TRIBUNA
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Después de las ayudas directas, formación

Debemos poner en marcha un plan ambicioso para reciclar a los expulsados del mercado laboral que, por su baja formación, estarían condenados a ser desempleados de larga duración

Cola en una oficina de empleo de Valencia.
Cola en una oficina de empleo de Valencia.Rober Solsona / Europa Press

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La recuperación se retrasa. Los indicadores apuntan a una recaída de la actividad económica en el primer trimestre del año, que seguiría al estancamiento sufrido ya en el último trimestre de 2020. El Banco de España en su escenario central de previsiones apunta a un descenso del PIB del 0,4%, cifra idéntica a la esperada de media por los analistas privados agrupados en el Panel de previsiones de Funcas. Entre los datos más preocupantes se encuentra el fuerte deterioro del empleo en el sector de la hostelería en febrero, que sufrió el peor resultado desde los meses del confinamiento, con una intensa reducción en el número de afiliados y un fuerte incremento del número de trabajadores en situación de ERTE. A esto se une la destrucción de empresas en el sector que se vive ya desde noviembre, y que asciende a 15.000. En otras ramas, como el ocio, los últimos datos de empleo han sido igualmente preocupantes. Por otra parte, los resultados de la Central de Balances de 2020 publicada por el Banco de España reflejan un significativo aumento de las empresas con rentabilidad negativa y un deterioro de su posición financiera.

El programa de ayudas directas aprobado por el Gobierno debe servir para mitigar la destrucción de tejido empresarial en estos sectores más directamente afectados por la crisis. Sin embargo, los datos mencionados anteriormente sugieren que una parte de las empresas de estos sectores puede haber llegado ya a un punto de no retorno, sin posibilidades de hacer frente en el futuro a las deudas contraídas, y por tanto insolventes y condenadas a desaparecer.

Cabría distinguir, dentro de los sectores más afectados por esta crisis, entre, por una parte, las empresas que dependen fundamentalmente de clientes nacionales, y por otra, las que dependen del turismo internacional. Posiblemente la situación de las primeras sea, en general, algo menos asfixiante que la de las segundas, y también es posible que recuperen antes su actividad, en cuanto se levanten todas las restricciones a la actividad y a la movilidad. El enorme volumen de ahorro acumulado a lo largo de toda la pandemia nos permite mantener un cauteloso optimismo en cuanto a una recuperación rápida de la demanda nacional, y por tanto, a la vuelta a algo cercano a la normalidad en dicho segmento, aunque no sabemos hasta qué punto, ya que pueden producirse cambios permanentes en las costumbres y patrones de consumo. El turismo internacional tardará más tiempo en regresar a niveles previos a la pandemia, puede incluso que varios años, de modo que aquí es mayor el riesgo de destrucción de empresas y de empleo.

En cualquiera de los dos casos, la pérdida de tejido empresarial y de empleos va a ser inevitable. De hecho, a pesar de que se espera un crecimiento del PIB este año, todas las previsiones apuntan a un aumento de la tasa de desempleo, debido al afloramiento de ese paro que ahora permanece oculto bajo los ERTE –solo en el sector de la hostelería había en febrero 500.000 trabajadores en esta situación–.

La cuestión es cómo afrontar los efectos de esos cierres empresariales. Debemos empezar a pensar en cuál va a ser el siguiente paso de la política económica. El objetivo debería ser la puesta en marcha de un plan ambicioso de formación para reciclar a las personas expulsadas del mercado laboral, que dado su bajo nivel de formación medio, estarían condenadas en gran medida a convertirse en desempleados de larga duración. Es de destacar el hecho de que el 94% de las personas que en el cuarto trimestre de 2020 habían perdido su empleo, es decir 590.000, tenían un nivel de formación inferior al de secundaria completa, la quinta parte de los cuales eran mayores de 45 años. Se trataría, en definitiva, de afrontar una de las grandes carencias de nuestro sistema, que es la relativa a las políticas activas de empleo y la formación de los desempleados.

Las inversiones dentro del programa Next Generation de la UE pueden ofrecer, además de fondos para poner en marcha dicho plan, una alternativa de futuro a esos trabajadores. Así, la formación debería tener en cuenta preferentemente las demandas que van a generar, tanto dichas inversiones directamente durante la ejecución de las mismas, como la nueva economía hacia la que nos dirigimos basada en la descarbonización y la digitalización.

Evidentemente, esto no es suficiente para transformar estructuralmente nuestra economía dependiente del turismo en una economía orientada hacia sectores de alto contenido tecnológico. Esa es una tarea de largo plazo, que requiere, como ya se ha repetido en numerosas ocasiones, otras reformas importantes. Pero lo interesante es que los fondos europeos, junto con un buen plan de formación, nos ofrecen la oportunidad de evitar que un amplio grupo de trabajadores perjudicados por esta crisis queden excluidos definitivamente del sistema, como siempre ha sucedido después de cada crisis.

María Jesús Fernández es economista sénior de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).

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