El regreso del terror

En cuestión de pocos días se presentaron cuatro masacres en Colombia. Lo más complejo se vivió en la frontera con Venezuela, en el departamento de Norte de Santander, y en el sur del departamento de Córdoba. En este último lugar, en el municipio de San José de Uré, se presentaron dos masacres con algunas horas de diferencia. A todo este fenómeno se le suma una serie de ataques a la Fuerza Pública, que han dejado varios soldados heridos y muertos, así como enfrentamientos entre grupos criminales que han durado días. Una situación que no se veía hacia varios años. Las masacres habían disminuido fuertemente y los ataques grandes a la Fuerza Pública habían caído casi que a cero desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado Colombiano y la entonces guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político.

En el caso del sur de Córdoba, la disputa que desangra la zona desde hace dos años parece no detenerse, allí una guerra entre grupos neoparamilitares se ha cobrado la vida de decenas de personas, ha dejado desplazadas a centenares y, sobre todo, una violencia con sevicia que no se veía hace años. El Clan del Golfo y Los Caparrapos se disputan más de una decena de municipios. Para el caso de Norte de Santander, se vive una verdadera anarquía criminal, decenas de organizaciones criminales se disputan metro a metro el poder. Lo más delicado se vive entre la guerrilla del ELN y el grupo neoparamilitar de los Rastrojos. Este último ha sido el responsable de las últimas tres masacres en la zona. No se debe olvidar que los Rastrojos se hicieron famosos hace poco más de un año, ya que fue el grupo criminal que ayudó a Juan Guaidó a pasar de Venezuela a Colombia, para el famoso concierto de la frontera.

Disputas como estas se viven en al menos seis zonas del país, y todo parece indicar que se está produciendo un fenómeno que se conoce como empate técnico negativo. Es decir, ninguna de las organizaciones criminales o grupos armados ilegales es lo suficientemente fuerte como para imponerse sobre los demás. Esa situación lleva a que se esté recurriendo a la violencia sobre la población civil o sobre lo que los enemigos consideran su base social. Por ello, el aumento de la violencia contra la población civil. Dicho empate técnico negativo provocará la degradación de la violencia y una agonía larga de por lo menos otro año de disputa criminal.

En medio de esta situación, preocupa la falta de operatividad de las fuerzas militares y lo que muchos analistas llaman una parálisis institucional. Esto se estaría presentando desde hace un buen tiempo, pero nadie tiene una explicación convincente de lo que pasa. Lo cierto es que parecen incapaces de controlar el incremento de la violencia en varias regiones del país.

Además de la situación de disputa criminal, el asesinato de líderes sociales no se detiene, al igual que el asesinato de los firmantes de la paz o excombatientes. De estos últimos, son más de 200 los asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Es tan preocupante la situación que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó acciones inmediatas para su protección. Cada muerto regresa más gente de la entonces guerrilla de las FARC a las armas, es decir, a las disidencias. Los exguerrilleros se sienten totalmente desprotegidos.

En materia de seguridad, nada le ha funcionado al Gobierno de Iván Duque. Lo que parece claro, por otro lado, es que en varias regiones del país la violencia ahora se enfocará contra la población civil, lo que hace necesario medidas de protección inmediatas para parar un baño de sangre. Lo más complicado se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela.