Magia y despotismo en Managua

La creación de un Ministerio de Asuntos del Espacio Ultraterrestre en un país pobre y reprimido acelera la identificación de Nicaragua como república alienígena, sin barreras institucionales ni moral que impidan a Daniel Ortega y Rosario Murillo gobernar a su antojo y sumarse a la colonización de Marte. La ley es tan estrafalaria que los pasmados aún cavilan sobre sus verdaderos propósitos, más allá de considerarlo otra creatura del despotismo presidencial, y de las prácticas esotéricas de la vicepresidenta consorte, motejada en algunos ámbitos como la Gran Hermana.

La novela de Orwell que nos desazonó con la ubicua policía del Pensamiento y una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social, extrapolación del comunismo y del fascismo, encuentra su plasmación terrenal en la tinta de calamar despedida, en año electoral, por el nuevo ministerio de Managua, tan asombroso como las carteras del Amor, la Paz, la Abundancia y la Verdad de 1984.

No es posible abordar sin sarcasmos una iniciativa que remite al Tratado sobre el Espacio, suscrito en 1967 entre EE UU, el Reino Unido y la URSS, y en Nicaragua, a las maquinaciones del matrimonio en su planetario particular para no compartir el poder, recuperado en 2007 gracias a las componendas, entre ellas la urdida con la Iglesia católica a cambio de penalizar el aborto. Las ciencias del espacio más desarrolladas por las excrecencias del sandinismo son los oídos sordos a las denuncias, el matonismo parapolicial y el taponamiento de los espacios del pluralismo.

Desde hace dos años, un pelotón de amanuenses desplegado en los poderes del Estado sirve a sus señores destruyendo el universo de las libertades con leyes amedrentadoras, suficientemente imprecisas como para amnistiar a pistoleros encapuchados y criminalizar a la oposición cuando convenga de aquí a las generales del 7 de noviembre: la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; la Ley Especial de Ciberdelitos, trituradora de la libertad de expresión; la reforma del Artículo 37 de la Constitución; o la Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, que incorpora la cadena perpetua. Todas consagran las trampas semánticas necesarias para inhabilitar y encarcelar con cargos de golpismo y traición a la patria.

Resulta indignante la desfachatez de reglamentos que proscriben las protestas antigubernamentales, invalidan los procesos electorales y acorralan a la prensa y organizaciones de derechos humanos, tan imprescindibles ahora como cuando Ortega y Murillo reclamaban su solidaridad para derrocar al tirano. La comunidad internacional, que en 1979 aplaudió la revolución sandinista y la caída de Somoza, no sale de su asombro al ver el daño causado a la democracia y la decencia por la extraña pareja.