Opinión
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Los hombres bomba

El Estado colombiano ha intentado matar al periodismo muchas veces. La última, acaba de ser descubierta

El comandante del Ejército colombiano, Nicacio Martínez Espinel, el pasado 20 de mayo durante una comparecencia.
El comandante del Ejército colombiano, Nicacio Martínez Espinel, el pasado 20 de mayo durante una comparecencia.LUISA GONZALEZ / REUTERS

Durante casi todo el 2019 hombres de inteligencia del Ejército colombiano tuvieron como tarea investigar, seguir, analizar y perfilar, de manera masiva e indiscriminada, a decenas de periodistas. No importaba el medio para el que trabajaban, si eran colombianos o extranjeros.

Los militares tenían que realizar fichas de los reporteros donde incluían datos sobre sus amigos, familiares, fuentes y seguidores de sus redes sociales. También, recogían información de georeferenciación con los lugares que ellos habían visitados durante varios meses. Minuciosos perfiles de, al menos, 30 periodistas.

Se trataba de entrometerse en su vida personal, e indagar sobre estos asuntos: ¿qué temas cubren? ¿con quiénes se reúnen? ¿a quién sigue en Twitter?. Hasta el último like que diera un reportero podía ser relevante para encasillarlos en documentos de inteligencia política. Esta información era clasificada como Casos destacados. En una de esas carpetas, la del corresponsal en Colombia para The Wall Street Journal, hay una reseña que dice: "Tiene amigo a León Valencia y es simpatizante del partido verde. Simpatizante de las FARC”.

En otros casos, esas conclusiones, hacen mención a su raza o religión: “Es musulmán, es negro”. Eso apuntaron en otra carpeta, la de un periodista que trabaja para The New York Times. Otros reporteros comparten carpetas con líderes guerrilleros. En algunos casos son jóvenes periodistas que han servido de puente o han realizado entrevistas con integrantes de esos grupos. Se trata de llevar el trabajo periodístico al campo de la guerra. Anotaciones temerarias que etiquetan a los periodistas con grupos criminales a partir del contenido de sus trabajos periodísticos. Un entramado que deja en evidencia que la entidad más poderosa del Estado colombiano, el Ejército, no tolera, en lo absoluto, el trabajo de la prensa, ni respeta los fundamentos de una democracia.

¿A quién, en el Ejército o en el Gobierno, le interesa etiquetar a los periodistas como actores peligrosos y poner en riesgo sus vidas? ¿Quién ha ordenado el gasto de millonarios recursos para estas operaciones?

Según revela Las Carpetas Ocultas, la detallada investigación realizada por la revista Semana, el dinero que financiaba esta operación venía, en parte, de la cooperación que Estados Unidos le da a Colombia. “A los norteamericanos no les va a gustar que parte de su propia plata, de los contribuyentes, como dicen ellos, se haya desviado de los fines legítimos para la que la entregaron, la lucha contra terrorismo y narcotráfico, y terminara usada para escarbar la vida de periodistas de importantes medios de su propio país. Eso va a ser un lío”, le aseguró una fuente a la revista.

Durante años, Colombia se ha encargado de reciclar a hombres y mecanismos que han sido útiles para espiar a la prensa. Sin excepción, en todos los Gobiernos de las últimas cuatro décadas han existido aparatos estatales con recursos y órdenes claras para espiar a la prensa. A los encargados de este trabajo los conocen como "hombres bomba". Son sujetos que conocen las miserias de las instituciones, bien sea el Ejército, la Policía, o la Fiscalía. Por supuesto, se trata de personas que conocen bien los pecados de sus superiores o de algunos políticos.

Son los mismos “hombres bomba” que trabajaron para Andrómeda, una oficina de espionaje que operó durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Y, los mismos que convirtieron el DAS, un departamento de Seguridad nacional, en una empresa criminal que persiguió, amenazó y torturó a periodistas, durante varios años del Gobierno de Álvaro Uribe.

Son los hombres que saben demasiado, o las “manzanas podridas”, cómo de manera indulgente los llama el presidente Iván Duque; aquellos que la cúpula militar prefiere mantener en las tropas y taparles sus crímenes, antes que enfrentarlos.

La guerra sucia del Estado contra periodistas, considerados como peligrosos por el establecimiento, fue la misma que persiguió a Gabriel García Márquez, hasta obligarlo al exilio; también a Daniel Samper Pizano, Olga Behar y Antonio Caballero, por mencionar algunos. Se llamó el Estatuto de Seguridad y se llevó a cabo con férrea disciplina entre 1978 y 1981. Los hombres encargados de las ilegalidades durante esos años nunca fueron condenados.

Por esos años, Guillermo Cano, periodista emblemático de Colombia, asesinado por Pablo Escobar, escribió en El Espectador, periódico que él dirigía, una columna titulada Estado policivo. Su pluma advertía: “Al Estado Policial se llega cuando todas las armas constituidas para defender la honra, los bienes y la vida de los ciudadanos se van convirtiendo o se convierten en dueños implacables de esos mismos bienes, de esas mismas honras, de esas mismas vidas, para decir a las malas, porque a las buenas no le sirve, qué hacer o deshacer con ellas derribando paulatinamente o de un tajo todo cuanto constituye el Estado de Derecho”.

Los detalles de este nuevo caso de espionaje están en poder de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía desde diciembre del 2019. Sin embargo, no hay indicios de que las investigaciones avancen y por el contrario, hasta ahora, el caso sigue la misma receta de impunidad y quienes deben dar respuestas esquivan las preguntas fundamentales: cuál es el origen de la iniciativa de estos perfilamientos; cuál es su propósito y; quienes, militares y políticos, tuvieron acceso a la información recopilada.

Jonathan Bock es subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

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