Columna
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Jueces fuera de la ley (y de la honestidad)

Si estos individuos cumplieran la ley, o si Lesmes la respetase, ya se habrían ido a casa hace tiempo

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, sentado junto a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrados este viernes en Oviedo.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, sentado junto a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrados este viernes en Oviedo.Ballesteros (EFE)

La parálisis del Poder Judicial, cuya cúpula está vencida, no se debe solo a los políticos: al “golpe institucional” del PP —como lo describía ayer en este diario Tomás de la Quadra-Salcedo— pues boicotea su sustitución, y a la torpeza del Gobierno intentando cambiar su normativa sin consenso. También, y antes que de ellos, es culpa de jueces y juristas de “reconocido prestigio” que integran el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Conculcan el Estado de derecho. Los 20 caducaron su mandato hace casi dos años, que se cumplen en diciembre. Todos. Dicta la Constitución que los vocales lo son “por un periodo de cinco años” (artículo 122.3). Y la Ley Orgánica del Poder Judicial (la 6/1985) recuerda que la Carta Magna “vincula a todos los jueces” (artículo 5), que “no aplicarán” reglamentos “contrarios a ella” (artículo 6), así que su cúpula ejercerá “de acuerdo” con lo que prescribe (artículo 104). Por tanto, el Consejo “se renovará en su totalidad cada cinco años” (artículo 568) y sus componentes “cesarán en sus cargos por el transcurso de los cinco años” o por su “renuncia aceptada por el presidente” (artículo 582), a saber, este Carlos Lesmes que zancadillea al Rey.

Si estos individuos cumplieran la ley, o si Lesmes la respetase, ya se habrían ido a casa hace tiempo. Lo hicieron sus predecesores en marzo de 1996, lo que obligó al Parlamento a trabar un pacto para sustituirles. Pero no solo se niegan a dimitir. Además, conspiran. Los más ultras presionan para convocar un pleno contra la (chapucera) reforma (propuesta por el Gobierno) de la ley orgánica que ellos mismos violan. Como son gentes sin ley, son sospechosos de hacerlo para perpetuarse. Cuatro de los siete abajofirmantes de petición de un pleno militan en la Comisión Permanente del Consejo: cobran igual que un magistrado del Supremo, entre 6.000 y 6.500 euros netos al mes. Son José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya y Nuria Díez Abad. Si alimentan un “interés directo o indirecto” en su actuación, son recusables (artículo 580.2).

Otros agitan desde los medios, como el talibán José María Macías, autor del paralelismo polaco-hispano sobre el Estado de derecho (en un artículo del 5/10), que inspiró al Gobierno de Varsovia a arremeter, el día 14, contra España. Macías, un día servidor del pujolismo, solo cobra dietas. Prefiere sus negocios como socio del bufete Cuatrecasas, compatibles, ay, con ser vocal simple del Consejo, desde donde promociona a los jueces que dirimirán sobre los asuntos que defiende. Se llama honestidad.

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