“El acceso a las vacunas desnuda la desigualdad en la región más desigual del mundo”

A más de un año del inicio de la pandemia, al menos 60 millones de personas se han contagiado en América y casi 1,5 millones han muerto de covid-19, según cifras oficiales. El virus no ha distinguido fronteras, desde los países ricos del norte global hasta los gigantes emergentes y los territorios insulares más pobres y rezagados. Pero la vacunación sí. Mientras Estados Unidos se afianza por mucho como el país más con más inmunizaciones, Latinoamérica concentra alrededor del 30% de las defunciones mundiales, pero menos del 10% de las dosis aplicadas. “El acceso a las vacunas desnuda la desigualdad en la región más desigual del mundo”, afirma Soledad García Muñoz (Arenas de San Pedro, 1969), al frente de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca).

La oficina, abierta apenas en 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha tenido que asumir con la llegada del virus el diagnóstico de un continente que parece haberlo visto todo en poco más de 12 meses: el desabasto de medicamentos e insumos cruciales, la corrupción en el reparto de inyecciones, el aumento de la pobreza y la vulneración recurrente de las garantías fundamentales. “La crisis que estamos viviendo no tiene precedentes y es sanitaria, económica y social”, señala García Muñoz en entrevista telefónica.

A principios de abril, la Redesca y la CIDH emitieron una resolución para impulsar el reparto equitativo de vacunas en 35 países del continente y que insta a sus Gobiernos a reconocer la vacunación como un derecho humano básico. Un documento que atañe, por los compromisos internacionales de cada Estado, tanto a Paraguay que ha aplicado menos de 100.000 dosis como a Chile, el país latinoamericano más avanzado respecto del tamaño de su población. En el mapa de la desigualdad, países caribeños como San Cristóbal y Nieves han aplicado poco menos de 11.500 vacunas; Dominica, 18.400, y Santa Lucía, alrededor de 24.000 dosis.

García Muñoz cita las desigualdades de origen como uno de los principales factores para explicar las diferencias entre países y dentro de ellos en la vacunación, pero en el medio hay variables como la geopolítica, la corrupción y las posiciones aislacionistas y nacionalistas. “Las personas con más necesidad son a menudo también las últimas en la fila”, lamenta la abogada hispanoargentina. Para muestra, nueve de cada diez personas en países pobres no tendrán a acceso a ninguna vacuna contra la covid en 2021, advierte la Organización de Estados Americanos.

Ese mapa de la desigualdad tiene varios focos rojos identificados por la CIDH, marcada por una gama de claroscuros en la respuesta a la pandemia. “Por ejemplo, la politización y opacidad de los procesos de vacunación, como ocurre en Venezuela, donde el acceso a las vacunas está determinado por la pertenencia política”, alerta la relatora. En Nicaragua y Venezuela, comenta, “la situación de las personas que trabajan en el sector salud es crítica”, por el desabasto de dosis y de equipos de protección personal. “En la mayor parte de la región, el ritmo de vacunación es demasiado lento, lo que resulta especialmente preocupante en un país de dimensiones continentales como Brasil, con el mayor número de contagios y muertes tras Estados Unidos”, agrega García Muñoz.

El impacto de la pandemia en el continente también ha dado la vuelta al mundo por las gestiones y declaraciones públicas de varios gobernantes, como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil o Andrés Manuel López Obrador en México. Y cada vez más voces abogan por que tribunales internacionales se pronuncien sobre las respuestas y el negacionismo de la crisis sanitaria de varios Gobiernos. “Es un debate que está muy en la agenda de la sociedad civil y la academia”, cuenta. ¿Cómo se vería esto? Al menos en el sistema interamericano, no se podría hablar de “delitos” con “nombre y apellido”, sino de “responsabilidades internacionales” con llamamientos a los Estados. Se hablaría de cambios y revisiones que tendría que impulsar Brasil, con todas sus instituciones, por ejemplo.

Los señalados no son solo políticos, también el sector privado. “Este momento es histórico para el rol de las empresas, principalmente las farmacéuticas”, dice García Muñoz, “cada vez se hace más urgente que las empresas tomen el tema de los derechos humanos en serio”. La opacidad en los contratos firmados y los precios pactados para enviar antígenos, la reticencia a no compartir las patentes y los problemas de abasto que han provocado demoras siguen poniendo en la mira a los principales laboratorios.

En un horizonte que ha puesto de manifiesto lo mejor y lo peor de los valores humanos, García Muñoz se confiesa optimista. “Estamos ante una tesitura histórica y crítica para cambiar las cosas en favor de la humanidad del planeta”, afirma. Las vacunas se perfilan como la salida más viable, pero si la aplicación sigue siendo desigual, los problemas serán cada vez más graves. “Si no lo hacemos juntos, no vamos a salir”, insiste. Desde su perspectiva, la variable determinante será poner los derechos humanos en el centro de la respuesta. “Se necesita un replanteamiento profundo en la manera que vivimos como sociedades”, plantea, “en la medida que nuestra región sea capaz de desarrollar una actitud más empática, más solidaria, más de aprecio a la dignidad humana, hay esperanza”.

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