La crisis: receta de herejes

Disciplina en el gasto público, control de la inflación y restricción en las funciones de los Estados fueron algunas de las “reglas de oro” durante años en varios países latinoamericanos. Frente a ciertos populismos y estatismos, estrategias más bien ortodoxas afirmaron el equilibrio fiscal y el fomento de la inversión; se produjo crecimiento y cierta reducción de la pobreza.

La pandemia en la región puso en evidencia, con un doloroso costo social, el hecho de no haber considerado el gasto en salud o en educación como inversiones públicas prioritarias. Las carencias actuales de los sistemas de salud están cobrándole a la sociedad esa omisión.

La “nueva normalidad” generada por la covid-19 está poniéndolo todo en cuestión. De cabeza quedan esas recetas “clásicas” y aparece como respuesta principal la prioridad en la masiva inversión pública. Desde espacios otrora ortodoxos, como Europa y EE UU, se apunta hacia objetivos diferentes de los tradicionales. En lugar de menos Estado y horror ante el déficit fiscal, más Estado y masiva inversión pública.

La región está sufriendo la mayor contracción económica en 120 años, de acuerdo a la evaluación de una entidad de rigor indiscutible como es Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el organismo de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. Este colapso está teniendo efectos económicos y sociales más serios que cualquier recesión previa, incluida la de los 30 del siglo pasado. Con una segunda ola golpeando y la tercera ya asomando, el panorama no pinta nada bien y llama a gritos a virajes decisivos.

Con el énfasis en inversión pública hoy marcando la pauta en EE UU, por ejemplo, vienen a la memoria analogías con respuestas exitosas que se dieron en el pasado ante crisis semejantes. Por ejemplo, el New Deal de Roosevelt en los 30 luego de la crisis del 29 o en Europa con el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, caracterizados por una masiva inversión pública.

Las respuestas que hoy se plantean desde instituciones “ortodoxas” no son para persistir en la ortodoxia y medicina de bajar el peso de lo público sobrevalorando lo privado. La crisis es de tal gravedad que en instituciones como CEPAL o el FMI se vienen identificando prioridades económicas, políticas y de inversión que dejan atrás mucho de la vieja ortodoxia.

Las amplias y variadas propuestas de CEPAL, por ejemplo, se resumen en dos componentes fundamentales.

De un lado, un papel más activo y protagónico de los países. Con base, en buena medida, a la constatación del papel irreemplazable del Estado en todos lados ante el ataque de la pandemia. En materia de vacunación, programas de asistencia y financiamiento de emergencia para las empresas. Responder a la crisis y “construir un futuro mejor” hace tener a los Estados más presentes y activos en el mundo entero. Contra la ortodoxia ultraliberal, que ad nauseam han predicado algunos, propone CEPAL todo un programa que priorice la inversión pública, la “protección social universal”, la inversión en la protección del medio ambiente, la inclusión y los impuestos directos gravando a quienes más tienen.

Por ejemplo, “favorecer la expansión del gasto público en salud y prestar una atención especial a los grupos vulnerables, en particular a los segmentos de ingresos bajos y a las personas mayores”, dentro de una estrategia en la que “se debe priorizar la inversión pública, el ingreso básico, la protección social universal, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), la inclusión digital y el desarrollo de tecnologías verdes” haciendo caer el peso de la tributación “en los impuestos directos y los que gravan la propiedad y el patrimonio”.

Por otro lado, estos enfoques sobre políticas nacionales se conectan a una presencia más activa y dinámica de las instituciones multilaterales. Pero ya no para blandir el látigo de quien opera como portaestandarte de los países o instituciones acreedoras, sino con el plan de canalizar recursos extraordinarios para los países jaqueados por la crisis dotando a los Estados de los recursos necesarios.

Así, por ejemplo, CEPAL exhorta a programas extraordinarios de canalización de recursos; una suerte de “mini plan Marshall”. No llama al FMI a que recorra la región con la alcancía de los acreedores sino a que emita 500.000 millones de dólares de Derechos Especiales de Giro que equivaldrían a cerca de 40.000 millones de dólares adicionales en reservas internacionales para destinar a las economías de la región. Condición para ello sería que el Grupo de los 20 (G20) se comprometa a capitalizar las instituciones multilaterales de crédito con recursos extraordinarios. Entre otros efectos esto podría aliviar el servicio de la deuda en varios países afectados por la crisis y permitir ejecutar la inversión y gasto público más urgente.

¿Será posible avanzar en esa dirección? Está por verse. Dependerá de la convergencia de un conjunto de decisiones políticas internas claras y coherentes. En tiempos en los que está en marcha una sucesión de elecciones presidenciales y parlamentarias, habría, en teoría, un escenario propicio para que esto se discuta y se ponga en el foco de los debates y de las campañas electorales.

En realidad, poco de esto viene ocurriendo pues esta nueva visión no guía hoy las políticas públicas latinoamericanas. En la campaña electoral presidencial en Perú, por ejemplo, la ausencia de visiones estratégicas ante la crisis queda ocupada por respuestas inmediatistas y simplistas que no parecen tener en cuenta las variaciones en marcha en políticas globales ni la magnitud de la crisis.

A partir de estas tendencias y urgencias -que se podrían resumir en “más Estado”- algunos dicen que la región estaría virando “hacia la izquierda”. Hay que tener cuidado con ello pues con esa lógica tendríamos que decir que el FMI o CEPAL se están “izquierdizando” y no parece ser el caso porque, en simultáneo, aparecen fuertes corrientes autoritarias frente a asuntos críticos como la seguridad pública. ¿Virando a la derecha, entonces?

El hecho es que estamos ante una crisis que ha puesto sobre el tapete urgencias inaplazables y de envergadura, que deberían dar curso al sentido común y a una manera razonable de hacer las cosas incluyendo a amplios sectores políticos y sociales.

Las polarizaciones en curso puedan darle espacio y legitimidad al discurso y propuestas autoritarias y distantes del orden democrático que vienen siendo muy fuertes. Por ejemplo, en más de media docena de candidatos presidenciales peruanos. No hay, pues, que dar nada por descontado.