El hoyo negro de la Fiscalía de Sinaloa

Era el 11 de septiembre de 2004. Al estacionamiento de la Plaza Cinépolis de Culiacán llegó un comando armado. Tenían un objetivo: Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano del célebre y ya muerto Señor de los Cielos. Lo lograron: asesinaron a El Niño de Oro junto con su esposa Giovanna; también a un cuidacarros que ahí trabajaba.

Pero el escándalo surgió de otra persona menos conocida: el comandante Pedro Pérez, herido en la refriega. Pérez había sido condecorado por detener a peligrosos criminales en Sinaloa, pero ese día no peleaba para “los buenos”, sino como escolta de Carrillo Fuentes. Estaba activo como policía y tenía gran experiencia. La revelación de su participación evidenció la colusión de la policía ministerial bajo el mando de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, el Comandante Chuy Toño, con el crimen organizado sinaloense. El gobernador era el priista Juan S. Millán, quien a pesar de tener un poderoso aparato de espionaje dijo no saber del hecho. Chuy Toño estuvo prófugo por años hasta que lo rescató el panista Mario López Valdez, lo hizo jefe de facto de la seguridad estatal y lo jubiló con honores. Murió por covid, pensionado por el Gobierno, mientras ‘El Vicentillo’ Zambada lo ubicó en la nómina de su padre durante el juicio de El Chapo.

No era la primera vez ni sería la última que la policía ministerial y la Fiscalía de Sinaloa (FGE) estaría en el ojo del huracán por su colusión con el crimen organizado.

Esta semana un agente en activo de la Fiscalía fue asesinado a balazos mientras hacía el súper en Mazatlán y apenas el 25 de julio pasado, José Rosario Heras López, El Comandante Chayo, policía ministerial en activo y que llegó a ser coordinador durante el Gobierno de Quirino Ordaz y bajo el mando del primer fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, desapareció mientras fungía de escolta de ‘El Mayo’ Zambada en Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán.

Ese día El Mayo fue secuestrado por iniciativa de Joaquín Guzmán López, ambos cruzaron la frontera y fueron puestos bajo custodia del Gobierno estadunidense. Joaquín, en conjunto con su hermano Ovidio, busca un arreglo en Chicago mientras que Zambada podría ir a juicio y enfrentar la pena de muerte.

La revelación de la participación de Heras López como escolta personal de Zambada fue un primer golpe en la imagen de la fiscal Sara Bruna Quiñónez, otrora una jueza respetada; imagen que acabó por derrumbarse definitivamente cuando la FGR evidenció el montaje del supuesto robo de vehículo que la FGE perseguía como principal línea de investigación del asesinato del cacique de la UAS, Melesio Cuén, ese mismo 25 de julio, y que obligó a Quiñónez a renunciar.

Ahora que esa traición ha sumido a Sinaloa en una de las crisis de violencia más complejas y profundas de su historia, los sinaloenses y, en especial los culichis, se preguntan a diario cómo volver a “la paz”.

El asunto no tiene una sola respuesta, mucho menos una simple ni inmediata, pero habría que empezar por decir algo que de tan obvio, lo olvidamos: no hay manera de construir una paz verdadera si no ponemos atención, tiempo y dinero en la justicia.

Jacobo Dayán, experto en justicia transicional, suele postear: “Les recuerdo que en México se perpetran crímenes de lesa humanidad con absoluta impunidad”. Y a veces complementa: “No hay más que dos alternativas: 1. Fiscalías verdaderamente INDEPENDIENTES, un mecanismo internacional contra la impunidad y una comisión de la verdad independiente; y 2. Seguir leyendo ad nauseam casos similares y no hacer nada”.

Jacobo tiene razón. Vivimos en la segunda alternativa: todos los días leemos “casos similares”: 83 homicidios por día compuestos de asesinatos en la vía pública, masacres, feminicidios y casi 30 personas desaparecidas por día, de las cuales más de la mitad nunca son encontradas o son halladas muertas en fosas clandestinas que sus madres hurgan. La impunidad de esos delitos es prácticamente absoluta.

En Sinaloa, tras el relevo de Sara Bruna Quiñonez por Claudia Zulema Sánchez Kondo, la Fiscalía estatal vuelve a estar en la picota por el asesinato de un exagente ministerial que había sido separado del cargo por circular en un vehículo robado. Luis Alberto Payán Martín trabajó por más de 20 años en la dependencia y para no llegar al juicio pagó, así de un golpe, 1,5 millones de pesos en reparación del daño. Luego fue privado de la libertad y un día después lo mataron frente al Congreso del Estado. Estaba torturado y le dejaron un mensaje en una cartulina fluorescente.

El caso de Payán exhibe de nuevo el hoyo negro en el que lleva décadas convertida la Fiscalía de Sinaloa. Y no es muy diferente del resto de los estados del país. Según el último estudio de México Evalúa, la impunidad en el país promedia 93,4 por ciento. Si lo multiplicamos por la cifra negra estamos ante un país prácticamente sin justicia.

Todas las semanas, el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, comunica la numeralia de la guerra: detenidos, decomisos de armas y droga, aseguramientos, “objetivos prioritarios”. Al mismo tiempo, la narrativa oficial empuja la elección judicial.

Pero lo que no se ve es voluntad y proyecto para limpiar y reformar la procuración de justicia en los Estados. Ese hoyo negro al que terminan conduciendo todos los caminos del crimen en el país. Y del que Sinaloa es solo uno de sus ejemplos más acabados.

Y solo para evidenciar aún más que la prioridad de este Gobierno no es la justicia: en Sinaloa, desde que la guerra entre los Guzmán y los Zambada detonó, han cambiado el secretario de seguridad, sus subalternos inmediatos, el Comandante de la zona militar, el titular del C4 y el Director del penal de Aguaruto; mientras que en la Fiscalía solo hay una nueva fiscal, todo lo demás sigue intacto.