¿Mejorará una red pública de cuidadoras la situación de las familias monoparentales?

Antes de la pandemia ya era difícil cuidar y tener un trabajo remunerado. Después, se convirtió en (casi) un imposible. ¿Cómo sostener dos cosas tan enormes a la vez? En un año le hemos visto las costuras a un sistema ya de por sí deshilachado. Un sistema que poco o nada sostiene a los que menos hilos tienen, que les deja siempre al borde del roto. “Las familias monomarentales han sido de las más afectadas en la pandemia”, dice Carmen Flores Rodríguez, presidenta de la Federación de Familias Monomarentales FAMS. Desde que empezó la pandemia muchas madres han tenido que elegir entre seguir trabajando o cuidar a sus hijos e hijas. Otras mujeres ni siquiera han podido plantearse esta dicotomía. Según recoge el estudio Género y Pobreza: determinantes sociales de la salud y el acceso a servicios sociosanitarios de las mujeres, elaborado por EAPN, el 81,1% de los casi dos millones de hogares monoparentales están encabezados por una mujer. “Se trata de un tipo de hogar altamente feminizado, empobrecido y, por lo tanto, vulnerable”. Así lo señala Graciela Malgesini, responsable de incidencia política y asuntos europeos de EAPN, para quien una de las consecuencias más graves de la pandemia recae en los hogares monomarentales, que no cuentan con un apoyo económico y social sólido. “Las madres con hogares monoparentales tienen muchas más dificultades a la hora de conciliar y acceder al mercado laboral, lo que las lleva a acabar con salarios mucho más bajos que los hombres y a estar mucho más expuestas a la pobreza. La pandemia ha provocado una crisis diferencial: el 87% vio empeorar su situación personal debido a su situación laboral y el 27% aseguraba, ya desde ese primer momento, no poder hacer frente a los gastos de alimentación. Las tasas de estrés y fatiga mental de las madres se dispararon, con las consecuencias psicoafectivas que esto tiene en los y las menores a medio y largo plazo”, explica.

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Para Marta Seiz Puyuelo, doctora en Ciencias Políticas y Sociales e investigadora de la UNED, es importante recordar que el llamado Plan MECUIDA, vigente hasta diciembre de 2020, consistía en una reducción total o parcial de jornada con una reducción de ingresos equivalente. Una medida que “difícilmente pudo resultar una opción viable para familias con un solo progenitor, que muchas veces son dependientes de un solo salario”. Según Seiz, además, el teletrabajo no es posible en todos los empleos, algo que complica aún más su situación porque “la externalización del cuidado mediante la contratación de servicios remunerados puede ser también particularmente difícil en muchas de estas familias, dado su elevado coste en relación con el salario de un solo progenitor”.

Sabe de estas dificultades en primera persona Lucía (nombre ficticio), que forma junto a su hija de seis años una familia monomarental por elección. Trabaja para una compañía de servicios esenciales en la que tiene una reducción de jornada por sentencia legal, ya que su empresa se la denegó hasta en dos ocasiones. Desde el arranque de la pandemia no ha podido acogerse a ninguna medida de flexibilidad laboral: “Durante el confinamiento perdí la cuenta de las libranzas que tuve que emplear para cubrir aquellos primeros días. Terminé pidiendo una reducción al 100% para poder quedarme en mi casa con mi hija”, cuenta.

Raquel Villalobos también es madre soltera por elección de una niña de cuatro años y medio. Trabaja en el departamento de publicidad de un periódico local y tiene una pequeña reducción de horario que le permite organizarse mejor. “Mi hija y yo vivimos solas, pero tenemos cerca a mis padres, mi hermano y mi cuñada. Todos son de gran ayuda. Además, tengo amigas que son un gran apoyo”, señala. Aunque reconoce que pasa el día a la carrera para poder organizar trabajo, colegio, extraescolares y las tareas propias del día a día, pese a ese apoyo logístico, señala el tema económico como uno de los aspectos más complicados. “Me gusta darle a mi hija las mismas comodidades que yo he tenido y muchas veces es complicado con un solo sueldo. He tenido que reducir mi jornada laboral para poder conciliar y la bajada de sueldo se nota a final de mes”.

¿Mejorará el Plan Corresponsables la situación de las familias monoparentales?

El pasado 9 de marzo el Consejo de Ministros aprobaba el llamado Plan Corresponsables, un prometedor sostén para las familias con hijos e hijas de hasta 14 años consistente en la posibilidad de acceder a una red pública de cuidadoras (y cuidadores). El objetivo, según el Ministerio de Igualdad, es facilitar la conciliación de las familias que se encuentran en situaciones más desfavorables, por lo que tendrán prioridad las “familias monoparentales, víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra la mujer, mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres mayores de 45 años o unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados”.

El plan se iniciará el próximo mes de abril con el reparto de 190 millones de euros a las comunidades autónomas y contará con dos fórmulas para facilitar estos profesionales: creación de una bolsa de cuidados a domicilio o en lugares públicos con “garantías de dignidad laboral”. De acuerdo con la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, de este modo se inaugura “una nueva política pública” que hace por primera vez al Estado corresponsable de los cuidados de menores. Vera ha subrayado que, en este primer año, lo más importante es que esos cuidados comiencen a prestarse de forma urgente, dadas las dificultades de conciliación derivadas de la pandemia.

Según Graciela Malgesini la filosofía subyacente del plan se corresponde con la que viene defendiendo EAPN España en numerosos documentos, estudios y propuestas de políticas, en los que destacan la necesidad de incrementar los fondos públicos dirigidos a la protección de las familias, especialmente de las vulnerables, y la urgencia de atender a la situación especialmente difícil que sufren los hogares monoparentales: casi la mitad están en riesgo de pobreza y exclusión social según el Informe AROPE sobre el estado de la pobreza en España. Sin embargo, a Graciela Malgesini le preocupan los criterios con los cuales se producirá el reparto de fondos (los criterios expuestos parecen ser eminentemente demográficos/geográficos), ya que no aluden a la tasa AROPE o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, por lo que EAPN reclama que se revise este aspecto.

Aunque el plan puede beneficiar a los hogares monoparentales, la realidad es que este es un plan que no está dirigido solamente a este tipo de hogares. Por eso desde EAPN se demanda que existan criterios homogéneos para acceder a estas bolsas de cuidados a domicilios, con independencia del territorio. “Actualmente existen comunidades que tienen muy avanzada la definición de diversidad familiar y cuentan con políticas ya establecidas, mientras que hay otras que no han trabajado en este aspecto, o lo han hecho de manera parcial, sin contemplar -por ejemplo- una definición legal de la monoparentalidad”, señala Malgesini.

Plataformas como FAMS y EAPN España llevan tiempo defendiendo la necesidad de contar con una Ley Estatal de Familias Monoparentales que les permita avanzar en derechos de la infancia y de igualdad de oportunidades proporcionando apoyo y protección a este modelo familiar y evitando, según Carmen Flores, “las múltiples discriminaciones que existen hoy en día”. Entre los cambios que solicitan está la reforma fiscal, la equiparación de los permisos por nacimiento, lactancia y cuidados por enfermedad, la garantía de acceso a la vivienda, empleo o educación y la reforma de los requisitos de acceso a los servicios públicos y a los diferentes sistemas de protección que incluyan la especificidad de estas familias.

Carmen Flores es prudente a la hora de valorar el impacto del plan en las familias monomarentales, ya que cree que se debe analizar a fondo para saber si realmente será eficaz. “Muchas veces se tienen buenas intenciones, pero no se tiene en cuenta la realidad monomarental, y a la hora de acceder a los recursos hablan de hogares o unidades de convivencia (personas que viven en una misma vivienda) y se olvidan de lo que realmente son estas familias, como es el caso de aquellas más vulnerables que por su situación económica se ven abocadas a convivir con otras personas y compartir vivienda o alquilar habitaciones para poder sobrevivir”, explica.

Marta Seiz, por su parte, ve una mejora la creación de una red pública de cuidados porque considera que todas las medidas que pongan los cuidados en valor y en el centro en nuestra sociedad son fundamentales: “Los cuidados, desde nuestro primer día en este mundo hasta el último, son una parte esencial de la vida e indispensables para garantizar los derechos de las personas y el buen funcionamiento de la sociedad”. Para Seiz, si el Plan Corresponsables se hace progresivamente extensivo a todos los grupos de población que lo necesiten – incluyendo familias biparentales con menores u hogares con otras necesidades de cuidado – puede tener un impacto muy importante en este sentido. Reconoce también la doctora en Ciencias Políticas y Sociales que, si bien la corresponsabilidad en los cuidados en el ámbito público es un paso muy importante, no podemos olvidar la necesidad de continuar fomentando la corresponsabilidad dentro de los hogares. “Buena parte de las dificultades de conciliación o para atender correctamente las necesidades de cuidado, así como el impacto desproporcionado que tienen actualmente las mismas sobre la salud y la vulnerabilidad económica de las personas cuidadoras (habitualmente mujeres), se mitigarían de forma considerable si esta corresponsabilidad entre hombres y mujeres fuera una realidad”, concluye.

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