El policía más peligroso de Sinaloa

El jefe de la Policía Ministerial de Sinaloa, Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, tiene un turbio pasado. Desde hace quince años es señalado de tener vínculos con el narcotráfico y en el 2010 su nombre apareció en un listado difundido por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) como parte de los hombres más buscados al servicio del crimen organizado. Pese a que no aprobó los exámenes que lo certificarían para realizar tareas en materia de seguridad, fue nombrado director de la Policía con el aval del gobernador Mario López Valdez. Ahora es investigado por tortura

El nombramiento del comandante conocido como Chuy Toño al frente de la Ministerial, la fuerza policial que depende de la Fiscalía estatal y se encarga de investigar los delitos, causó sorpresa. Después de haber permanecido siete años fuera de la escena pública, en 2011 fue nombrado titular de la corporación en el Gobierno de López Valdez. Cuando los reporteros le cuestionaron al mandatario por qué designó a un hombre con antecedentes criminales en ese cargo, respondió: “Con blancas palomitas no podemos enfrentar a la delincuencia”.

Aguilar Iñiguez no puede sacudirse los señalamientos que lo vinculan al crimen organizado. En junio de 2013 el semanario Río Doce, una publicación especializada en temas de seguridad, publicó un video donde un escolta del gobernador cuenta que los líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada pidieron al gobernador, en una reunión secreta, nombrar a Chuy Toño como director de la Policía Ministerial.

Chuy Toño es un hombre de todas las confianzas del gobernador y tiene todo el respaldo del cártel de Sinaloa, asegura Javier Valdez, periodista de Río Doce. “Él no podría estar en ese puesto sin el visto bueno del cártel, el narco dicta quien va a estar ahí para que facilite su operación”, afirma. Un ejemplo es que la Ministerial realiza los operativos más intensos en las zonas donde tienen una mayor presencia Los Beltrán Leyva, enemigos del cártel de Sinaloa, explica Valdez. Además, cuando detienen a integrantes del grupo rival los presentan antes los medios de comunicación e informan a qué organización pertenecen. En cambio, cuando los operativos se realizan en Culiacán –el corazón operativo de la organización sinaloense- hay escasos detenidos que no son presentados públicamente. “Ellos (policías) hacen el trabajo sucio, despejan el camino al cártel de Sinaloa y le quitan a los enemigos”, afirma el especialista en temas de narcotráfico.

El torturador

Aguilar Iñiguez ahora es investigado por tortura. Los agentes a su cargo golpearon y asfixiaron con una bolsa de plástico a una mujer para que se confesara culpable de un homicidio. El caso de Yecenia Armenta, quien estuvo casi cuatro años presa acusada del asesinato de su esposo y fue liberada el pasado 7 de junio, fue retomado por Amnistía Internacional, quien emprendió una campaña a favor de su liberación. Martín Robles Armenta, subprocurador de Justicia del Gobierno de Sinaloa, dijo al diario Noroeste que el jefe policiaco y sus subordinados son investigados desde septiembre de 2015, pero ninguno ha sido separado de su cargo.

Uno de los problemas más graves que padece Sinaloa, dice Mercedes Murillo Monge, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, una organización que defiende los derechos humanos, es la tortura. Durante 40 años que lleva como activista, casi todos los casos de tortura que llegan a su agrupación civil son cometidos por policías. “Nosotros lo que decimos es que se tiene que investigar quien manda torturar y se tiene que correr a esas gentes; una persona que tortura una vez lo hace para siempre”, dice. Además, la inseguridad ha tenido en aumento en esta administración, afirma Murillo. “Desde que (Chuy Toño) llegó otra vez a ocupar el puesto, los policías hacen lo que les da su gana y es una cosa impresionante la inseguridad, otra vez estamos con tantos muertos”, se queja.

Aguilar Iñiguez es un policía de carrera, destaca Javier Valdez, pero no es un servidor público con una formación científica apegado a la ley y mucho menos respetuoso de los derechos humanos. “Mucha gente inocente es detenida por la policía, es extorsionada, torturada, desaparecida y asesinada” agrega el periodista. 

El entonces subprocurador de la Fiscalía General (PGR), José Luis Vasconcelos, reveló que investigaba a Aguilar por sus presuntos vínculos con el cártel de Juárez. También, agregó, había denuncias que lo acusaban de proteger a Ismael El Mayo Zambada. A mediados de octubre de 2004 las autoridades federales le catearon dos casas en Mazatlán y le giraron una orden de aprehensión por delincuencia organizada, lavado de dinero y fomento al narcotráfico. Tres meses antes la Fiscalía estatal le había abierto una investigación por enriquecimiento ilícito al darse a conocer que tenía dos residencias que no correspondían con su sueldo.

En mayo de 2010 la PGR difundió un acuerdo donde ofrecía una recompensa para quien proporcionara información por 33 lugartenientes, sicarios y lavadores de dinero del narco. En el listado aparecía Jesús Antonio. Un año después, cuando Chuy Toño había asumido la dirección policial dijo en una entrevista con Noroeste que había quedado absuelto de los cargos que le fincó la PGR porque se trató de un error administrativo. “Mediante el amparo me defendí, aporté todas las pruebas...y así fue como demostré que no tengo nada que ver con cosas ilícitas".