen en riesgo la vida de los inmigrantes, algo que se ha denunciado ya muchas veces. La normativa europea obliga a llevar a un puerto seguro a las personas que se rescatan en alta mar, y los de Libia no lo son. Los inmigrantes interceptados por los guardacostas libios financiados con fondos europeos los conducen a un país que es en realidad un Estado fallido, donde todo tipo de mafias les someten a abusos y los explotan a veces en condiciones de esclavitud. También en el Egeo se producen devoluciones desde Grecia a Turquía en las que se incumple la normativa de asilo y se vulneran gravemente los derechos humanos.

Ninguna de las críticas contiene nada que no sepa ya la UE, que lleva tiempo intentando un pacto migratorio. El problema es sin duda complejo, pero el asunto no admite más demoras. El presidente del Gobierno italiano, Mario Draghi, pretende que se discuta en la cumbre de jefes de Estado del 24 de junio y sería deseable que todos hicieran un esfuerzo para acabar con esta situación de bloqueo que cuesta vidas. La oposición de los países del Este a cualquier compromiso migratorio resulta inaceptable. Todos deberían hacer un esfuerzo para consensuar un proyecto que, como repite Draghi, debería ser “equilibrado, eficaz y, sobre todo, humano”.

No se trata de blindar las fronteras a cualquier precio. Tampoco es aceptable un sistema de acogida y repatriación que convierta los puntos de llegada en grandes campos de concentración de migrantes y refugiados varados y sin destino inmediato. El sistema que se adopte tiene que respetar los derechos humanos y ser justo con los países que, como España, Italia o Grecia, reciben la mayor presión migratoria. Porque es un problema de toda la Unión. Cuando deciden emprender una travesía llena de peligros, los migrantes que huyen de la guerra, la represión o la miseria, no piensan en el primer lugar en que pondrán pie. Piensan en Europa.