Masacres

Tan escabroso como quienes están asesinando jóvenes, porque casi todos lo son, es la respuesta del Gobierno contando en gráficos colocados en Twitter como si fuera una competencia de números sin rostro ni familia. Cuántas masacres ocurrieron en el periodo de ocho años del Gobierno de Juan Manuel Santos frente a las que han ocurrido en estos dos años de Iván Duque.

Esto solo muestra que, en lugar de buscar salidas, la preocupación es defenderse. ¿Quién organiza esos cuadros? El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tan acostumbrado a la política de tantos Gobiernos que han escondido las masacres tras sus distintas narrativas una y otra vez. No se equivoque. Esto está pasando en este Gobierno y ponerle el nombre de homicidios colectivos no cambia la gravedad de los hechos.

Ya están contadas y es una vergüenza. Son 33, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Siete por establecer y tres más en las últimas 24 horas. Los embajadores de Francia y Alemania se han pronunciado con preocupación, los medios del mundo relatan los hechos como lo ha hecho El País y The Guardian, que incluso califica de “estado de anarquía” la situación del suroeste colombiano.

Todo empezó a visibilizarse con el asesinato de cinco niños, jóvenes menores de edad en Cali. Niños de 14 y 16 años, algunos estudiantes, hijos de familias pobres y trabajadoras, y luego vino la tragedia de Samaniego, en una pequeña vereda llamada Santa Catalina en Nariño. Llegaron disparando. Los que se salvaron se hicieron los muertos.

No viven más de 50.000 personas en Samaniego. Un mes antes se había presentado otra masacre; ya había alertas de la Defensoría del Pueblo sobre lo que estaba pasando con la producción creciente de coca, 36.000 hectáreas sembradas, y la guerra entre las bancas del narcotráfico. 100 muertes por cada 100.000 habitantes. 120 hombres de un cuerpo élite en la zona y, ¿por qué no hay resultados?

Después vino Tumaco, también en Nariño, en la vereda La Guayacana. Asesinaron a seis jóvenes y dos siguen desaparecidos.

Los diagnósticos son los mismos durante décadas: disputa del territorio de las zonas dejadas por las FARC, un Estado que no copó con institucionalidad esos lugares, la coca, siempre la coca y los carteles, la corrupción política. Los mismos pronunciamientos de los organismos internacionales. Y entonces si todo se sabe ¿por qué la guerra se impone sobre la paz?

Y, como siempre, una discusión de números. Tras cada asesinato, el Gobierno sale a presentar su diagnóstico histórico en los territorios de la violencia, la oposición juzga la falta de acción definitiva para parar el desangre y los analistas repiten los mismos lugares comunes.

Todo vuelve y ocurre en los territorios donde la violencia es la dueña y señora, en donde una vez mandaron los paramilitares y luego de la ley de justicia y paz se fueron con su verdad sin responderle a las víctimas, y donde de la misma forma estuvieron las extintas FARC, hoy por el mismo camino, negando sus crímenes, uno de los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz.

En buena hora, aparece el ministro Álvaro Leyva con la propuesta de que Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño, Timochenko, confiesen todo, por igual, ante la Comisión de la Verdad. A ver si, además de construir una narrativa histórica real de lo que nos ha pasado, pudieran esas revelaciones ayudar a entender los modus operandi de la guerra y poner fin a estas masacres que estamos viviendo de nuevo. Pero ninguno parece muy dispuesto a enfrentarse en el espejo de la verdad.

Por el lado del Gobierno, todos actúan igual. Ningún Ejecutivo ha sido capaz de evitar las masacres. Mientras hablábamos de paz seguían matándose. Cuando llenan los campos de soldados, se corrompen o violan a las niñas indígenas que se atraviesan en sus hambrientas necesidades de machos armados, iguales a los victimarios que persiguen.

Ni siquiera sabemos quién está asesinando a esos jóvenes, hombres, mujeres que incluso parecerían no tener vínculos con los grupos armados pero que sí están en las zonas donde los guerreros impiden la sustitución de cultivos, los narcos y disidencias reclutan, todo entorno al negocio de las drogas.

Y, mientras tanto, la pandemia de la covid-19, que debería haber cambiado los comportamientos al descubrirnos a todos en nuestras vulnerabilidades iguales. Nada. Los de izquierda y derecha aprovechando la tragedia.

La izquierda acusa a la derecha y aprovecha la necesidad que deja la pandemia profundizando la crisis con irresponsable llamados a la desobediencia civil porque cree que, entre más hambre y muerte, mejor alternativa electoral tiene su populismo. Y la derecha, ocupada en defender a su líder de las cortes que señalan corruptas, como si la debilidad institucional no les fuera a hacer daño a ellos también cuando ya no estén en el poder y el equilibrio de poderes les juegue en contra.

Dejen de trinar lo indefendible. Nos están volviendo a matar. Punto.